En Brasil también denunciaron a Javier Milei

Tras la denuncia penal presentada en la Argentina contra Javier Milei por su viaje a Brasil, el Partido de los Trabajadores de Lula da Silva presentó una denuncia ante la fiscalía electoral de ese país para que se investigue la visita del mandatario argentino a San Pablo, para apoyar la candidatura de Flávio Bolsonaro.

Según informan los medios brasileros, la Federación Brasil de la Esperanza —integrada por el PT, el PV y el PCdoB— presentó el lunes una denuncia formal ante el fiscal general electoral, Paulo Gonet, solicitando una investigación sobre la participación de Javier Milei en la convención nacional del PL que oficializó la precandidatura del senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) a la Presidencia de la República.

En el escrito sostienen que corresponde abrir una investigación en nombre de la soberanía nacional, la igualdad de oportunidades entre los futuros candidatos y la normalidad del proceso electoral. La presencia de Javier Milei en el acto partidario, remarca la denuncia, “no constituyó un episodio aislado ni una participación meramente accesoria”.

Para el PT, el episodio configura “indicios de injerencia externa indebida ” en el proceso electoral brasileño, previsto para el 4 de octubre. El escrito sostiene, además, que la soberanía nacional “se proyecta directamente sobre la autonomía del proceso democrático interno”, garantizando que la formación de la voluntad popular permanezca “libre de influencias institucionales externas”.

Puntualmente, pide que se esclarezca qué naturaleza jurídica tuvo la visita de Milei, así como también quién pagó el traslado internacional, el hospedaje, los traslados internos, la seguridad y la logística.

Además, solicita que se esclarezca si se usaron fondos públicos argentinos para una agenda de contenido partidario en Brasil, si hubo uso de estructura administrativa o patrimonial del Estado de San Pablo para potenciar un acto electoral y si existió coordinación entre funcionarios brasileños, autoridades extranjeras y el PL para organizar la agenda.

La denuncia pone especial foco en el rastreo del financiamiento: identificar quién costeó el traslado de Milei -ya sea con fondos propios, del Estado Argentino, del Partido Liberal o de terceros- permitirá, sostienen los firmantes, “verificar la regularidad jurídica del costeo a la luz del ordenamiento electoral brasileño”.

El documento deja planteado que si se detectaran irregularidades en el financiamiento, la Procuraduría General de la República podría recurrir a mecanismos de cooperación jurídica internacional, “observando las normas diplomáticas aplicables y los instrumentos internacionales vigentes”.

Fuentes de la Casa Rosada consultadas por el diario La Nación informaron que el viaje de Milei a San Pablo fue costeado íntegramente por el gobierno argentino.

“Fue un viaje oficial a San Pablo. El mismo que hizo Lula a la Argentina cuando fue a ver a Cristina”, compararon esas fuentes, aunque hay que destacar que la situación no es la misma: aquella actividad de Lula en julio de 2025 se dio al margen de una visita a Buenos Aires para participar de una cumbre del Mercosur, y no como el objetivo central del viaje.

El escrito también apunta contra la Orden de Ipiranga -la máxima distinción del gobierno paulista- que el gobernador Tarcísio de Freitas le entregó a Milei horas antes de la convención, y cuestiona si el uso de una ceremonia oficial para potenciar un acto de campaña vulnera los principios de impersonalidad y moralidad administrativa que rigen a la función pública.

Cabe recordar que en dicho acto de lanzamiento de Bolsonaro, Javier Milei había lanzado improperios hacia Lula Da Silva y el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, lo que desató un conflicto diplomático entre ambos países.

No es un dato menor que arriba del escenario acompañaron a Milei el canciller argentino, Pablo Quirno, y el cónsul argentino en San Pablo, Luis Kreckler, algo que en Brasilia se leyó como un respaldo institucional -y no solo personal- al fuerte tono del discurso del presidente argentino.

Tras papelón en Brasil, Javier Milei fue denunciado penalmente

Ayer (27/07), Javier Milei fue denunciado penalmente en la Argentina por presunta "malversación de caudales públicos" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público" por el viaje oficial que realizó a Brasil, dado que tuvo carácter partidario y fue financiado con recursos del Estado.

La denuncia, presentada por los abogados José Magioncalda y Juan Martín Fazio, consigna que el mandatario utilizó “el avión presidencial, la comitiva oficial y fondos del erario público” para asistir a un acto opositor en la República Federativa de Brasil, en apoyo a la candidatura de Flávio Bolsonaro, lo que implicó un desvió recursos públicos de su finalidad específica.

La presentación judicial pone el foco en las declaraciones que Javier Milei realizó durante el acto político en San Pablo. Los denunciantes remarcaron que el Presidente calificó al mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, de “presidiario”, mientras que al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes lo llamó “basura calva”.

Según la presentación realizada por los abogados, esas expresiones fueron pronunciadas “en un acto político opositor” y constituyeron una intervención en asuntos internos del país vecino.

Los abogados sostuvieron que Milei “se pronunció sobre cuestiones de la política interna del país vecino, además de agredir verbalmente al oficialismo brasileño y a un importante magistrado del Poder Judicial”.

Para los denunciantes, esa conducta “desnaturalizó por completo el destino específico de los fondos públicos asignados por la ley de presupuesto para la representación exterior de la República Argentina”.

Agregaron que “los recursos del Estado fueron desviados para satisfacer intereses de una parcialidad política, provocando además un severo perjuicio a las relaciones diplomáticas bilaterales”.

La denuncia también invoca el principio de no injerencia en el derecho internacional. En ese sentido, cita la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Resolución 2625 de la Asamblea General de la ONU para sostener que ningún Estado debe intervenir en los asuntos internos de otro país.

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