El nuevo regreso desde las sombras de los Ceos que habían sido investidos por el presidente Mauricio Macri como administradores internos del Poder Ejecutivo Nacional, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, dejó otra vez, al igual que en diciembre de 2017, haciendo pucheros al ministro del Interior, Rogelio Frigerio.
Lo descolocaron ante los gobernadores peronistas con los que venía haciendo punta para acomodar las cuentas de 2019: el cordobés Juan Schiaretti y el salteño Juan Manuel Urtubey, quienes al mismo tiempo se vieron compelidos a sobreactuar ante el resto de sus colegas una toma de distancias respecto de la decisión de recortarles fondos mediante decretos de necesidad y urgencia con el cual el gobierno nacional, de hecho, interrumpió las negociaciones para consensuar el borrador de Presupuesto del año que viene.
Urtubey admitió estar en conocimiento de que dejaría de repartirse el llamado fondo sojero, instituido en 2009 por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con el propósito de que el gobierno nacional de entonces pasara por sobre los gobernadores y asignara obras directamente a las intendencias a cambio de sumarse al kirchnerismo. Pero que creía que se pondría en práctica a partir del año próximo y en el marco del Presupuesto que se estaba negociando para su aprobación parlamentaria.
Para los dos millares de municipios, el Fondo Federal Solidario aporta el 30% de las obras que venían ejecutando en forma autónoma sin obligación de reportar a la provincia. Ahora retornarán al molde institucional de las 24 jurisdicciones representadas en el Poder Legislativo Nacional, como antaño, lo cual contribuye a afianzar el poder político de los gobernadores sobre su territorio.
No es que la medida, en general, disguste a los mandatarios, sino la forma en que se hizo. Tal es así que mañana el ministro de Economía de Salta aprovechará la reunión de la comisión federal de impuestos, en la que estarán representadas 11 provincias (Entre Ríos, La Rioja, Chaco, Salta, Córdoba, Formosa, San Juan, Catamarca, Tierra del Fuego, La Pampa y Santa Fe, además de la anfitriona), para intentar fijar una posición común en respuesta a la jugada concebida en la Jefatura de Gabinete que en la práctica los dejó pagando.
De todos modos, no es poco lo que se ahorra con el fondo sojero, que representa el 30% de las retenciones: $8.500 millones este año y $26.500 millones el próximo. Se estima que les afecta a las jurisdicciones 15/20% de la obra pública, o sea un tercio de los $100 mil millones a cortar en 2019.
Las sumas y restas del puenteo no les serían tan adversas a las provincias. Como los reintegros serán por unos $2.700 millones, "el efecto en las arcas provinciales no llega a los $5.700 millones en 2018, y representa menos del 4% de los recursos por sobre el presupuesto (excedente de coparticipación) que están recibiendo las provincias", según consignó Ámbito Financiero, con lo que, en los hechos, el cierre de grifos será menor a los $8.500 millones anunciados por Hacienda.
Destaca en esa línea que "las provincias recibieron por sobre el presupuesto más de $83 mil millones entre enero y julio de 2018" y será de $147.000 millones en todo el año.
En consecuencia, "las medidas tienen un impacto casi nulo respecto de esos valores”. La merma está parcialmente enjugada por la disminución de los reintegros a la exportación a deducir de la coparticipación.
Asimismo, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) estimó que por IVA entran $2.500 millones más este año y 14.500 millones más el que viene, argumento que esgrime el gobierno nacional para no bajar impuestos como figuraba en el consenso fiscal.
El Plan B de los gobernadores
Según trascendió, la postura que analizarán mañana los gobernadores sería que los cambios se apliquen a partir del 1 de enero y consten en el cuerpo legal que se sancione y no como decisión unilateral de la Casa Rosada. Urtubey transmitió sus dudas, en tal sentido, de que el gobierno nacional se ponga a la altura del ajuste que reclama a las provincias.
Marcos Peña salió a aclarar que el apresuramiento en sacar por decreto el paquete del ahorro fiscal por los $65.000 millones no había provenido de indicación alguna del Fondo Monetario Internacional, si bien la medida coincidió con la llegada al país de los auditores del organismo que revisarán el cumplimiento de las metas para liberar el desembolso de US$3.000 millones el 15 de setiembre.
Más bien estuvo dirigido a los inversores institucionales que a los que el gobierno obliga a canjear las Lebacs aunque subiéndoles la tasa al 45% para aventar el riesgo de una corrida el supermartes si se desprendían para pasarse al dólar.
Desde que se firmó el stand by con el FMI, la paridad perforó los $30 y se fugaron US$7.000 millones, porque el mercado sigue dudando que el financiamiento al Tesoro no desemboque en default, posibilidad que el ministro Nicolás Dujovne negó enfáticamente.
El mensaje que el gobierno quiso transmitir a los que, o porque no pudieron o no quisieron, permanecen con tenencias de bonos estatales es que el año que viene habrá $150 mil millones menos a financiar, si es que se consigue hacer bajar el déficit primario al 1,3% del PBI: de los 360 mil millones actuales a 209 mil millones.
En el reparto imaginado por la reaparecida mesa chica económica, a las provincias les tocaría ajustar $100 mil millones en 2019, lo cual asfixia a muchas de ellas. Un cuarto de esa poda dependería de que fueran reducidos los subsidios federales al transporte en todo el país, con epicentro en CABA y Buenos Aires, que actualmente ocupan $50.000 millones.
El problema es que para el ejercicio 2019 faltan unas 85 jornadas hábiles de operaciones en la plaza financiera y cambiaria que implicarían sostener la paridad con reservas y con tasas impagables, un estrés especulativo que contrasta con la depresión de la economía real.
De nuevo, el gobierno se metió en el cepo de una pauta antiinflacionaria incumplible, como la comprometida con el FMI. Bajar subsidios significa aumentar por encima del IPC combustibles, tarifas de servicios públicos y un derrape cambiario de costoso control, todos factores reindexadores y retroalimentadores.
La Administración Macri interpretó que los cuadernos de Centeno le otorgaron un plus de tiempo para aplicar medidas antipopulares, porque de hecho se postergará el inicio de las campañas electorales (¿quién aportaría un peso en el actual contexto?). Es el margen que quieren aprovechar los Ceos de la Jefatura de Gabinete para imponer un ajuste creíble para lo que queda de los mercados.
Y si las jubilaciones, que de por sí son determinantes en el déficit, quedaron por ahora en el tintero es porque la mesa chica descuenta que cualquier acción directa para bajarlas no pasará por la Corte Suprema de Justicia. Habrá que ver cómo terminan las impugnaciones que recibe en los tribunales el cambio de movilidad con el que este año se las ha estado licuando con la inflación.
Por ahora, la plantilla salarial del sector público está adelgazando con incrementos inferiores a los precios y por los despidos, pero no alcanza, y también otro factor importante del gasto, como es el capítulo social, está en la lupa y hasta tuvo un tanteo de avanzada sobre las Asignaciones Universales por Hijo.