EXCLUSIVO 24

ARGENTINA 2020

Nace el modelo AF: Cuarentena política y económica, con predominio estatal

Probablemente, la cuarentena le permitió al Gobierno definir su plan de gestión ya que, tal como se sabe, quienes triunfan en un comicio casi nunca saben qué harán con precisión, de acuerdo a una costumbre tan argentina como el asado o el arroz con leche. A los pocos meses de asumir el gobierno, el presidente Alberto Fernández ha comenzado a definir el rumbo del país para los próximos años, o por lo menos el que avizora. La larga reclusión que ha impuesto por el COVID-19 le permitió avanzar en la construcción de un modelo de poder basado en la instalación de una cuarentena económica y política con predominio de Estado, que probablemente buscará prolongar mientras dure su mandato, o hasta que resulte sustentable.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Calibar). Este modelo se basa en la incorporación del Estado en las empresas y las familias a través de múltiples formas de intervención y apropiación, ampliando la espera de lo público y reduciendo al mínimo el ámbito de lo privado y su autonomía relativa.

La clave no está en que hoy casi todos somos deudores de un gobierno que con plata del Estado vino a subsidiar el quebranto económico provocado por la prolongada reclusión impuesta por el mismo gobierno. Otros países también lo han hecho, aunque de otras maneras, con encierros más breves y selectivos y con financiamiento genuino.

En nuestro caso la diferencia está en que la administración Fernández aprovechó esta situación para introducir en poco tiempo numerosas regulaciones e intervenciones en la vida de las personas y la actividad privada, que ahora se han vuelto totalmente dependientes de la voluntad y las decisiones públicas. Además, esta situación se ha visto dimensionada por la decisión del gobierno de sustituir la actividad económica por el subsidio directo mediante un aumento de la emisión monetaria sin respaldo. Para completar el cuadro, precios de servicios y de productos, y el mercado laboral, han sido congelados. Son medidas que resultará difícil retrotraer; la historia argentina recuerda que sólo las grandes crisis económicas lograron desactivarlas.

No es cierto que el gobierno no sabe hacia dónde se dirige: tiene un plan político general y lo está llevando adelante aprovechando estas circunstancias. Y le ha resultado hasta ahora exitoso.

La consolidación del modelo Fernández se ha visto favorecido por la desactivación de los principales contrapesos: la administración de Justicia permanece cerrada, y el Congreso que lo estuvo por semanas, exhibe un funcionamiento muy limitado y anómalo; una cuarentena institucional. Asimismo, a la utilización de la “caja” de recursos fiscales como instrumento disciplinador de las provincias, hoy el gobierno le suma la centralización adicional que le otorga el estado de excepción de hecho, resultante de la epidemia.

Los medios de comunicación, preocupados por marcar presuntas diferencias ideológicas entre el Presidente y la vicepresidenta con el propósito de generar un conflicto en la relación, han validado las principales decisiones del gobierno. Algunos, incluso, han sostenido que no se trata del plan de Alberto sino de Cristina, como si esto fuera importante a la hora de evaluar las medidas y sus resultados.

Por el contrario, para la puesta en marcha del plan ha sido clave la cooperación entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. En realidad, el Plan AF presenta en rasgos generales objetivos similares de los últimos años de la gestión de CFK. La diferencia fundamental es que hoy la pandemia se expresa como una “crisis perfecta” ya que involucra cada aspecto de la vida pública, social e individual. Situación de emergencia que sirve para justificar un avance inédito de la dupla gobierno/Estado en lo que va del retorno de la democracia.

A su vez, la opinión pública, atemorizada por el virus, legitimó la protección del Estado sin discriminar sus características y efectos sobre el futuro del país.

El apoyo popular a que el Estado se haga cargo de todo es un hecho relevante, y que funciona como ancla central de este modelo. Las encuestas están marcando un evento novedoso y trascendental: la valoración positiva del gobierno supera el 70% a pesar de que la expectativa económica negativa también llega al 70%.

