Tras las primeras elecciones populares directas del Poder Judicial en México, el partido Morena, liderado por la actual presidenta Claudia Sheinbaum, se perfila para obtener el control total de la Suprema Corte de Justicia. Además, un dirigente indígena ha sido el más votado para presidir el máximo tribunal del país.
ELECCIÓN DIRECTA
Oficialismo de México controlará la Corte Suprema: un indígena como Supremo
La 1ra elección popular directa de jueces en México ha coronado de gloria al oficialismo y a un dirigente indígena, quien se perfila como presidente de la Corte Suprema.
La gran mayoría de los nueve magistrados que encabezan los resultados pertenecen al partido gobernante o comparten una clara afinidad ideológica con el oficialismo. Esto implica que el gobierno de Claudia Sheinbaum controlará casi por completo la Suprema Corte de Justicia, como resultado de la decisión ciudadana expresada en las elecciones del domingo, en las que, por primera vez en la historia del país, se eligió directamente a magistrados y jueces.
Con casi el 88% de las actas computadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), el dirigente indígena Hugo Aguilar, contra todo pronóstico, se perfila como el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia, por decisión directa del pueblo.
"Nos da mucho gusto, no había habido representación de un indígena, de una persona de pueblos originarios desde (Benito) Juárez", dijo este martes la presidenta, Claudia Sheinbaum. "Es un cambio muy importante", agregó, aunque luego dijo que el INE tiene que evaluar "quién va a ser porque en la Constitución v iene también una parte de preferencia para las mujeres".
A Aguilar le siguen tres magistradas nombradas durante la administración de Andrés Manuel López Obrador (2018–2024), quienes decidieron postularse en esta primera elección popular directa del Poder Judicial para obtener su cargo mediante el voto ciudadano.
El domingo, por primera vez en la historia de México, sus ciudadanos acudieron a las urnas para elegir de manera directa a casi 3 mil jueces, magistrados y ministros de la Corte Suprema, entre los que están un candidato a juez acusado de abuso y la abogada del narcotraficante "El Chapo" Guzmán.
La inédita elección popular del Poder Judicial ocurrió este domingo 1 de junio, pese a tres años de debates y voces encontradas entre quienes apoyaban esta votación directa de jueces y magistrados, y aquellos detractores que aún sostienen que, de esta forma, el narcotráfico podría haber metido sus narices postulando sus candidatos.
Los polémicos candidatos: un juez acusado de abuso, el "fiscal del terror" y la abogada del Chapo
Silvia Delgado, una de las actuales candidatas a jueza en México que no tiene experiencia como magistrada, formó parte en 2016 de la defensa legal del temido capo narco Joaquín "El Chapo" Guzmán.
La aspirante a jueza penal para el estado de Chihuahua ha defendido, en más de una oportunidad, con uñas y dientes al capo narco que cumple condena en Estados Unidos. De hecho, en un documental realizado por la cadena alemana DW sobre los abogados de los cárteles de la droga en México y Colombia, Delgado asegura que la condena “fue una farsa”, pese al tendal de pruebas del derramamiento de sangre y de todos los crímenes que lideró el capo.
Pero ella no sería la única aspirante al Poder Judicial con un historial controvertido o con nexos con el crimen organizado, ya que, en las últimas semanas, según filtró la organización civil Defensorxs –que ha venido localizando candidatos no aptos para ocupar un escaño público– otros magistrados o jueces que podrían coronarse de gloria tras la elección popular están manchados de sangre o de escándalos.
Ese es el caso de Francisco Herrera Franco, candidato a juez en materia penal en Michoacán, quien fue fiscal regional de Estado y fue señalado por vínculos con el asesinato de dos periodistas del portal Monitor Michoacán: Roberto Toledo, en enero de 2022, y Armando Linares, director del medio, dos meses después.
Tales periodistas acribillados por el crimen organizado habían estado recibiendo amenazas de muerte por sus investigaciones sobre la corrupción del fiscal Herrera Franco
En ese sentido, un comunicado conjunto firmado por ocho organizaciones, entre ellas Artículo 19, denuncian que Herrera Franco, apodado el “fiscal del terror”, cuenta con un historial de “violaciones a derechos humanos, cooptación institucional y presunto pacto con grupos criminales”.
Esto último salió a la luz tras la filtración de una grabación en la que se lo escucha colaborando con un líder del crimen organizado en el oriente del Estado, Edwin Rivera Padilla, conocido como El Barbas.
Del mismo modo, en un vídeo difundido en Facebook y recogido por la prensa en 2021, un representante de las poblaciones mazahuas (pueblo originario) lo acusó de presionar a su comunidad para integrarse en uno de los cárteles que operan en la zona de Michoacán.
“Acabamos de enterarnos de que está del lado de un cártel, y que llega a instruir a nuestro pueblo a que se integre a un bando. Señor fiscal, asuma su responsabilidad como funcionario”, le increpa, y luego advierte: “Espero que no por haber hablado aquí nos pase lo que les pasó a los de Ayotzinapa. Ya no puede uno hablar, porque luego el funcionario que lo debe cuidar a uno es el que lo manda desaparecer. En su cara se lo decimos: si no va a trabajar, renuncie”.
Por todo este prontuario, las organizaciones civiles exigieron a viva voz al INE y al Tribunal Electoral que revisaran su candidatura, y pidieron a la Fiscalía federal y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que lo investiguen por los asesinatos de los dos periodistas. Sin embargo, no fue retirado de la boleta y aún puede convertirse en juez del estado.
“Estamos no solo molestos, sino preocupados por el trabajo que estamos haciendo. Las autoridades no lo hicieron y ahora nos pasan este trabajo y nos ponen en riesgo”, lamenta Miguel Meza, fundador de Defensorxs.
Pero además de los jueces involucrados con el narcotráfico, hay al menos dos que están acusados de abuso sexual. Se trata de Francisco Martín Hernández Zaragoza, actual candidato a magistrado de circuito en materia penal en Jalisco, quien fue destituido en 2015 como juez penal del estado por una denuncia de abuso y acoso sexual presentada en 2013 por una trabajadora del Poder Judicial.
Lo mismo ocurre con Edgar Rodríguez Beiza, también candidato —como Hernández Zaragoza— a magistrado penal en Jalisco, quien fue acusado de abuso sexual en 2017 por una alumna del Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y Criminológicas.
A Francisco Martín Hernández Zaragoza lo removieron del puesto por abusador, pero ahora puede volver a ostentar el cargo de juez por las elecciones del domingo. Algo parecido ocurre con Edgar Rodríguez Beiza, ya que en 2019 la víctima le otorgó un perdón que cerró la carpeta judicial.
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