Escuchas ilegales, CIA y corrupción: Peligra ayuda militar de USA a Colombia

Durante los 10 años anteriores había existido un grupo de 12 militares, entre oficiales y suboficiales, involucrados en los más grandes escándalos que han terminado sacudiendo al Ejército Nacional colombiano, encargados de realizar 'el trabajo sucio', las acciones no transparentes, a veces lavando la indumentaria desechable de los superiores de turno. Se los conocía dentro del Ejército como ‘hombres bomba’: por lo que hicieron, por lo que saben, por lo que ocultan, imposibles de tocar porque 'estallarían', con consecuencias terribles para todos.

Un caso notable han sido las escuchas telefónicas ilegales como mecanismo permanente de información de los uniformados.

Según Semana, el 01/08/2013, la Fiscalía ordenó cerrar una de las salas de intercepciones del Ejército, conocida como ‘sala gris‘, sus equipos desmontados y trasladados.

Durante varios años y hasta hace 5 meses la ‘sala gris‘ funcionó en las instalaciones de la central de Inteligencia y Contrainteligencia Militar ubicada en el norte de Bogotá, conocida como CIME. 

La ‘sala gris‘ integró el llamado sistema 'Esperanza', de interceptaciones legales de la Fiscalía General de la Nación (FGN), desde mediados de los años 90 con financiamiento de los gobiernos estadounidense y británico. 

Es un sistema de 18 salas en total, algunas fuera del búnker identificado como CIME.

Por ejemplo, la ‘sala gris‘ del Ejército, institución que no tiene funciones de Policía Judicial para realizar escuchas, que deberían contar la presencia y la supervisión de funcionarios del CTI y fiscales para garantizar la legalidad de las interceptaciones.

La ‘sala gris‘ del Ejército permitió contundentes golpes contra el terrorismo, tales como la eliminación de ‘Alfonso Cano‘ y el ‘Mono Jojoy‘, o acciones de contrainteligencia que permitieron detectar un grupo de militares activos y retirados que trabajaban para el extraditado jefe del cartel del norte del Valle, Diego León Montoya, alias ‘Don Diego‘.   

Pero hubo un momento donde la 'sala gris' se desmadró.

“Ante las versiones que empezamos a tener sobre-irregularidades optamos por cortar por lo sano y desmontar y trasladar la ‘sala gris‘ de inteligencia militar y traerla al búnker, en donde hay posibilidades de tener mayores controles”, explicó eel fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, y afirmó que esa misma decisión se adoptó con otras salas, incluidas 2 que se creían desaparecidas pero aún tenía a 300 funcionarios.

Estafas

La CIME fue inspirado por la CIA. “Todo, absolutamente todo lo que aquí ocurre es de conocimiento de ellos. Ellos saben qué, a quién y por qué se intercepta en la sala. En términos prácticos, ellos eran los verdaderos jefes de esta sala”, le dijo a Semana uno de los militares que allí trabajaron.

Según el medio de comunicación, dicha información fue ratificada por varios de los analistas de la 'sala gris' y funcionarios de la embajada estadounidense. Y la relación de la CIA con la ‘sala gris‘ está documentada bajo la denominación ORA, que es la sigla de Office of Regional Affairs. 

La CIA tenía acceso a información sobre las 440 líneas telefónicas que tenía capacidad de interceptar esa 'sala', y lo hacía en forma ilegal.

De las 440 líneas que tenía autorizadas la sala en octubre 2019 se detectó que más de 100 no tenían los soportes adecuados: no cumplían los protocolos de legalidad. 

Todos dicen que se trata de políticos de izquierda, ONG consideradas sospechosas de estar con la guerrilla y ¿quiénes más?

El 01/08/2013, en forma abrupta, la ‘sala gris‘ fue trasladada al búnker, y el 08/08/2013, el entonces presidente Juan Manuel Santos anunció el cambio de toda la cúpula de las Fuerzas Militares, Ejército y Policía, incluido el general Sergio Mantilla.

En 2014, Semana reveló escuchas ilegales (en el argot colombiano 'chuzadas') a Humberto de la Calle, Sergio Jaramillo y Alejandro Éder en el marco del proceso de paz que se negociaba en La Habana, Cuba. 

Se hacían desde un local de comidas, que era la 'tapadera' de la central de intercepciones del Ejército Nacional, tanto de comunicaciones privadas -algunos de los integrantes del equipo negociador del Gobierno- como públicas.

El nombre clave otorgado por los militares de esa fachada era ‘Andrómeda‘, a cargo de un capitán del batallón de Inteligencia Técnica del Ejército número 1 (Bitec-1).

Unidades similares estaban desplegadas diferentes zonas del país, todas dependientes de la Central de Inteligencia Técnica del Ejército (CITEC), en la Dirección de Inteligencia Militar (DINTE).

La fachada ‘Andrómeda‘ contaba con militares activos y hackers civiles. “Algunos de esos muchachos fueron reclutados en los ‘Campus Parties‘, ferias de tecnología que se hacen anualmente. Otros son hackers conocidos que han ayudado en el pasado”, contó a Semana.com uno de ellos.

La idea de contratar civiles tiene como fin egar cualquier vínculo con la institución. 

Las misiones que se les asignan están bajo el principio de compartimentación. “A uno se le ordena hackear X cuenta de correo. A otro, conseguir las conversaciones de X o Y PIN de BlackBerry y a otro, bajar las conversaciones de WhatsApp. Ellos sólo tienen un pedazo de la película. Pero toda la información llega a los jefes, que son los que reciben la información completa”, confirmó uno de los trabajadores de ‘Andrómeda‘. 

