EXCLUSIVO 24

LOS 11 JURISTAS

Falta 1 semana, el Gobierno dice que hay consensos pero otros dicen que las discrepancias son fuertes

Tal como sucedió con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación acerca de los 3 camaristas famosos ya -y que se presentarían al concurso para mantener su condición-, el oficialismo intenta influenciar en el trabajo lanzando versiones y consideraciones que, a la vez, es evidente que no son compartidas por todos en el grupo. Cabe preguntarse quién definirá si los desacuerdos imperan en los temas que importan al Instituto Patria.

El 18/08/2020 se puso en marcha la comisión de 11 juristas convocados por el presidente Alberto Fernández para elevar durante 90 días un conjunto de propuestas y sugerencias para reformar la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público, y cómo implementar el juicio por jurados y traspasar a la Ciudad de Buenos Aires el fuero penal no federal que aún se encuentra en jurisdicción de la Nación.

La fecha de entrega del trabajo fue establecida, entonces, para el 18/11/2020. Faltan 8 días, desde hoy 10/11.

Algunos afirman que la comisión fue consecuencia directa de la ansiedad de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la escasez de resultados positivos en los expedientes judiciales que la comprometen a ella o a su familia.

También resultado de un grave error de apreciación de Alberto Fernández, quien conociendo que su propio arribo a la Casa Rosada (o la Quinta de Olivos, donde se siente más confortable), era consecuencia de aquellas dificultades judiciales -que estimuló Mauricio Macri como estrategia de afirmación en su efímero poder-, insistió en designar en el Ministerio de Justicia a su amiga y ex socia Marcela Losardo, en vez de dejarle a CFK que ubicara a alguien de su confianza. Hubiese resultado una forma de distanciar al Presidente de la Nación de acontecimientos específicos y conflictivos.

Pero Alberto Fernández ubicó a Losardo, quien ni siquiera logró convertirse en interlocutora de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ni del Consejo de la Magistratura de la Nación, y así fue como se llegó a la comisión de 11 juristas que comenzó debilitada en su hora 0.

Sucede que el colectivo designado por Fernández sufrió una tragedia inicial: la apodaron Comisión Beraldi, porque el Presidente ingresó al abogado personal de CFK, Alberto Beraldi. ¿Fue para fortalecer o para debilitar el trabajo del colectivo, más allá de la idoneidad de Beraldi como abogado? Secreto bajo 7 llaves.

Pero si una comisión supuestamente reformadora se llama Beraldi, queda prisionera y hasta condicionada por sospechas, elucubraciones y conspiranoia, etc.

Por lo tanto, la comisión de 11 juristas fue devaluada en un comienzo, pero esto no preocupó a gente del oficialismo que aparece ahora tan interesada en las conclusiones del grupo de trabajo como Horacio Verbitsky, editor de la web El Cohete a la Luna y presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, supuestamente un integrante de la intimidad del Instituto Patria.

Desde el inicio dominó un interrogante: ¿qué sucederá si el consenso le resulta esquivo al grupo de notables que sesionan por zoom los martes y sábados, pero también lo harán este viernes 13?

Por supuesto que esto es muy posible considerando las doctrinas, antecedentes y personalidades de los convocados.

# Claudia Beatriz Sbdar, presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.
# Andrés Gil Domínguez, posdoctor en Derecho y consejero del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
# Carlos Alberto Beraldi, abogado personal de CFK.
# León Carlos Arslanían, ex socio de Beraldi.
# Enrique Bacigalupo, con desempeño extenso en España y Alemania.
# Hilda Kogan, ministra de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires.
# Inés Weinberg de Roca, jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y frustrada procuradora general con Mauricio Macri.
# María del Carmen Battani, presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego.
# Marisa Herrera, investigadora del CONICET.
# Raúl Gustavo Ferreyra, posdoctor de la Facultad de Derecho y conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
# Omar Palermo, juez de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.

La respuesta fue que podría existir un dictamen de mayoría y otro de minoría.

