Marcela Pagano puso los números que hacen ruido sobre la mesa y Florencia Arietto, en vez de responder, pidió echarla. Sobra cobardía cuando faltan argumentos.
Marcela Pagano puso los números que hacen ruido sobre la mesa y Florencia Arietto, en vez de responder, pidió echarla. Sobra cobardía cuando faltan argumentos. Foto: Urgente24
Marcela Pagano presentó una denuncia explosiva contra el Gobierno de Javier Milei por el supuesto uso de fondos públicos para conseguir votos en el Congreso, y pidió que la Justicia investigue. ¿La respuesta de Florencia Arietto? En vez de intentar dar un buen argumento, salió con la idea de matar al mensajero (remover a Pagano).
Dicen que la mejor defensa es un ataque, pero cuando se trata de una acusación contra un gobierno, quizás responder todo a la ofensiva no sea tan buena idea.
Eso fue justamente lo que pasó con el planteo de Marcela Pagano, quien publicó en su cuenta de X una acusación acompañada por una serie de datos que, según la diputada, reconstruyen un patrón entre determinadas transferencias de fondos y las votaciones que el Gobierno necesitaba ganar en el Congreso.
En un hilo publicado este miércoles 12/08, Pagano sostuvo: "Voy a contarles por qué el Gobierno pudo sacar leyes de manera exprés: Los ‘aliados’ recibieron plata a cambio. Cada voto se pagó a Gobernadores en una maniobra ilegal, inmoral e ilegítima".
La diputada sostiene que el dinero salió de la caja conformada por el impuesto a los combustibles, cuyos recursos tienen una afectación legal vinculada a las obras y al mantenimiento de rutas. Su acusación apunta a que esos fondos fueron distribuidos entre determinadas provincias en ciertos momentos importantes para el oficialismo, utilizando al Banco Nación como intermediario y señalando al ministro de Economía, Luis Caputo, como quien autorizaba los pagos.
El dato que Pagano considera central es el comportamiento temporal de las transferencias. Según su reconstrucción, durante los días de votaciones en el Congreso se liberaron 3,44 veces más pagos que durante el resto del mes, algo que ella interpreta como que los fondos eran liberados después de que los gobernadores garantizaran el acompañamiento de sus legisladores.
La diputada incluso armó lo que denominó la "lista de precios" de cada ley. Para la reforma laboral señaló pagos por $17.139 millones entre el 11 y el 13 de febrero de 2025; para la ley de glaciares, $12.551 millones entre el 8 y el 10 de abril; y para Hojarasca y zonas frías, otros $14.096 millones entre el 19 y el 21 de mayo. La suma de esos tres episodios alcanza los $33.786 millones, equivalente, siempre según los cálculos expuestos por Pagano, al 52,7% de todo lo pagado durante cinco meses.
La lista que presentó también incluye antecedentes de 2024 y 2025: $11.275 millones vinculados a la Ley Bases, $6.596 millones enviados a Santa Cruz 48 horas después del DNU relacionado con el FMI, $7.895 millones destinados a vialidad de Jujuy el mismo día de la votación de Ficha Limpia y $20.983 millones durante la semana de los vetos a jubilados y personas con discapacidad.
Estos datos forman parte de la denuncia y la interpretación de Pagano y deberán ser comprobados documentalmente. Precisamente por eso la diputada pidió que la Justicia obtenga los certificados correspondientes, con fechas de aprobación, fechas de pago y las firmas de quienes autorizaron cada transferencia.
Pagano también puso nombres y números sobre la mesa. Según el hilo, Carlos Sadir, de Jujuy, recibió $11.987 millones a través de una empresa vinculada a la Ruta 34 y el 97,5% de ese monto habría sido cobrado exactamente durante días de votación. En Misiones, señaló $13.493 millones mediante la UTE de la Ruta 105, vinculada al esquema provincial de vialidad.
En Tucumán, la diputada mencionó $2.322 millones destinados a la Dirección de Vialidad provincial y distribuidos en las tres ventanas de votación que analizó. Para Santa Cruz, señaló $2.104 millones y remarcó que habría sido el único pago del año a esa provincia, realizado en la víspera de una votación. En Salta, finalmente, identificó $1.787 millones destinados a vialidad y también concentrados en esos períodos.
Según Pagano, los legisladores que respondían a esos gobernadores acompañaron al Gobierno en las votaciones correspondientes. De ahí salió una de las frases más fuertes del hilo: “No pagan asfalto: pagan manos levantadas”.
La diputada utilizó además el caso de la Ruta 307 de Tucumán, que, según su denuncia, lleva tres años de atraso y tiene menos del 20% de ejecución, mientras los fondos provinciales habrían sido liberados puntualmente alrededor de una sesión legislativa. En paralelo, sostuvo que más de $1 billón de esa caja permanece en plazos fijos, en lugar de transformarse en obras.
Pagano también citó al vocero presidencial Adrián Ravier, quien habría afirmado que parte de esos impuestos “la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal”. La diputada tomó esa frase y la interpretó como una admisión de que los recursos afectados a las rutas estaban siendo utilizados con otro objetivo.
Por estos motivos, Pagano presentó una denuncia penal por administración fraudulenta, cohecho y malversación de caudales públicos, y pidió que se investigue cada transferencia. Además, señaló que se trata de la misma caja relacionada con la causa Vialidad y recordó que el expediente quedó en manos del juez Julián Ercolini, al que le dedicó un cierre irónico: “Ya sabemos cómo termina la historia… me olvidaba le cayó al mismo Juez, Ercolini esperemos que aplique su propio precedente”.
Hasta ahí, la discusión es política, económica y judicial. Pero entonces apareció la senadora Florencia Arietto.
En lugar de responder sobre los $33.786 millones, las fechas de los pagos, el supuesto aumento de 3,44 veces en las transferencias durante las votaciones o la situación de las rutas denunciadas, Arietto publicó: “Habría que analizar seriamente la remoción de la diputada Pagano, afecta gravemente los intereses de la Nación que surgiera problemas de salud del presidente, considerando que ingresó por el partido del Presidente y dice las mismas cosas gravísimas que dice la vicepresidente”.
Es una respuesta bastante particular, porque frente a una denuncia que pide revisar documentos y transferencias, la solución que propone Arietto es discutir la permanencia de la denunciante en su banca. Una especie de “no me gusta lo que dice, entonces saquémosla”, pero con lenguaje institucional para que parezca otra cosa.
Franco Bindi salió a responderle a Arietto con una insinuación sobre personas que supuestamente ingresarían a un hotel junto a ella y su marido, preguntando “qué tan jóvenes son” y deslizando que podrían ser menores. El comentario llevó la discusión directamente al terreno personal y no aportó absolutamente nada para responder la denuncia de Pagano.
De hecho, si la intención era defender al Gobierno, el resultado fue bastante flojo: nadie explicó los números, nadie respondió por las transferencias y nadie aclaró qué pasó con las obras denunciadas.
Mientras Arietto discute si Pagano debería conservar su banca, la pregunta original sigue siendo la de antes: si los fondos del impuesto a los combustibles estaban destinados a rutas, ¿por qué Pagano encuentra una concentración tan marcada de pagos alrededor de las votaciones?
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