Banco do Brasil no sabe/no contesta

Una decisión de la Comisión de Ética de la Presidencia de Brasil, tomada el martes 17/04, resulta un problema y medio para la actual administración del Banco de Brasil. 

 

El organismo, que investiga desvíos de conducta en la administración pública, decidió archivar, por unanimidad, el caso del ex vicepresidente del Banco de Brasil, Allan Toledo. 

 

Con un informe del funcionario Américo Lacombe, la Comisión concluyó en "la falta de pruebas suficientes de conducta contraria a los dictámenes de conducta de la alta administración federal". 

 

Toledo fue acusado en el diario Folha de S. Pablo, el 29/02/2012 (y Urgente24 lo reprodujo), de recibir en su cuenta bancaria depósitos de dudosa procedencia, por casi R$ 1 millón (US$ 532.736). 

 

La web Brasil247 señaló, en esa oportunidad, que la única brecha ilegal en todo el caso provenía de la ruptura de la confidencialidad bancaria del ejecutivo en que había incurrido Banco do Brasil.

 

También, que los depósitos estaban relacionados con la venta, en enero de 2011, del inmueble de una jubilada llamado Liu Mara Zerey, a quien también le rompió su secreto el Banco de Brasil. 

 

Liu Mara tenía cáncer avanzado y Allan Toledo era su único heredero. La casa se vendió a valor de mercado y el dinero apuntaba a pagar el tratamiento oncológico de la jubilada.

 

En teoría, la actual administración del Banco de Brasil debería celebrar la decisión de la Comisión de Ética de la Presidencia de la República, por probar que uno de los vicepresidentes más importantes del banco no se había metido en ilegalidades. 

 

Sin embargo, sucede que, en medio de una disputa alocada por el poder doméstico en la institución, la conducción del Banco do Brasil hizo todo lo posible para arruinar la carrera de su propio ex vicepresidente, quien ingresó al banco como cadete y sirvió a la institución durante 30 años hasta alcanzar la conducción del área de Legales. 

 

Detalle: Toledo, quien era el vicepresidente a cargo de la dirección jurídica del Banco do Brasil, había dejado ya el banco de una manera amistosa, el BB le había pagado toda la indemnización correspondiente y él estaba listo para asumir un cargo importante en el sector privado. 

 

Pero Toledo fue atacado porque personas del banco, vinculadas al vicepresidente Ricardo Oliveira, trató de atribuirle la autoría de un artículo publicado en la revista Época, que cuestionaba la compra del Banco Postal que había realizado el BB.

 

Una vez que Allan Toledo y Liu Mara Zerey tuvieron sus datos bancarios expuestos en el diario Folha de S. Pablo, el Ejecutivo tomó 2 medidas:

 

> remitió el caso a la Comisión de Ética, en el proceso ahora archivado, y 

 

> abrió una investigación en el BB para determinar cómo fue que ocurrió la violación del secreto bancario. 

 

La presidente Dilma había tomado la decisión de despedir al vicepresidente Ricardo Oliveira, pero hace 1 semana, él escapó de la decapitación cuando, en la reunión del Consejo de Administración, representantes del banco argumentaron que la auditoría interna concluyó en que no hubo ruptura de confidencialidad. 

 

Increíble lo que está ocurriendo en el BB porque los datos de 2 clientes fueron exhibidos públicamente en la prensa, sin autorización legal. 

 

Banco de Brasil se ha negado a ofrecer el resultado de la auditoría interna y también a publicar una declaración oficial sobre el caso. 

 

El caso, sin embargo, no está limitado a las fronteras de BB. 

 

Tanto Allan Toledo como Liu Mara Zerey reclamaron ante la Fiscalía General por la necesidad de que se investigara la violación de la confidencialidad. 

 

Los abogados José Roberto y Guilherme Batochio recibieron, inclusive, información interna del banco indicando los nombres de los empleados que habrían accedido a las cuentas y que serían de la vicepresidencia de Seguridad del Banco de Brasil, un área que debería cuidar la privacidad del cliente.

 

De acuerdo a una auditoría informal de BB, no documentada, los accesos a las cuentas fueron realizados por funcionarios del área mencionada. Pero tampoco sería totalmente cierto.

 

El inmueble fue vendido en enero de 2011, sin que se hiciera alguna comunicación al COAF, órgano del Ministerio de Finanzas que investiga el lavado de dinero. El acceso a las cuentas bancarias ocurrieron más de 1 año después, sólo porque había una guerra de poder entre el BB y la Previ, el poderoso fondo de pensiones de los empleados del BB.

 

En el centro de la escena se encontraba el vicepresidente del BB, Ricardo Oliveira, responsable operativo del banco, quien hoy día todavía goza del apoyo de líderes del PT (Partido dos Trabalhadores), como el secretario general de la Presidencia, Gilberto Carvalho; y el diputado Paulo Teixeira. 

 

Por eso, hay posibilidades de, en el peor de los casos, Oliveira sea desplazado a Vale Visa, una subsidiaria del BB.

 

Además del proceso judicial, Toledo también está estudiando comenzar una demanda por daños y perjuicios contra el BB, al que sirvió durante 30 años.