Donald Trump le pide a la Corte Suprema que limite a los jueces de 1ra. instancia

La Administración Donald Trump le pidió a la Corte Suprema de Justicia de USA que permita que las restricciones a la ciudadanía por derecho de nacimiento entren en vigencia parcialmente mientras continúan las batallas legales. En tanto, el juez de distrito estadounidense William Alsup amplió su fallo anterior para exigir ahora al Ejecutivo federal que reincorpore a los empleados en período de prueba despedidos el 13/02 y 14/02 en los departamentos de Asuntos de Veteranos, Agricultura, Defensa, Energía, Interior y Tesoro.

El Ejecutivo estadounidense, tan feroz en sus intentos de cambios, está encontrando un límite en los jueces de 1ra. instancia, aparentemente. Y ahora intenta eludirlos.

Los jueces han utilizado órdenes judiciales a nivel nacional para obstaculizar muchas de las primeras medidas de Trump, desde su intento de poner fin a los programas de 'Diversidad, Equidad e Inclusión' hasta sus recortes a la investigación médica federal.

Pero la procuradora general interina de Trump, Sarah Harris, sugirió que una orden judicial debería aplicarse únicamente en el distrito geográfico donde se encuentra el juez, o únicamente a las personas o grupos específicos que presentaron la demanda.

“Años de experiencia han demostrado que el Poder Ejecutivo no puede desempeñar adecuadamente sus funciones si cualquier juez en cualquier lugar puede prohibir todas las acciones presidenciales en todas partes”, escribió Harris, argumentando que si bien las administraciones de ambos partidos han lamentado la práctica, esta ha alcanzado “proporciones epidémicas” durante el mandato actual de Trump.

Vayamos a la Corte Suprema.

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Corte Suprema de Justicia de USA 2025.

Ciudadanía por nacimiento

Trump hizo un llamado de emergencia a la Corte Suprema en medio de la batalla por la ciudadanía por derecho de nacimiento.

Trump argumenta que, de perder en este tema, podría sufrir una cascada 'efecto dominó' en otros temas controvertidos de su agenda.

En su solicitud de emergencia presentada ante el tribunal superior el jueves 13/03, la Administración Donald Trump pidió a los Supremos que limiten las órdenes judiciales dictadas por los jueces de distrito de Maryland, Massachusetts y Washington, quienes bloquearon la orden que el presidente Donald Trump firmó poco después de comenzar su 2do. mandato.

La orden se encuentra actualmente bloqueada a nivel nacional. 3 tribunales federales de apelaciones han rechazado las peticiones de la Administración, incluyendo el en Massachusetts el martes 11/03.

La orden denegaría la ciudadanía estadounidense a los nacidos después del 19/02 cuyos padres se encuentren en el país sin documentos. También prohíbe a las agencias estadounidenses emitir o aceptar cualquier documento estatal que reconozca la ciudadanía para esos niños.

El reclamo de Trump

Aproximadamente 2 docenas de estados, así como varios individuos y grupos, han demandado contra la orden ejecutiva, que según ellos viola la promesa de la Enmienda 14 de la Constitución de otorgar ciudadanía a cualquier persona nacida dentro de USA.

En febrero, jueces de tribunales inferiores emitieron 15 bloqueos a nivel nacional de medidas de la administración Trump, afirmó Harris, aunque en algunos casos la misma política fue bloqueada por varios jueces. Ese total de un mes supera las 14 medidas cautelares a nivel nacional emitidas contra el gobierno federal en los primeros tres años del mandato del presidente Joe Biden, escribió, citando un estudio de una revista jurídica.

El Departamento de Justicia argumenta que los jueces individuales carecen del poder suficiente para extender al territorio federal sus fallos.

Trump quiere que los jueces permitan que su plan entre en vigor para todos, excepto para el puñado de personas y grupos que demandaron

La procuradora general interina, Sarah Harris, sostuvo en su presentación que la orden ejecutivo de Trump es constitucional porque la cláusula de ciudadanía de la 14ta. enmienda, correctamente leída, “no extiende la ciudadanía universalmente a todos los nacidos en USA”.

Sin embargo, la apelación de emergencia no se enfoca en la validez de la orden ejecutiva de Trump sino que plantea en el alcance de los fallos de jueces federales individuales.

En total, 5 jueces conservadores, la mayoría de la Corte Suprema, han expresado en el pasado su preocupación por los mandatos judiciales de alcance federal o universal.

2 jueces de la Corte Suprema, Clarence Thomas y Neil Gorsuch, han dudado abiertamente de su constitucionalidad.

Pero el tribunal nunca se ha pronunciado sobre el asunto.

La Casa Blanca utilizó un argumento similar durante el 1er. mandato de Trump, en un tema de prohibición de viajes a USA desde varios países de mayoría musulmana.

La Corte Suprema finalmente confirmó la política de Trump, pero no abordó la cuestión de las órdenes judiciales a nivel nacional.

El problema solo ha empeorado, declaró Harris ante el Supremo: "Los tribunales emitieron 15 órdenes que bloqueaban las acciones del gobierno en todo el país solo en febrero, en comparación con 14 órdenes similares en los primeros 3 años del mandato del presidente Joe Biden".

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Clarence Thomas, emblemático magistrado conservador de la Corte Suprema de USA.

Un ejemplo interesante

El juez de distrito estadounidense William Alsup amplió su fallo anterior para exigir ahora al Ejecutivo federal que reincorpore a los empleados en período de prueba despedidos el 13/02 y 14/02 en los departamentos de Asuntos de Veteranos, Agricultura, Defensa, Energía, Interior y Tesoro.

El caso es una de las múltiples demandas pendientes que impugnan los despidos masivos de trabajadores en período de prueba, quienes suelen estar en su primer o segundo año en el cargo. Los despidos son solo una dimensión de un esfuerzo más amplio de la nueva administración Trump para reestructurar la burocracia federal, lo que ha dado lugar a decenas de demandas.

En un comunicado, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que la Administración “contraatacará de inmediato” lo que llamó una orden “absurda e inconstitucional”.

“Un solo juez está intentando arrebatarle inconstitucionalmente al Poder Ejecutivo el poder de contratar y despedir”, dijo Leavitt.

El Departamento del Interior despidió a 2.300 empleados en período de prueba, mientras que el Departamento de Energía supuestamente se deshizo de alrededor de 2.000.

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