Esto explicaría porqué el gobierno prefiere mantener la protección del Estado, y por lo tanto la reclusión y el control sobre las personas y las empresas hasta cuando sea posible, y que haya optado por seguir financiando todo antes que implementar un plan de reapertura económica junto con un control inteligente del virus, como lo están haciendo los demás países.

El apoyo popular que recibe el gobierno también encuentra explicación en la estructura económica y social del país. Casi dos tercios de la población mantuvo el mismo nivel de ingreso que le provee el Estado a pesar de no estar trabajando: empleados públicos, jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales. Es razonable que estos grupos se sientan protegidos por el gobierno y lo apoyen. Mientras que algo más de un tercio de los argentinos que trabaja en la economía formal (industria, comercio y servicios) ha sido afectado por el cierre de la actividad; una parte perdió sus ingresos, y otra vio disminuido su salario con el aval del gobierno.

Para que el gobierno mantenga el apoyo público a pesar de la inevitable reapertura, buscará apelar a las herramientas de intervención que ha creado y desplegado en estos meses, y tratará de seguir “protegiendo” a los argentinos con subsidios directos a pesar del creciente e insostenible desfinanciamiento del Estado.

Este modelo se basa y depende, sustancialmente, de la incorporación de amplios sectores de la población bajo la “protección estatal”, de tal manera de canjear subsidio público por apoyo electoral. Esto solo puede hacerse a través del empobrecimiento de las franjas medias -empleados privados formales, comerciantes, etc.- y la consiguiente pérdida de autonomía relativa ante la necesidad de que el Estado -como respuesta a la crisis del COVID-19- se haga cargo de ellos. El gobierno podrá decir que haber logrado más pobreza no fue parte de su plan político y electoral, sino el resultado de la pandemia económica por el coronavirus.

En la misma dirección, el gobierno ha desplegado un exitoso discurso épico para sostener su modelo, contraponiendo vida con economía. Es un alegato que seguirá utilizando cuando haya que justificar los desbordes: dirá que optó por proteger a los argentinos. El gobierno busca así terminar con la Grieta, pero por reducción o inanición de los que revistan del otro lado de ella. Para las eventuales protesta, la dicotomía “Nosotros somos la vida, Ustedes son la muerte” se seguirá materializando en la utilización del miedo como antídoto eficaz de la bronca.

El escenario emergente anuncia una cuarentena económica prolongada: un país más cerrado al mundo, con escasa inversión productiva, con actividad privada menguante y determinada por un sinnúmero de regulaciones, con congelamiento y control de precios, con fuerte intervención del Estado a través de la acumulación de normas, con una explosión de subsidios públicos con fondos provenientes de una creciente emisión monetaria sin respaldo, con mayor déficits primario y de la balanza de pagos, con achicamiento del comercio exterior y con transferencia compulsiva de ingresos entre sectores.

La reciente intervención de la empresa Vicentín con el propósito de expropiarla es un botón de muestra del modelo que busca implementar el gobierno. El gobierno decidió tomar el control, a pesar de que no puede hacerlo. La empresa está en concurso, es decir, bajo control judicial, y es la Justicia y no el presidente de la Nación quien tiene la facultad de intervenirla. Tampoco se trata de una empresa que brinda un servicio estratégico o imprescindible, como las de electricidad, telefonía o gas, que justifique su nacionalización. No es una compañía que tiene una posición monopólica o dominante en su mercado. Que el Estado Nacional sea su principal acreedor a través del Banco de la Nación, o que esté concursada, tampoco permite legalizar semejante decisión, caso contrario habría que preguntarse si el gobierno también nacionalizará a las demás compañías deudoras de la banca pública o que están en concurso preventivo.

La apropiación de Vicentín encierra otras claves del modelo AF. Su decisión busca avanzar en la construcción del perfil del nuevo gobierno en línea con las exigencias ideológicas del kirchnerismo, y promueve el alineamiento político y económico de los empresarios.

