Bukele con mandato indefinido: "La Democracia en El Salvador ha muerto"

El principal órgano legislativo salvadoreño ratificó una reforma que permite la reelección indefinida de Bukele, reconocido internacionalmente por su lucha contra las pandillas y por bajar los índices de criminalidad mediante las prórrogas sucesivas del estado de excepción que habilita a detenciones sin procesos penales.

La enmienda constitucional modifica el artículo 80 de la Constitución salvadoreña, eliminando la sanción que suspende los derechos ciudadanos a quienes promuevan la reelección presidencial. También modifica el artículo 152, eliminando la cláusula que prohíbe ser candidato a un expresidente.

La suma del poder público en Bukele

El proyecto de la reforma exprés para una reelección indefinida de Nayib Bukele ha sido ratificado este jueves por la Asamblea Legislativa de El Salvador, en donde el partido del presidente, Nuevas Ideas, domina el hemiciclo. La reforma constitucional enmienda varios artículos de la Constitución salvadoreña, eliminando también la segunda vuelta electoral (balotaje) y ampliando el periodo presidencial a seis años.

Nuevas Ideas, el partido de Bukele que controla el 90% de los escaños, aprobó por 57 votos a favor y tres en contra, una enmienda constitucional que habilita al actual mandatario a perpetuarse en el poder. Una reforma constitucional equiparable a las de los gobiernos norcoreano y venezolano, dos dictaduras.

Al respecto de la reforma constitucional, la diputada opositora Marcela Villatoro, declaró en el pleno del Congreso que a partir de ahora “la democracia en El Salvador ha muerto”.

Villatoro acusó al resto de los políticos de ser cómplices de un golpe certero contra el sistema democrático y dijo que le han concedido la suma del poder público a Bukele.

Hoy algunos aplauden esto. Mañana se arrepentirán Hoy algunos aplauden esto. Mañana se arrepentirán

“Cuando todas las órdenes vienen de una sola persona y todo gira en torno a una sola persona, la democracia deja de existir. Y cuando se pierde la democracia… se tarda años en recuperarla”, advirtió.

El Salvador sin pandillas, pero le llueve una ola de críticas mundiales

Nayib Bukele asumió la presidencia en 2019 sin contar con mayoría en el Congreso, pero poco a poco su partido Nuevas Ideas fue ganando varios escaños, hasta el punto de convertirse en una amplia mayoría. Usufructuando el control total del hemiciclo, el Congreso aprobó su decreto del estado de excepción (27/03/22), que luego sería sucesivamente prorrogado, el cual puso fin a la criminalidad en las calles así como a la libertad de reunión.

Es que el régimen de excepción limita la libertad de asociación y reunión (una especie de estado de sitio), suspende derechos durante un arresto como no proveer un abogado ni informar los motivos de detención, aumenta el plazo de prisión preventiva de 72 horas a 15 días y permite a las autoridades la intervención en las correspondencias y en los celulares sin orden judicial.

Sobre ello, organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights han denunciado que en el régimen de estado de excepción de Bukele abundan las torturas, detenciones arbitrarias y que hay hacinamiento carcelario en El Salvador, como

“Como supuesta medida de castigo contra las pandillas, las autoridades salvadoreñas están cometiendo violaciones generalizadas y flagrantes de derechos humanos, y criminalizando a las personas en situación de pobreza. En lugar de dar una respuesta efectiva a la dramática violencia que generan las pandillas y los retos históricos de seguridad pública que enfrenta el país, están sometiendo al pueblo salvadoreño a una tragedia. Las víctimas de violencia por parte de pandillas merecen justicia de forma urgente, pero ésta sólo se logra con investigaciones robustas y procesos justos que garanticen un debido proceso y una condena efectiva", dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas.

Dicho estado de excepcional prorrogado en más de diez instancias consecutivas, crea un ambiente similar al estado de sitio y propicio para el abuso de poder, al arrestar a sectores vulnerables y con portación de rostro no hegemónico, advierten los organismos. Aunque, el oficialismo salvadoreño plantea que no le ha tenido otra opción para poder erradicar al crimen organizado de las calles.

