Otra jornada de insurrección popular estremeció este lunes a La Paz, la capital de Bolivia. Una multitudinaria movilización integrada por diversos líderes sindicales, obreros, rurales, mineros, maestros, miembros de las comunidades originarias y otros actores de la sociedad civil, se enfrentaron a la Policía con palazos, piedras y hasta con dinamita, mientras eran reprimidos a mansalva con gases lacrimógenos, bajo un trasfondo de creciente descontento social, usufructuado por el exmandatario Evo Morales.
LA PAZ EN INSURRECCIÓN
Bolivia quiere que ruede la cabeza de Rodrigo Paz: Violentas protestas vitorean un cambio
Estallido social en Bolivia, en medio del desabastecimiento y con Evo Morales arengando para que caiga Rodrigo Paz: las calles piden que se vaya el actual presidente y se reportan tiros, fuego y linchamiento.
Bolivia, en crisis y bajo una insurrección popular.
FOTO: AFPCon palos, explosivos y piedras, los manifestantes intentaron ingresar ayer a la Plaza de Armas, donde se halla el Palacio de Gobierno, mientras la multitud congregada clamaba para que caiga el presidente centroderechista Rodrigo Paz, cuya política de “motosierra” ha activado esta rebelión popular en las calles, además del hecho de que, según sectores sindicales que lideran los bloqueos desde hace dos semanas, ha hecho oídos sordos a los reclamos por el desabastecimiento de combustible, la falta de dólares y la inflación.
Medios locales informaron que los manifestantes estuvieron enfrentándose con la policía durante más de dos horas, en una batalla campal que incluyó gases lacrimógenos, petardos, lanzamiento de piedras y barricadas por parte de los que protestaban, y gases lacrimógenos y palazos por parte de las fuerzas policiales, lo que generó una escalada de violencia y provocó una densa nube blanca que obligó a cientos de personas a escapar entre gritos y empujones.
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Ante el estallido en las calles, el alcalde de la ciudad de La Paz, César Dockweiler, pidió instalar una mesa de diálogo entre el gobierno y los sectores movilizados, con la mediación de la Iglesia y organismos internacionales. “Por eso solicitamos que puedan sentarse a una mesa de diálogo y convocamos a los organismos internacionales para que puedan ser mediadores. Convocamos también a las iglesias para que actúen como mediadoras”, dijo en una conferencia de prensa Dockweiler, exintegrante del Movimiento al Socialismo (MAS) que integra Evo Morales.
En tanto, la fiscal general del Estado, Roger Mariaca, pidió en las últimas horas la detención del secretario general de la entidad, Mario Argollo, y de otros 24 dirigentes que han convocado a las movilizaciones y están detrás de los bloqueos en rutas claves que afectan al país y empezaron a resultar en el desabastecimiento de los mercados, al considerarlos, junto con el expresidente Evo Morales, parte de una conspiración para voltear al gobierno de Rodrigo Paz.
Las calles de Bolivia, arengadas por Evo, piden que caiga Rodrigo Paz
Desde hace varias semanas en Bolivia, una ola de protestas azota a varias regiones del país y a la capital, activada definitivamente por reclamos de mejoras salariales, por comunidades originarias que piden que una ley latifundista no entre en vigor y en contra del ajuste que lleva adelante el Gobierno, el cual administra el país desde hace tan solo 6 meses. También, el caso de la nafta adulterada escaló hasta desatar los bloqueos y que los manifestantes vitoreen pidiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Uno de los detonantes de las protestas sociales en Bolivia ha sido el escándalo de la gasolina adulterada o de baja calidad. La población en general y distintos sectores del transporte reportaron daños mecánicos en miles de vehículos debido a la calidad de la nafta. Más tarde, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) admitió tener problemas en la calidad del combustible, atribuyéndolos a tres factores principales:
- Vacío normativo: El Decreto Supremo 4718 regulaba la calidad en el surtidor pero no en la gasolina base importada, permitiendo la compra de productos intermedios bajo parámetros de producto terminado.
- Sedimentos y corrosión: Debido a la falta de divisas entre 2023 y 2025, los tanques de almacenamiento permanecieron vacíos, generando óxido y gomas que se mezclaron con el combustible al volver a llenarse.
- Presencia de diolefinas: Se detectó este componente y manganeso en el combustible importado, lo que afecta el funcionamiento del motor
Pero antes de que saliera a la luz lo de la nafta adulterada, las protestas sociales y la crispación en las calles ya habían tomado forma, empezando las movilizaciones lideradas por la comunidad originaria de Beni y Pando contra la polémica Ley 1720 “de reconversión de tierras”.
Esta ley mercantiliza la tierra y había sido aprobada hace apenas un mes. Sin embargo, con el crecimiento de estas movilizaciones contra laformade gobernar de Rodrigo Paz —a las que se agregaron otros pueblos originarios, más campesinos, diversos sindicalistas, maestros rurales y estudiantes universitarios—, el Senado boliviano no tuvo otro remedio que el 12 de mayo dictaminar la supuesta abrogación de la norma.
Esta medida no corona de gloria a las comunidades originarias y rurales en su lucha contra la mercantilización de la tierra, sino que incluye disposiciones transitorias que permiten reabrir el tratamiento de la ley en un plazo de 60 días y pretenden que el debate se regionalice y pase a la denominada “comisión agraria”, que representa el pensamiento latifundista y de empresarios.
En tanto, el 6 de mayo, la Federación de Campesinos Túpac Katari instaló bloqueos indefinidos en La Paz, a los que se sumaron la Central Obrera Boliviana (COB), el movimiento indígena Ponchos Rojos y los mineros cooperativistas, cuyos gremio acordó el viernes con el Gobierno de que se retiraría de las manifestaciones.
En paralelo a los bloqueos, militantes del MAS leales a Evo Morales iniciaron una movilización de 190 kilómetros hacia La Paz, en rechazo a la propuesta de modificación parcial de la Constitución Política del Estado planteada por el presidente Rodrigo Paz y para exigir el cese definitivo de la “persecución judicial” contra el líder cocalero.
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