El Jefe de la Policía Bonaerense es el comisario general Daniel Alberto García. La Corporación Mercado Central es la sede del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), que depende de la Superintendencia de Fuerzas de Operaciones Especiales, a cargo del comisario general Walter Javier Chiucaloni. El director de los GAD es Christian Geada, quien mencionó que son recursos humanos “altamente capacitados y entrenados”. Además, es jurisdicción de la Comisaría La Matanza Noreste 5to. Sin embargo, su ausencia fue manifiesta y su silencio, muy ruidoso.
IMPUNIDAD = IMPOTENCIA
Mafia & Fresco 2/4: Zona liberada en el Mercado Central
La Policía Bonaerense es la autoridad de seguridad en el predio de la Corporación Mercado Central. Brilla por su ausencia. ¿Qué dice Sergio Berni?
Cuando las autoridades de la Feria Minorista del Mercado Central consiguieron una sentencia judicial favorable a su reclamo porque personas sin documentación probatoria ocupaban espacios de la Feria, nunca consiguieron que la autoridad policial ejecutara la orden judicial.
La Policía de la Provincia de Buenos Aires presente en el predio de la Corporación Mercado Central se negó a ejecutar la sentencia, concediendo impunidad a quienes habían desautorizados en sede judicial. Todo esto sucede a escasa distancia de donde tiene su cuartel central Sergio Berni, el ministro de Seguridad bonaerense.
Quienes ocupaban espacios en forma ilegal promovieron una acción de amparo, rechazada por el magistrado interviniente:
Algo más:
"(...) en lo que atañe a la pretensión de cese de los actos de dependientes de la Corporación que lesionan, menoscaban, perturban o imposibilitan el ejercicio de los derechos de uso de los puestos y locales, como ser amenazas, insultos, exacciones, daños sobre los bienes de los feriantes, a la luz de las numerosas denuncias agregadas al legajo, se advierte que los amparistas han recurrido a la justicia penal. Entonces, es el magistrado a cargo de esa investigación, quien habrá de atender los planteos que los interesados puedan esgrimir porque “ni las demandas de amparo ni las acciones meramente declarativas autorizan a sustituir a los jueces propios de la causa en las decisiones que le incumben” (...)."
Todo esto debería considerarse un fundamento para la intervención policial respalde un fallo judicial. No ocurrió. Desastre: la fuerza de seguridad provoca inseguridad; la fuerza de seguridad habilita algo así como una 'tierra liberada'... en las barbas de Sergio Berni.
La historia
En abril de 2022, desconociendo la autoridad del directorio de la Corporación Mercado Central, un grupo de participantes de la Feria Minorista del Mercado Central, que utilizan espacios sin acreditar su condición / tenencia / alquiler / concesión, acusaron de "actos cuasi delictivos y delictivos" a las autoridades que intentaban ejecutar cambios en el sistema dado de baja.
Lideró la denuncia ante el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín, Secretaría 3, liderados por Daiana Gladis Navas, quien había concurrido ya a la Comisaría Este 8va. (Tapiales, La Matanza).
Una curiosidad: ni la Justicia federal ni la autoridad policial solicitaron a Navas que acreditara su pertenencia a la Feria citada. Esto quiere decir que se le concedió el beneficio de la duda, un concepto muy vidrioso teniendo en cuenta su denuncia contra las autoridades con jurisdicción acreditada en el espacio público.
La única explicación de su presencia, que dieron por verdadera, fue que hacía 20 años trabajaba en esa Feria y su madre, Antonia María Flores, hacía 35 años.
Otra vez hay que recordar el concepto decisivo: una ilegalidad que se mantiene en el tiempo no se convierte en legalidad sino en impunidad.
Lo llamativo de la denuncia de Navas fue que ella afirmó que autoridades del Mercado Central le manifestaron que había
- un cambio en el sistema de organización de la Feria,
- un aumento en el canon pagado y,
- como consecuencia de su negativa, le impidieron armar su stand.
En su denuncia en sede policial, ella reconoció que eran empleados de la Corporación, a quienes se negó a aceptar su mandato porque no tenían una orden judicial ni un papel que así lo ordenara. Pero ¿cuáles eran los documentos habilitantes de Navas para estar dentro de la Feria?
Es más: en otra denuncia, presentada por Celia Bonifaz Serrudo, quien afirmó llevar 8 años en la Feria Minorista, identificó a uno de los interpelantes como un funcionario de la Corporación "encargado de realizar las cobranzas de los puestos en cuestión", por lo que, en definitiva, resulta una rebeldía al reajuste de los cánones de parte de quienes, además, no pueden acreditar su presencia.
Luego sucedió un amparo colectivo que identifica a los demandantes patrocinados por Sergio Mariano Cattaneo:
- Mario Almo Gomilscek
- Eric Matías Gomilscek
- Aylén Macarena Gomilscek
- Andrés Hugo Higa
- Alejandro Oscar Higa
- Angelica Adriana Pietronave
- Hugo Gabriel Zarco
- Miguel Ángel Martínez
- Margarita Beatriz Quispe
- Gladys Daiana Navas
- Adelaida Meneses Flores
- Dalila Fernández Flores
- Celia Serrudo Bonifaz
- Daiana Noemí Anagua
- Luis Alberto Arakaki
- Magda Luz Ríos Champa de Alvarado
- Silvia Marta López
- Mirta Noemí Pinto
- Asunción Amarilla Soria
- Alejandro Claudio Padrón
- Ángel Fabián Aoki
- César Callamullo
- Néstor Facundo Acosta
- Susana Liliana Castellanos
- Miguel Ángel Sánchez.
¿Qué porcentaje es este conjunto del total de feriantes? Menos del 10%. El resto no adhirió.
El escrito afirmó que había una lesión "de manera arbitraria y manifiesta de derechos constitucionales reconocidos de todos los presentantes en particular" (¿cuáles son los derechos lesionados?) y de todos los feriantes de la denominada Feria Minorista del Mercado Central (obvio intento de ampliar la cantidad de quejosos).
Se afirmó que los nuevos valores de canon mensual fueron establecidos en forma "ilegal y arbitraria".
- ¿Acaso esperaban que surgieran de una consulta popular?
- ¿Cuál sería la competencia de las autoridades de la Corporación si no pudieran establecer los valores?
Era obvio que si se había dado de bajo al administrador privado del predio a causa de la escasa retribución al Estado, los valores vigentes hasta entonces no respondían a la estimación de la Corporación.
Entonces, lo que ocurrió fue una situación similar a los estudiantes de enseñanza secundaria de la Ciudad de Buenos Aires que cerraron con candado un colegio porque las autoridades educativas no consensuaban la currícula con los adolescentes: ¿...?
Violencia familiar (sic)
También sucedió un capítulo muy delicado por lo que implica como abuso de lo que se entiende por violencia familia.
Margarita Beatriz Quispe denunció a un funcionario, César Abreu, y otros, como ejecutores de 'violencia familiar', afirmando que no le permitían ingresar al sector de Feria Minorista y Paseo de Compras y, por lo tanto, se ejercía una violencia contra ella.
Un Juzgado de Familia le concedió el beneficio a Quispe y, entonces, fue establecido un perímetro a su favor, lo que resultó en que los funcionarios de la Corporación no podían ingresar a la Feria Minorista: ¡...! Muy bizarro.
¿Quieren saber qué es la impunidad? Ahí hay un caso muy interesante para debatir.
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