También puede interpretarse como una actualización de la recordada Junta Nacional de Granos: el gobierno creyó que no bastaba ya con las regulaciones que había impuesto a ese mercado, ni con la creciente apropiación de buena parte de la renta de sus productos de exportación a través de la aplicación de un valor ficticio del dólar; prefirió meterse en el negocio interviniendo una empresa privada líder.

El presidente Fernández tuvo que aclarar que la intervención de Vicentín fue por decisión propia y no de su vicepresidenta, pero justificó la medida tomando prestada la recordada expresión de “soberanía alimentaria ” con la que Hugo Chávez inició en Venezuela el conocido proceso de estatización y posterior quebrando operativo de decenas de empresas alimenticias.

El intento de intervención de Vicentín es además una señal de aviso para el sector agroindustrial, el más competitivo del país e integrado al mundo. El mensaje del gobierno es claro: la agroindustria deberá contribuir con el modelo AF con los dólares de sus exportaciones, y el gobierno será un jugador principal. También es un anuncio dirigido a los inversores: la caída en la inversión privada será sustituida por la intervención del Estado y los fondos públicos vía emisión. Sin embargo, el mensaje oficial no disipa la duda acerca de la capacidad operativa del Estado para aplicar este modelo, ni mucho menos para financiarlo. Queda por ver si el avance sobre la empresa privada será exitoso o si encontrará resistencia en la opinión pública o en la justicia que obligue al gobierno a dar marcha atrás.

Por otra parte, es posible que el gobierno propicie la configuración controlada de una oposición política funcional, poco competitiva y fragmentada, que gire -sumada- en torno del 35% de los votos, de tal manera de mostrar que nuestro país mantiene el sistema democrático y que su modelo económico y social de control estatal tiene amplio respaldo popular.

El gobierno ha iniciado ese recorrido al tratar de sostener a Mauricio Macri como líder de la oposición. Macri ha sido objeto de numerosas denuncias que anuncian interminables disputas judiciales, que obligarán al ex presidente a mantener una conducción débil de la oposición, aunque sea para protegerse, taponando el surgimiento de un necesario recambio en el liderazgo de la alianza PRO-UCR. Con Horacio Rodríguez Larreta cerca del gobierno por razones circunstanciales, María Eugenia Vidal por ahora ausente, y los gobernadores radicales necesitados del financiamiento del Estado Nacional, el surgimiento de una voz que represente a la oposición y de una opción electoral competitiva enfrenta, por ahora, serias dificultades.

Finalmente, la justicia es otro tópico del modelo AF. Aquí lo que aparece como urgente es la redención judicial de Cristina Kirchner, que permita su rehabilitación política y moral a través de la licuación del poder de los tribunales de Comodoro Py, y el enjuiciamiento de Macri y de otros funcionarios de la administración anterior. Como se sabe, la justicia argentina siempre ha sido permeable a la voluntad del poder de turno. Lo cual no descarta la implementación de futuras reformas en el ámbito judicial así como en el sistema de inteligencia, que busquen la consolidación del modelo AF.

Poco importa si el plan que está modelando Fernández es producto de la planificación previa o una respuesta ante la necesidad. Es posible que sea fruto de sucesivas decisiones sueltas que van en la misma dirección. Tampoco sabemos si el Presidente evalúa su modelo como la mejor opción o si lo considera como lo único que tiene a su alcance para gobernar lo que vendrá como resultado de su aplicación.

Desde el advenimiento de la democracia los ciclos de los gobiernos de extracción justicialista han durado ocho y doce años. Sin embargo, esta vez la crisis le cae de lleno al peronismo, cuando otras veces impactó en las gestiones de signo contrario, una diferencia importante para evaluar si el modelo AF podrá permanecer en equilibrio como pretende su mentor o, por el contrario, será detonado por la realidad.

Pero, como hemos visto, el gobierno de AF ha utilizado a la crisis y la seguirá utilizando para consolidar su modelo. Su duración dependerá -como siempre- de la sustentabilidad que alcance.

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