Nacadie Comercial, de Vicentín, tiene la mitad del dinero por cobrar de Vicentín: ¿...?

En el diario El Litoral, de Santa Fe de la Vera Cruz, Juan Chiummiento afirmó:

"La mitad de los créditos por cobrar que Vicentin informó a la Justicia corresponden a una firma perteneciente al mismo grupo: Nacadie Comercial SA, radicada en Uruguay y sobre la que se están investigando posibles maniobras de evasión. La información, que surge del propio expediente de la convocatoria, suma un interrogante más al complejo entramado societario de la empresa santafesina, un aspecto sobre el que también puso la lupa el gobierno provincial.

Como requisito previo a ingresar en concurso preventivo, la agroexportadora debió revelar cierta información interna. Entre esa documentación ingresada se encontraba el estado del activo y pasivo al 10 de febrero, que fue refrendada por el contador Mario Sandrigo -perteneciente al estudio W. H. Correa y Asociados con fecha 18 de febrero-. 

Así, pudo conocerse que dentro del campo “Créditos por Ventas” (que totaliza $ 4.292.413.623) hay un listado de más de 1.800 deudores. De ese monto, la firma Nacadie Comercial SA explica poco más de la mitad: $ 2.164.681.943,52, un 50,4%. No se detallan mayores precisiones sobre esa operación, pero la simple aparición del dato echa luz sobre el complejo entramado societario de la compañía santafesina, que comunicó en diciembre pasado una situación de “estrés financiero” que le impidió hacer frente a sus compromisos.

Revelaciones

¿Qué se sabe de la principal deudora de la agroexportadora? El estudio jurídico porteño Moyano & Asociados -especializado en casos de insolvencia transnacional con perfil de rastreo y recupero de activos- reveló días atrás que Nacadie Comercial SA es una firma radicada en Uruguay que otorgaba las garantías para los préstamos que Vicentin solicitaba al fondo TriLinc Global Impact Fund. 

Por tratarse de operaciones que operan bajo el régimen de oferta pública en Estados Unidos, estos trámites quedan reflejados en documentos públicos de la Comisión de Bolsa y Valores. Allí se indica que la compañía pertenece al grupo Vicentin. 

Esta relación también figura en otra presentación que hace el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), sobre una maniobra de dumping en biodiesel.

Desde la Provincia

Cuando la agroexportadora solicitó la apertura del concurso preventivo en febrero, nada dijo respecto a esa relación. El viernes pasado, en ocasión de presentarse ante el juez de la convocatoria, la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de Santa Fe advirtió sobre estas maniobras: “(Vicentin) parece controlar muchas más sociedades en las que en apariencia aparece como socia minoritaria”, dice María Victoria Stratta, abogada del organismo.

“Vicentin SAIC es un grupo conformado por más de 20 empresas que controla directa o indirectamente a través de sociedades uruguayas, que ni siquiera menciona en el expediente de su concurso”, plantea Stratta, que ayer presentó un nuevo escrito donde critica en términos muy duros el fallo que repuso al directorio al frente de la compañía.

Nacadie Comercial

Según la información que hizo pública la comisión de seguimiento de la causa Vicentin de la Cámara de Diputados, Nacadie Comercial SA tiene domicilio en Montevideo. Si bien no está disponible la nómina de accionistas y directores, sí pudo conocerse el nombre de su apoderado: Patricio María Coghlan. Esta persona es, a su vez, director, junto a Máximo Padoan, Gustavo Nardelli y Pablo Estrada -entre otros-, de Enav SA, radicada en Mendoza e identificada como integrante del grupo Vicentin por sus propios miembros.

Coghlan, en representación de Nacadie Comercial SA constituyó el 9 de septiembre de 2019 una sociedad en Santa Fe, denominada Nacadie Comercial SA, fijando domicilio en Hipólito Yrigoyen 298 de la ciudad de Reconquista. Allí funciona el frigorífico Friar.

“Según registros oficiales de Uruguay, Nacadie Comercial realizó en los últimos 5 años millonarios envíos de fondos a Nacadie en Panamá (NdR: una sociedad constituída en ese país en 2005); y por eso sospechamos que este conglomerado de empresas off shore fue un vehículo financiero de Vicentin para fugar dinero y ocultar activos”, dijo oportunamente el titular del estudio jurídico Mariano Moyano.  (...)".

Maniobras

En tanto, el diario Página/12, con la firma de Natalí Risso, informó que varios trámites iniciados en el Registro General de la Propiedad del Gobierno de Santa Fe dan cuenta de que, apenas declarado el estado de cesación de pagos, integrantes del directorio, entre los cuales se encuentran Daniel Buyatti (presidente), Roberto Vicentin (director titular), Martín Colombo (director titular) y Bettina Padoan (directora suplente), “comenzaron con febriles movimientos tendientes a la disminución de sus patrimonios personales”, según expresa María Victoria Stratta, la Inspectora General de Personas Jurídicas.

"(...) Durante febrero del 2020, el presidente del directorio de Vicentin inició los trámites para dos certificados de donación, uno de los cuales fue al día siguiente de solicitar la apertura del concurso. Roberto Vicentin, por su parte, realizó siete trámites entre enero y mayo: entre ellos, certificados de desafectación de bien de familia y venta. Martín Colombo efectuó una donación el 27 de enero y un certificado para venta el 14 de febrero. En el informe elaborado por la IGJP asocian estos mecanismos como una maniobra de vaciamiento patrimonial utilizada por los directivos de la empresa, para no tener que solventar con esos bienes “en caso de que tuvieran que dar respuesta ante demandas judiciales”.

La jugada se conoció por una nota dirigida al juez que lleva adelante el concurso de acreedores, Fabián Lorenzini, en respuesta a la resolución emitida durante el mediodía del viernes en la que reasignó las facultades al antiguo directorio de la empresa, a la vez que degradó a los interventores propuestos por el Gobierno Nacional al título de veedores.

“Devuelve la administración a quienes demostraron no estar a la altura de las circunstancias, conduciendo a la empresa a esta situación, ocultando información sobre la conformación del grupo empresario, dándoles tiempo para continuar con el vaciamiento de sus patrimonios personales”, sentencia la nota emitida por el organismo provincial.

“Hago notar que se está agregando información a la contenida en un escrito presentado hace apenas un día hábil. Es que continuamente aparecen datos que corroboran lo allí manifestado e incrementan la gravedad en el proceder de los integrantes del directorio”, afirmó Stratta.

La inspectora había presentado una nota casi en simultáneo a la resolución de Lorenzini del viernes, en la que nombraba algunas de las causas que se investigan por graves delitos denunciados tanto por tribunales del país como extranjeros. Entre ellos el caso Renova, denunciado por PáginaI12 en ediciones anteriores. Estos nuevos datos son específicamente relevantes dado su carácter técnico: son brindados por la IGPJ, una subsecretaría que cuenta con atribuciones para solicitar la intervención judicial en las sociedades cuando hay sospecha de fraude, entre otros casos.

La nota contiene además varias críticas con respecto al accionar de Lorenzini. “La resolución 169 es un conjunto de contradicciones; confunde conceptos jurídicos y contiene valoraciones infundadas” y agrega “que no está a la altura de las circunstancias”.

Entre los diversos argumentos que se pueden leer en el escrito, la inspectora se detiene en el tema de los plazos. Al respecto, cuestiona la rapidez con que el juez resolvió la demanda de la empresa: “Demoró más la promotora en formular el planteo, que el juez en resolverlo”. (...)".