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EL CAMPO NO BAJA LA GUARDIA

Inseguridad + vandalismo vs. “rescate” de la Caja de Pandora…

Mie, 01/07/2020 - 7:14pm
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La relación entre el Gobierno y los productores agropecuarios se encuentra repleta de desconfianza desde antes y en 2020, el Ejecutivo Nacional se encargó de resucitar fantasmas y otros monstruos. Esta situación está muy en la superficie. Por ejemplo:

El mapa del delito de la CRA.
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Las brujas (y brujos) no existen pero... que los hay, los hay.
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CIUDAD DE BUENOS AIRES (Campo 2.0). Mientras crecen los casos de violencia y daños a la propiedad privada en zonas rurales sin que, hasta el momento, se haya escuchado alguna  interpretación oficial de parte de las autoridades sobre semejante tendencia; también se multiplican en igual proporción las versiones de supuestos planes de “rescate” de empresas privadas en problemas por parte del Estado Nacional lo que en algún sentido resulta contradictorio.

“No pueden hacer lo menos, y quieren hacer lo más…”, sería una lectura posible pues, mientras resulta que no hay avances en las gestiones que son obligación y potestad del Estado, como es el cuidado de los ciudadanos y de sus bienes; parece que sí hay avances de parte de algún grupo de funcionarios, en acciones que no son de incumbencia del Poder Ejecutivo, tal el caso de fijaciones de impuestos, o intervenciones y expropiaciones, incursión en el área específica de otros poderes, como el Legislativo o el Judicial, etc.

El malestar y la inquietud se van multiplicando así en forma exponencial en distintas zonas productivas del país, y hasta amenaza con registrar alguna forma de desborde, ya que las versiones sin fundamento proliferan tanto de uno como del otro lado, y no contribuyen, justamente, a tranquilizar los ánimos.

Ante esto, los más sensatos intentan lograr una reacción acorde de parte de los funcionarios, marco en el que se inscribió la reciente reunión de casi medio centenar de entidades de la producción y el comercio agroindustrial con la ministro de Seguridad, Sabina Fréderic.

Ella, aunque no dio mayores precisiones (ni promesas) al respecto, al menos permitió dejar  formal y públicamente sentada la demanda de mayor seguridad y de  la necesidad de avances en la clarificación de los casos denunciados  -ciertos y comprobados- de daños a la propiedad que se vienen registrando a partir de matanzas y robo de hacienda.

Pero más especialmente, con la rotura de silos bolsa, usados no solo para almacenar la cosecha todavía no vendida, sino también para alimentos diferidos del ganado propio, para pasto ensilado, para guardar fertilizantes, etc., y que son causados por gente que, evidentemente, no solo desconoce en absoluto el tema agroindustrial, sino también el daño que estos ataques le causan al país, y hasta al propio gobierno que pierde así posibilidades de exportación, desde el único sector que hoy por hoy permite ingresos genuinos de divisas.

El asunto escala también a nivel de las provincias, primer frontón de reclamo de los productores inquietos, lo que en el caso de Santa Fe ya mereció una fuerte nota al golpeado (tras el caso Vicentín) gobernador Omar Perotti, de parte del movimiento de “autoconvocados” (que funcionan por fuera de las organizaciones formales del campo), exigiéndole directamente la renuncia del ministro de Seguridad santafesino, Marcelo Saín.

El polémico funcionario habría dejado entrever la posibilidad de “daño autoinfligido” por parte de los productores, o que la mercadería de los bolsones “estaría asegurada, por lo que no hay agricultores víctima”, declaraciones que, naturalmente, tuvieron el efecto opuesto al de cerrar la brecha que deberían estar buscando rápidamente, las autoridades de todos los niveles de gobierno (nacional, provincial y municipios), habida cuenta el malhumor ya reinante a causa de la prolongada cuarentena y de la profunda caída económica que sigue registrando el país.

Como si fuera poco, un nuevo incendio en el sur de Córdoba, que se suma a otro anterior en esa provincia, y a algunos focos que comenzaron a registrarse en la zona del Delta, incrementaron  la inquietud y también reflotaron el recuerdo de  situaciones de 2008, cuando se incendiaron  a propósito islas del Delta bonaerense.

Aquello inundó de humo hasta la Ciudad de Buenos Aires, durante el prolongado conflicto de la Resolución 125, acción por la que se intentó culpar a productores del norte bonaerense. El caso formalmente nunca se resolvió, pero trascendidos de aquel momento daban cuenta de acciones de parte  de un grupo de militantes amparados bajo el paraguas de algún intendente de la zona, del aquel oficialismo. 

Lo cierto es que hoy, seca y heladas mediante, a ningún productor se le ocurriría encender un campo, ya que el incendio podría resultar incontrolable, además de terminar con la muy poco comida para la hacienda que hay normalmente en esta época del año.

Así, con la irreparable muerte de un productor tucumano durante un robo, y más de medio centenar de hechos vandálicos debidamente registrados (y denunciados), aunque los casos reales se estarían arrimando al centenar, la inseguridad rural amenazada con transformarse en el gran tema de los próximos días.

Sin embargo, si la falta evidente de avances formales en esta materia llama la atención, mucho más  sorprendió la caja de Pandora que se abrió con el caso Vicentín.

Esto disparó una inmediata lista de empresas que vienen muy jaqueadas económicamente (y desde mucho antes que la aceitera), que se alinearon inmediatamente para ser “rescatadas” por el Gobierno central, mientras la ciudadanía reaccionó en sentido exactamente opuesto: negándose tanto a la intervención del Ejecutivo en propiedad privada, como a su injerencia en las actuaciones de otros poderes como el Judicial, o el Legislativo.

Esto planteado como cuestiones estructurales y de fondo, aunque en la superficie la pregunta fue: “¿con que plata?”.

“Si se le recortan ingresos a los jubilados y no hay ayuda para las empresas impedidas de trabajar por la larguísima cuarentena, ¿con que dinero se puede encarar la expropiación de un empresa?”, peor aún, ni siquiera podría el Estado Nacional intentar una intervención, ya que al menos necesitaría unos U$S 500 millones solo para mantenerla operativa….

Frente a esto, parecerían mucho más fácil de solucionar -y clarificar- las cuestiones de vandalismo y de inseguridad en las zonas rurales, y dejar que las quiebras y convocatorias las resuelvan las autoridades que correspondan, mientras los privados encaran la venta, fusión, absorción, o alguno de los múltiples mecanismos que existen sin poner en juego dineros del erario público que deben destinarse a otras urgencias (que para colmo, no son pocas).