En ese sentido, según cifras oficiales, en el cual régimen de estado de excepción en El Salvador se ja logrado la captura de 80.000 supuestos pandilleros. Tal como contó Urgente24, la jurisdicción salvadoreña, anteriormente plagada de bandas criminales como la Mara Salvatrucha (MS-13), Barrio 18 Sureños y Barrio 18 Revolucionarios, actualmente posee un bajo índice de criminalidad gracias el ambicioso Plan Territorial de Bukele.

El Plan de Control Territorial salvadoreño, implementado desde 2019, ha diezmado a las organizaciones criminales sobre la base de tres áreas; control de penitenciarias, interrupción del financiamiento del crimen organizado y fortalecimiento de las Fuerzas Armadas.

El Estado no tiene intención de atacar a nadie más que a los pandilleros (Bukele ante Tucker Carlson) El Estado no tiene intención de atacar a nadie más que a los pandilleros (Bukele ante Tucker Carlson)

Se trata de una inversión de 57.2 millones de dólares que ha permitido llevar a cabo dicho plan de seguridad que obligó a las empresas telefónicas a que cortaran las señales en los penales —a fin de evitar extorsiones y actividades ilegales desde la cárcel— además de proveer más armas a la Policía Nacional Civil y otras fuerzas armadas. También se transfirió a 1,624 convictos a distintos centros de detención.

"En un total tenemos 22 000 pandilleros, a los que tenemos sin colchonetas, durmiendo en el suelo, asignados con dos tiempos de comida y en condiciones que ninguno de los pandilleros que están afuera quiere ir a tener adentro. Es importante que sepan que si se tratan de pasar de listos, vamos a bajar de dos tiempos a cero tiempos de comida y veremos cuanto duran", declaró Bukele en un discurso para un acto de graduación militar (05/04/22).

Las acciones por las que se considera a Bukele como un dictador

1. Control de los poderes del Estado

Una de las señales clásicas de autoritarismo es la concentración del poder en una sola persona o grupo.

• Destitución de magistrados y el fiscal general: En mayo de 2021, la Asamblea Legislativa, dominada por el partido de Bukele (Nuevas Ideas), destituyó a todos los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general. Esto fue criticado como un golpe a la independencia judicial.

• Colocación de jueces afines: Luego de la destitución, se nombraron magistrados leales a Bukele, lo que eliminó una de las principales barreras legales a sus decisiones.

2. Uso del ejército y la policía con fines políticos

• En febrero de 2020, Bukele entró con militares armados a la Asamblea Legislativa para presionar a los diputados a aprobar un préstamo para seguridad. Este hecho fue visto como una amenaza militar al Congreso y generó condenas internacionales.

3. Restricción de libertades civiles

• Ataques a la prensa crítica: Se ha acusado a su gobierno de espiar a periodistas (caso Pegasus), acosar a medios independientes y desinformar a través de cuentas falsas y campañas oficiales.

• Control del discurso público: Bukele domina la narrativa desde redes sociales, donde desacredita a opositores, periodistas y organizaciones internacionales.

4. Cambios legales para perpetuarse en el poder

• septiembre de 2021, la nueva Sala de lo Constitucional (puesta por su partido) autorizó la reelección presidencial inmediata, algo antes prohibido. Esto le permitió postularse para un segundo mandato consecutivo, algo que muchos consideran inconstitucional.

5. Régimen de excepción prolongado

• Desde marzo de 2022, El Salvador vive bajo un régimen de excepción, supuestamente para combatir a las pandillas. Ha permitido:

  • Arrestos sin orden judicial.

  • Detenciones arbitrarias (incluso de personas sin vínculos con pandillas).

  • Restricciones a la libertad de reunión y expresión.

• Aunque ha reducido significativamente la violencia, ha sido criticado por violaciones sistemáticas de derechos humanos.

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