Con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, todos los procesados y condenados por delitos de lesa humanidad que hayan estado más de 2 años presos sin condena firme podrán pedir este beneficio. A 41 años del golpe militar, según cifras de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, existían a principios de marzo pasado un total de 2.780 personas imputadas por delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura, de las que 827 fueron condenadas, aunque sólo el 25% de las condenas está firme: una aberración del sistema judicial. La heterogénea UCR, socia de Mauricio Macri en Cambiemos, expresó: "Su enérgica disconformidad con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación" y repudió "el criterio adoptado entendiendo que implica un grave retroceso de una Política de Estado en materia de derechos humanos". Elisa Carrió, mucho más importante que toda la UCR junta, al menos para la opinión pública más influyente del país, decidió permanecer en silencio.

La co-líder de Cambiemos, diputada nacional Elisa Carrió (Coalición Cívica-ARI/Ciudad de Buenos Aires) presentó un proyecto de ley que tiene como objeto eliminar la pensión vitalicia que se otorga hoy a los ex presidentes de la Nación y a ex ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en virtud de la Ley N° 24.018. La iniciativa de Carrió, en verdad, es más que nada un anuncio de campaña que se aprovecha de la mezcla de idealismo e ignorancia de un sector de la clase media argentina que tiene a Carrió como adalid. En la Argentina las leyes no son retroactivas y menos aún cuando afecta derechos adquiridos. Los ex presidentes Carlos Menem, Fernando De la Rúa, Cristina Kirchner, Adolfo Rodríguez Saá y compañía seguirán cobrando sin ponerse colorados. El problema, en todo caso, será de los próximos jubilados. Por ejemplo, Mauricio Macri y Ricardo Lorenzetti, tan odiado por Carrió.