El gobierno de Gabriel Boric volvió a estar en el ojo de la tormenta en medio de la crisis de seguridad. Hay un consenso común en Chile que la administración progresista no puede contener el crimen organizado que aterroriza el país, a pesar de la reforma del código penal, arrestos de miembros del Tren de Aragua y otras medidas que ha tomado.
El ejército de Chile en alerta.
El país sufre una grave crisis de seguridad por la ola de violencia visibilizada en los asesinatos múltiples y masacres. Además, la caída del Subsecretario de Interior del gobierno de Chile y uno de los más altos funcionarios responsables de la seguridad del país, Manuel Monsalve, tras ser acusado de abuso sexual por parte de una mujer que también trabajaba en esa rama ministerial, significó un duro golpe del que Boric aún no se recupera.
Según el Índice Mundial de Seguridad Interna y Policía, Chile está número 58, y Argentina está en el lugar 64.
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Falta de recursos
La ola de homicidios es tan grande en el país que revivió el debate sobre el papel de los militares contra la delincuencia y obligó a reformar el Código Penal. En el último tiempo la inseguridad ha crecido en la región Metropolitana y se han multiplicado los hechos relacionados con el crimen organizado.
En este contexto el Comandante del Ejército de Chile, Javier Iturriaga, alertó por la falta de recursos y aseguró que el Presupuesto 2025 considera financiamiento para solo un 23% de los soldados necesarios para una rama castrensa totalmente operativa, según supo Emol.
“Para los soldados de tropa profesional, hay una planta de 7.000 soldados, que es lo que autoriza la ley, pero solamente se está financiando a 1.600”.
La Comisión Mixta de Presupuestos del Congreso chileno rechazó la asignación de US$ 2.532 millones para las Fuerzas Armadas, parte de la Ley de Presupuestos de 2025, lo que limita la capacidad del ejército, especialmente en un momento en que se debate la posibilidad de desplegarlo en las calles para combatir la ola de violencia.
“Yo solamente lo quiero dejar como constancia para que sepamos todos que se está financiando menos (...) De repente se nos piden tareas extras, estados de excepción, etc, y por supuesto, todo tiene un límite de fuerza. Yo entiendo la realidad del país, pero todos tengamos conciencia de que eso es lo que estamos financiando”, recriminó Iturriaga.
Sin embargo, según supo Mauricio Palazzo de infobae el monto propuesto por el Ejecutivo es un 0,8% superior al del año pasado y abarca las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Debido al rechazo, el Gobierno tendrá que evaluar una nueva propuesta.
El despliegue de las FFAA a las calles requería un Estado de Emergencia en la Región Metropolitana y “ni los militares, ni las fuerzas policiales consideran que esto sea una buena idea”, según el gobierno.
Varios alcaldes reclaman desde hace meses la presencia militar en sus municipios tomados por la violencia incluidos el alcalde de Maipú, Tomás Vonadovic, del Frente Amplio de Boric, la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos; la de San Miguel, Erika Martínez y varias figuras de la oposición.
Algunos medios en Chile también repudiaron la ausencia del ministerio de Defensa en la discusión del presupuesto.
El senador José Miguel Insulza (PS) dijo que la discusión fue sobre "si era suficiente la tropa que teníamos. Pero nadie planteó ahí, ni por casualidad, ni los que estaban de una posición u otra, la posibilidad que no tuviéramos para financiar esa tropa (…) Yo partí de la base que esto estaba enteramente financiado".
Pedro Araya (PPD), presidente de la Comisión de Defensa del Senado, sostuvo que “lo que plantea el general Iturriaga es muy preocupante. Uno quisiera que no existieran problemas para mantener un Ejército completamente operativo, sobre todo cuando estamos discutiendo la participación de efectivos militares como apoyo en las distintas tareas de seguridad pública, donde al día de hoy hay un contingente bastante importante desplegado en la frontera norte y en la macrozona sur. Creo que es urgente entregar el financiamiento adecuado para que el Ejército pueda contar con la dotación de personal necesaria para cumplir con las distintas tareas que se le encomiendan”.
Según una encuesta de Cadem de agosto, (un 37%) apoya que los militares colaboren en tareas de seguridad ciudadana y solamente un (22%) de los consultados piensa que los Carabineros está preparado para enfrentar el crimen organizado.
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