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¿Y MARIO ABDO BENÍTEZ?

El intendente no sobrevivió: 2do. magnicidio en Paraguay 

El Narcoestado es un riesgo en Paraguay por la inaccion de Mario Abdo Benítez. José Carlos Acevedo no sobrevivió a los 7 disparos del sicario.

El fallecimiento del intendente de Pedro Juan Caballero (estado Amambay), José Carlos Acevedo, fue confirmado en la noche del sábado 21/05, a las 22:20, tras anunciarse poco antes su muerte cerebral, consecuencia del impacto de 7 balas que le disparó un sicario el martes 17/05. Es el 2do. magnicidio de líderes de Paraguay en 1 mes. Días antes, en Colombia durante su lunes de miel, fue ejecutado el fiscal antimafia, Marcelo Pecci.

El sábado 21/05, pasadas las 18:00, los médicos confirmaron la muerte cerebral del dirigente del opositor Partido Liberal Revolucionario Auténtico (PLRA) cuando se le realizó una tomografía. El desenlace era previsible. Durante 5 días, Acevedo había resistido, en estado crítico, una inflamación cerebral y un paro cardiaco que duró 25 minutos.

El martes 17/05, Acevedo fue víctima de un atentado de sicarios que se movilizaron en un automóvil, que luego ellos incineraron en Colonia Portera Ortiz. Él salía de las oficinas de la Municipalidad, cuando recibió los disparos: 2 en el brazo derecho, 1 en el izquierdo y 4 a la altura del cuello, que exigió una cirugía compleja que duró 3 horas en el hospital privado Viva Vida y durante la cual ocurrió el paro cardíaco.

Su estado de salud era a causa de su hipertensión y un problema cardíaco previo.

Debe recordarse que Haylee Carolina Acevedo Yunis, de 21 años de edad, hija del gobernador de Amambay, Ronald Acevedo, hermano de José Carlos, también perdió la vida en un atentado, el 15/10/2021.

José Carlos Acevedo, hijo de Florencio Acevedo y Teófila Quevedo de Acevedo, llevaba 4 mandatos como líder comunal, desde el 2006 de forma consecutiva, destacándose la ejecución de obras municipales y el aumento en las recaudaciones tributarias sin incrementar las alícuotas.

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José Carlos Acevedo.

José Carlos Acevedo.

El único responsable

Ronald Acevedo, el gobernador del departamento de Amambay, dijo que su hermano fue interceptado por 3 hombres armados en la vía pública, y apuntó al presidente de la República: “Mario Abdo Benítez es el único responsable de todo lo que está ocurriendo en la ciudad”.

Otro hermano, Roberto Acevedo, ex presidente del Congreso de Paraguay en 2016, sobrevivió a otro ataque en 2010, ocasión en la que murieron sus 2 guardaespaldas.

Según las estadísticas policiales, en la 'frontera seca' (que integra Pedro Largo Caballero), en el radio de las dos ciudades fronterizas se registra un promedio de 150 asesinatos por año por asuntos relacionados con el crimen organizado. Y Abdo no ejecutó accines eficaces para modificar esta gravísima situación que persiste en Paraguay.

Preguntado cuál sería el móvil del ataque, el gobernador dijo: “Es porque hacemos bien nuestro trabajo tal como le pasó al fiscal (Marcelo) Pecci”.

Todos miran hacia el Primeiro Comando Capital (PCC), mafia brasilera que hace estragos en la frontera entre ambos países.

Arzobispo Martínez

El arzobispo de Asunción, Adalberto Martínez, reclamó una acción más eficiente contra el delito. Aquí una entrevista del medio Última Hora:

–En su mensaje durante el tedeum, la semana pasada, usted advirtió que “la patria soñada puede convertirse en una pesadilla”. ¿Qué puede implicar esa pesadilla y cuál es la patria soñada que está comprometida hoy?