“Lo que allí se hacía era muy sencillo: no se podía hacer control de voces, pero sí control de datos, que son correos, pines, etc. Los blancos eran personas relacionadas con las ONG Piedad y Cepeda. También algunos de los diplomáticos y asistentes. Y periodistas”, reveló uno de los participantes.

Durante más de un año ‘Andrómeda‘ funcionó con normalidad. Sin embargo, todo se aleteró cuando la Central de Inteligencia Militar (CIME) ordenó una retirada porque todo estaba "muy caliente". Ya se había cerrado la sala de intercepciones en la CIME por irregularidades y estaba bajo sospecha la 'Sala Gris'. 

Además, un integrante fue identificado por un proveedor.

Pero ocurrieron otras irregularidades en otras salas ilegales tales como 'La Finca', en las inmediaciones de la Universidad Militar en el norte de Bogotá. Era un sistema que se complementaba con una vivienda en el municipio de Chía, y otras 3 compañías conocidas con los nombres claves de Neiva, Espinal y Villavicencio, cada una con blancos y objetivos diferentes.

'Semana' accedió al relato de varios militares acerca de cómo desviaron millones de pesos de operaciones y cómo adquirieron equipos de monitoreo y escaneo de redes para la defensa nacional, que en algunos casos terminaron utilizados con otros fines. 

Huila, Villavicencio, Neiva y Espinal recibían recursos del Comando Conjunto de Inteligencia (Cconi) pero debían devolver entre el 50% y 80% para lo que se llamaba "el ahorro", que era dinero de los generales.

También aparecieron erogaciones a 'fuentes' inexistentes. Y otras estafas.

En la última semana de julio de 2017,hubo un viaje de 3 integrantes de 'Huila' a Las Vegas (Nevada, USA), para un evento llamado el Defcon, conocido como la mayor reunión de hackers y expertos en informática del mundo.

Ellos adquirieron un programa que denominaron 'duplicidad de identidad', una especie de troyano que les permite controlar con acceso remoto a cualquier computador de una persona considerada 'objetivo'. También compraron una especie de USB que al insertar en un computador evade los controles de seguridad del mismo y lo infecta para obtener su control total. La información de todo lo que teclee el usuario llega al computador de ellos o a servidores en 'la nube' generalmente situados en países de Europa del Este.

También adquirieron varios aparatos conocidos como 'Wifi Pineaple': lo opera puede engañar a los usuarios de una red wifi y hacerles creer que se conectan a las redes de sus casas u oficinas, cuando en verdad lo hacen con otro dispositivo que tiene el mismo nombre de las redes suplantadas y que supervisa, intercepta e incluso modifica el tráfico entrante y saliente. Incluyendo sistemas de mensajería como WhatsApp entre otros. 

Cada una de esos 'Wifi Pineaple' (1 grande y dos pequeñas), costaron entre US$ 50 y US$ 100 pero se facturaron por un monto millonario incrementado por lo que se facturó por el curso de capacitación en el uso de los artefactos ... que nunca se utilizaron para ‘trabajos’ oficiales. 

El senador

El tema tiene actualidad porque el senador estadounidenses Patrick Leahy (Demócrata-Vermont) quiere revisar la asistencia financiera militar de USA a Colombia, entendiendo que parte de esos recursos fueron utilizados para tareas ilegales que modificaron o intentaron modificar el escenario político-militar-judicial.

El Congreso de USA aprobó un paquete de US$ 448 millones para entregar a Colombia a lo largo de 2020.  El monto surgió de la negociación entre las 2 cámaras del legislativo, y es superior en US$ 30 millones a la ayuda que se había autorizado en 2019.

Colombia, a su vez, recibió fondos adicionales para enfrentar la crisis por el masivo éxodo de venezolanos. 

De los US$ 448 millones autorizados para 2020, el Congreso estadounidense exigió que US$ 61 millones se gasten en asistencia para el desarrollo. Otros US$ 146 millones al Fondo para Apoyo Económico (Economic Support Fund), que se utilizan para respaldar programas relacionados al proceso de paz, indígenas, ONG y Fiscalía.

Luego, US$ 180 millones para la lucha contra el narcotráfico; US$ 21 millones para el retiro de minas antipersonales, y US$ 38,5 millones para programas militares. También US$ 1,4 millón para entrenamiento y educación militar.

El monto es muy superior al que solicitó el presidente Donald Trump, quien había pedido US$ 344 millones para Colombia.

“Las denuncias de escuchas ilegales y monitoreo secreto de periodistas y defensores de derechos humanos serán seriamente examinadas al momento de determinar la asistencia militar de Estados Unidos a Colombia. El dinero de los contribuyentes de Estados Unidos nunca debe servir para actividades ilegales, mucho menos para violar derechos de ciudadanos norteamericanos. Si estas denuncias son correctas, sería una grave violación a la confianza (de Estados Unidos), y aquellos involucrados deben ser castigados”, anunció Leahy. 

Leahy es senador desde 1975, el más veterano de la Cámara Alta estadounidense, es miembro del Comité Judicial, y el miembro de mayor rango del Subcomité de Apropiaciones, donde se discute y aprueba cada año la cooperación de ayuda para Colombia.

La “Ley Leahy” restringe la ayuda a fuerzas armadas de otros países cuando están comprometidas en casos de violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, afectó a Colombia en varias ocasiones, tal como en 2000, cuando Leahy frenó el pedido de Bill Clinton de un paquete del Plan Colombia y lo obligó a usar competencias extraordinarias.