El Gobierno de Estados Unidos, cuyo presidente ha recibido a los hijos de Bolsonaro en la Casa Blanca y ha mantenido fuertes enfrentamientos con la administración de Lula, anunció este martes sanciones contra dos brasileños, tres empresas de San Pablo y una empresa portuguesa, sospechosos de formar parte de un entramado de lavado de dinero al servicio del cártel Primer Comando Capital (PCC), una banda trasnacional originaria del territorio brasileño que se dedica al tráfico de armas, al contrabando, al sicariato y al narcotráfico.
TENSIONES BILATERALES
Estados Unidos sanciona a empresas de Brasil vinculadas al PCC y Lula sentencia: "Nadie es dueño" de LATAM
Estados Unidos sancionó a dos brasileros y empresas vinculadas al cártel Primer Comando Capital (PCC) y Lula da Silva cuestionó la injerencia de Trump en la región: "Nadie es dueño de América del Sur".
Se trata de los brasileños Victor de Oliveira Shimada, radicado en San Pablo, y su secretaria, Stella Nunes Henrique de Oliveira, mientras que entre las empresas afectadas se encuentran las brasileñas Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda, Pixwave Soluciones de Pagamentos Ltda y Wave Construções Inteligentes Ltda, así como la empresa portuguesa Avenidas Flutuantes Unipessoal Lda, que afrontan acusaciones por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. de haber lavado decenas de millones de dólares que el PCC obtuvo en distintas ciudades de Estados Unidos.
La OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros), una agencia vinculada al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, comunicó que adoptó la decisión de sancionar a estas empresas y a estos brasileños, ligados a una red de lavado del cártel PCC, con base en dos órdenes ejecutivas (un tipo de decreto presidencial): la 14059, que tiene como objetivo combatir la producción y proliferación de drogas, y la 13224, que autoriza sanciones contra individuos u organizaciones consideradas terroristas y sus simpatizantes.
“Shimada, radicado en San Pablo, ha sido un vínculo clave entre los operativos del PCC con base en Florida y los traficantes de drogas extranjeros”, divulgó el comunicado de la OFAC que depende del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La agencia estadounidense sostiene que los sospechosos usaron empresas fantasmas de fachada para recibir dinero malhabido de actividades delictivas llevadas a cabo en Estados Unidos y girar esos fondos a miembros del PCC en Brasil, banda que, al igual que el Comando Vermelho (CV), fue designada hace poco como organización terrorista por parte de Washington.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Victor de Oliveira Shimada, radicado en la ciudad paulista, actuó como el principal nexo entre los operadores del PCC en Florida y los narcotraficantes transnacionales, blanqueando más de 30 millones de dólares (156 millones de reales) procedentes de actividades ilícitas en varias ciudades estadounidenses mediante transferencias de criptomonedas.
Lula, desde el Mercosur, reivindica defender la soberanía de LATAM ante Trump: "Nadies es dueño de América del Sur"
Durante su discurso de este martes en la cumbre del Mercosur, celebrada en Asunción, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, defendió la soberanía regional ante los intentos injerencistas de Estados Unidos, así como la negociación de un acuerdo comercial con China.
En ese sentido, el líder de Brasil reivindicó la necesidad de proteger la soberanía de América del Sur y arremetió contra la creciente injerencia extranjera en la región, en una alusión indirecta a la administración Trump.
“Nadie es dueño del mundo, nadie es dueño de América del Sur”, aseveró, y añadió que ningún país ganará más “mediante alineamientos automáticos” o “decisiones excluyentes”.
Sus declaraciones, justamente, ocurren a un mes de que Estados Unidos designara como organizaciones terroristas a los cárteles brasileños PCC (Primeiro Comando da Capital) y CV (Comando Vermelho), una medida que el gobierno de Brasil interpreta como una injerencia de Washington en los asuntos internos del país.
Al designarlas formalmente como terroristas, el gobierno estadounidense está habilitado a congelar los activos financieros de empresas y persona asociadas a las bandas, así como bloquear transacciones y prohibir cualquier tipo de apoyo internacional, con el objetivo de asfixiar económicamente al crimen organizado en el marco de la actual lucha de la administración de Donald Trump contra el flujo internacional de drogas que ingresa a Estados Unidos por la frontera sur.
Sin embargo, esto ha generado preocupación dentro del Gobierno brasileño de Luiz Inácio Lula da Silva que, aunque no lo manifieste públicamente, teme que la administración de Donald Trump pueda llevar a cabo un operativo en el país similar al que realizó en Caracas contra Nicolás Maduro.
De hecho, hace dos meses, en medio de especulaciones de que EE. UU. designaría pronto a bandas de Brasil como narcoterroristas, el canciller de Brasil, Mauro Vieira, advirtió que era un asunto de injerencia “que permitiría que el ejército de EE. UU. invadiera territorio brasileño”.
El canciller indirectamente hizo alusión al caso de Venezuela, donde el 3 de enero el gobierno de EE. UU. lanzó un operativo de captura en suelo venezolano para llevar a Maduro ante un tribunal de Nueva York por supuestos cargos narcocriminales, y no por crímenes de guerra como así lo exige a viva voz la diáspora venezolana.
Es que previamente a que EE. UU. lanzara su operación en Caracas contra Maduro, el Departamento de Estado estadounidense también había designado como Organización Terrorista Extranjera (FTO, siglas en inglés) al denominado Cártel de los Soles, en un intento por legitimar la inminente intervención militar en Venezuela, según algunos analistas.
Además en la lectura de los cargos contra Maduro ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York donde las fuerzas especiales lo trasladaron tras su captura, no había menciones al Cártel de los Soles como una mafia formal.
Al respecto de la omisión de la mención del supuesto cártel venezolano, el Departamento de Justicia estadounidense reconoció que no existía como una organización criminal estructurada con una cúpula fija, como sí es el caso de la otra banda venezolana Tren de Aragua, sino que era un término creado para referirse a un sistema clientelar de corrupción generalizada dentro de la cúpula política y militar de Venezuela.
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