–En la patria que soñamos y necesitamos, el bien común debe imperar sobre las facciones e intereses de personas o de grupos de poder económico y político. En ella, la paz debe ser fruto de la justicia, de la equidad social, de oportunidades para el desarrollo humano integral de todos sus habitantes. La acción impune del crimen organizado, y sus ramificaciones en sectores de poder económico y político, sobre todo en relación con el narcotráfico y el lavado de dinero, está convirtiendo en pesadilla la patria soñada.

–¿Paraguay está camino a convertirse en un narcoestado o ya reúne las características para ser calificado de ese modo?

–Confío en que estamos a tiempo para evitar que el Estado sea cooptado totalmente por el narcotráfico. En este sentido, es urgente iniciar un proceso de diálogo social tendiente a establecer consensos básicos y una concertación de voluntades de los actores políticos y sociales, que permitan articular medidas para vigilar, minimizar y erradicar la influencia del narcotráfico en las estructuras del Estado. Estamos a tiempo, pero en un punto y momento crítico de la vida nacional. Se necesitan acciones sociales y políticas urgentes para frenar el poder del narcotráfico que inficiona y corrompe a sectores que ocupan cargos de responsabilidad en las instituciones de la República.

–La debilidad de las instituciones democráticas hace que estas sean permeables al crimen organizado. ¿Cómo reencauzarlas y ponerlas al servicio de la República y no de los oscuros poderes fácticos?

–La calidad de la democracia depende de la calidad de los partidos y movimientos políticos, y estos dependen de la calidad moral e intelectual de sus líderes y de la ciudadanía que los apoya. Es una exhortación a todas las personas de buena voluntad, ciudadanos de bien que están llamados a ser parte de una cruzada nacional para el saneamiento moral de la nación. Esta es una tarea urgente e impostergable.

–Ante la corrupción e impunidad, males endémicos del país, ¿qué se puede esperar de instituciones como la Fiscalía y Poder Judicial, que actúan sometidos a sectores políticos poderosos?

–Para responder, me permito retomar algunos puntos de una carta que los obispos del Paraguay dirigimos a los poderes del Estado y al Ministerio Público en agosto del 2012 y que tiene plena vigencia. Entonces habíamos expresado que los informes de organismos internacionales y la percepción de la ciudadanía paraguaya destacan que la corrupción y la impunidad tienen un alto índice que afecta la credibilidad del sistema de justicia. La Corte Suprema de Justicia, sus miembros, individualmente y como cuerpo, tienen el deber ético de mostrar a la ciudadanía que están comprometidos a cumplir con su competencia constitucional o, en caso contrario, someterse voluntariamente al juicio de sus responsabilidades. La Corte debe actuar con firmeza con los jueces corruptos y debe evitar someterse a la fuerza de los grupos de poder o a estructuras mafiosas que frustren el deber de impartir justicia.

–¿Y con respecto al Ministerio Público?

–Los obispos consideramos que requiere una acción decidida y de calidad a favor del bien común. Este órgano debe reflexionar profundamente sobre su actuación en el cumplimiento de sus deberes constitucionales. Existe la percepción de que falta una acción firme y articulada de la propia institución para impulsar la investigación de los grandes escándalos (narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de influencias, entre otros) en las esferas públicas o de grupos de poder del sector privado. Así también, se percibe una gestión deficiente y falta de firmeza en el manejo de las denuncias que se presentan en los despachos fiscales. Esto obliga al Ministerio Público a extremar los recursos para que la ciudadanía perciba su independencia y su libertad de acción efectiva. La corrupción social es un pecado grave. Es urgente que los cristianos que ocupan cargos de responsabilidad en la función pública, en general, y en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, en particular, hagan un profundo examen de conciencia.

–¿Qué tanto está comprometido el tejido social?

–Está muy comprometido. Es alto el nivel de corrupción y de impunidad, por un lado, y la inseguridad amenaza la vida y los bienes de las personas, ya sea por la acción del crimen organizado, ya sea por la acción de la delincuencia común, como fruto de una implosión social causada por la exclusión y la marginalidad. Por ello, repito, es urgente impulsar una cruzada nacional para rehacer el tejido social y moral de la nación con la participación y el compromiso de todas las personas de buena voluntad que quieren trabajar por el bien común.

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