No quedó en claro si podrían existir dictámenes de minorías, en plural. Pero se supone que sí. En una sociedad de gran fragmentación, pese a la Grieta, bien podría existir una variedad de opiniones acerca del futuro del Poder Judicial en la Argentina. Al fin de cuentas, el Derecho es parte de las Ciencias Sociales y no de las Ciencias Exactas.

Ahora bien, ¿cuán válido es un dictamen que no surja del consenso?

Es importante reflexionar acerca de esto, en especial cuando Verbitsky abordó el tema tal como si hubiese una opinión única prevaleciente, realizando una enumeración de propuestas pero tal como si fuesen un núcleo cerrado, y esto es engañoso. Lo mencionado por el operador político del Frente de Todos:

# El incremento de 5 a 9 de sus miembros, sin división en salas.
# La paridad de género en sus integrantes, lo que implicaría la designación de 4 mujeres.
# La creación de un tribunal intermedio dividido en salas que trate los recursos por arbitrariedad (que desde 1909 atoran los despachos de la Corte Suprema) y deje al tribunal superior sólo los debates constitucionales. Esto implicaría desplazar el sistema difuso de control de constitucional por uno concentrado, para lo cual no sería necesario reformar la Constitución.
# La reformulación de la ley 48 que desde 1863 regula las causas que llegan al conocimiento de la Corte.
# La substitución del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que desde 1990 permite a la Corte rechazar un recurso extraordinario sin exponer los motivos, cuya constitucionalidad es discutible porque no cumple con la norma republicana de fundamentar los actos de gobierno.
# La transferencia al Consejo de la Magistratura del presupuesto de la administración de justicia, como marca desde 1994 el artículo 114 de la Constitución, que tanto la Corte de Nazareno como la de Lorenzetti se resistieron a cumplir porque es su principal fuente de poder. Sólo le quedaría la ejecución de su propio presupuesto.
# También debería desprenderse de las facultades disciplinarias sobre los magistrados y olvidarse de los reglamentos relacionados con la organización judicial.
# El traslado a otra ubicación institucional de todos los institutos que la Corte creó para concentrar un poder que constitucionalmente no le corresponde, como la dirección de escuchas telefónicas y el organismo de inteligencia paralelo que le permite el acceso a todas las bases de datos existentes en el país.

Pero la respuesta a Verbitsky desde adentro del grupo de notables, corroborando que hay temas que provocan diferencias, llegó en la pluma de Patricia Blanco en Infobae:

"(...) Algunos de sus integrantes, antes de haber llegado a la comisión, ya habían opinado en libros o entrevistas su idea de ampliar la Corte. Sin embargo, desde el Gobierno apenas se creó la comisión se insistió en que el tema no estaba por ahora en el foco del debate. Lo que el Presidente les pidió puntualmente fue una propuesta sobre “la selección de integrantes, de criterios de diversidad de género y representación federal”. El tema de género y la federalización será una recomendación clave que hagan estos expertos sobre cada uno de los temas que le toque opinar. (...)".

Y la siguiente propuesta, que no debería pasar desapercibida a nadie, comenzando por Verbitsky, también provino de alguien del grupo de notables:

"(...) el texto que elabore la comisión queda a disposición del Presidente para que resuelva qué hacer con ello, no se descarta que el Presidente lo envíe a la Corte Suprema en consulta, para que el máximo tribunal pueda así acercar sus consideraciones. Sería una forma de enmendar la ausencia de invitaciones a la comisión que pensó su reforma".

Porque es cierto que la Corte Suprema fue dejada a un lado en todo el trabajo del grupo y eso no goza de consenso.

Es necesario considerar el contexto en que todo esto sucede: en breve se cumplirá 1 año del mandato de Alberto Fernández y todavía no ha logrado designar al nuevo Procurador General, toda vez que el Frente de Todos ha manifestado su interés en ocupar la vacante que Mauricio Macri no pudo cubrir luego de derribar a la ex fiscal de Cámara del fuero en lo Comercial, Alejandra Gils Carbó.

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