El 15/11 Pedro Sánchez será elegido pero estalla Madrid

El disenso se explicita en la redacción que destaca que la "dinámica" de resolución del conflicto será "en términos diferentes a los de la última legislatura".

El PSOE espera que el miércoles 15/11 y el jueves 16/11 en el Congreso, Pedro Sánchez obtenga los votos necesarios para formar gobierno en la monarquía constitucional vigente en España, permaneciendo como Presidente del Gobierno.

El único punto a resolver es el acuerdo con el PNV (Partido Nacionalista Vasco).

“Vamos, paso a paso, escalón a escalón, pero ya estamos muy cerca”, dijeron desde la dirección socialista a la web Público.

Carles Puigdemont en tiempos mejores.

Carles Puigdemont.

Catalanes

La concreción del acuerdo con Junts ha durado más de lo que tenían previsto en el PSOE. Las negociaciones avanzaron, se frenaron y se reanudaron (en la madrugada del miércoles 08/11 al jueves 09/11).

El secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán León, y su equipo, volvieron de Bélgica donde se reunieron con el expresident de Catalunya, Carles Puigdemont.

Al final, el independentismo catalán ha dado 'luz verde' a la investidura de Pedro Sánchez. El PSOE ha cerrado, por separado, un acuerdo político con ERC y Junts.

Aunque ambos partidos independentistas han firmado pactos similares en cuanto a reclamaciones y condiciones, hay matices que los diferencian.

Pero en ambos pactos, el PSOE reconoce la existencia de un conflicto político en Catalunya -con la diferencia de que en el documento de Junts aparece la palabra “histórico”- y se abre a iniciar un proceso para buscar soluciones.

Tanto ERC como Junts dicen que se conseguirán a través de un proceso de negociación enmarcado en la celebración de reuniones periódicas, con un mediador de por medio.

• ERC habla de una persona de reconocido prestigio.
• Junts añade la palabra “internacional”, aunque no especifique ningún nombre.

Tensión

En el documento político pactado, Junts (Carles Puigdemont) le reclama al PSOE

• negociar un referéndum -amparado en el artículo 92 de la Constitución-,
• la cesión del 100% de los tributos que se pagan en Catalunya, y
• la aprobación de una Ley de Amnistía.

A cambio de esos compromisos, los 7 diputados de la formación apoyarán la investidura de Pedro Sánchez.

Junts promete un escenario de "estabilidad", si se cumple lo acordado.

N°3 de los socialistas, Santos Cerdán León, desde Bruselas, ha dejado en claro que la Ley de Amnistía está acordada, luego de negociar 'mano a mano' con

• Carles Puigdemont;
• el secretario general de Junts, Jordi Turull; y
• Míriam Nogueras, líder del partido en Madrid.

En el texto, "Junts considera legítimo el resultado y el mandato" del referéndum del 1-O y la declaración de independencia del 27/10/2017 que se aprobó en el preámbulo de una resolución del Parlament.

A su vez se añade que "el PSOE niega toda legalidad y validez al referéndum y a la declaración, y mantiene su rechazo a cualquier acción unilateral".

De todos modos, las dos organizaciones consideran que se pueden sellar "acuerdos importantes sin renunciar a las respectivas posiciones".

El documento apuesta por, "a partir del respeto y el reconocimiento del otro", buscar una "solución política y negociada al conflicto".

pedro sanchez.jpg

Pedro Sánchez reconfirma su habilidad política, considerada traición a España por el Partido Popular y VOX.

Lo económico

Los de Puigdemont exigirán que

• Catalunya salga de la Ley Orgánica de la Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) y
• la Generalitat tenga la capacidad de recaudar el 100% de los impuestos a través de la Agència Tributària de Catalunya.

Los socialistas, por su parte, abogan por medidas que "permitan al autonomía financiera" y y "un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Catalunya".

Los independistas apuestan por facilitar el retorno de las empresas que cambiaron de sede en 2017, consecuencia del decreto que aprobó 'ad-hoc' el gobierno de Mariano Rajoy en octubre, tras el referéndum del 1-O.

Otro aspecto clave es la Ley de Amnistía, que deja claro que "debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y el referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos".

Las comisiones que se constituirán en la próxima legislatura "tendrán en cuenta en la aplicación de la Ley de Amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto 'lawfare' o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".

Rechazo

Las 4 asociaciones de jueces de la carrera judicial han emitido un comunicado conjunto en rechazo al acuerdo entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont sobre la amnistía del 'procés'.

El comunicado lo firman

• Asociación Profesional de la Magistratura (APM),
• Asociación Judicial Francisco de Vitoria,
• Juezas y Jueces para la Democracia, y
• Foro Judicial Independiente.

El texto menciona el "rechazo" que provoca la letra pequeña del acuerdo que se abre a la posibilidad de pedir "responsabilidades" a los jueces que han instruido las causas del 'procés' y de terceros vinculados al independentismo.

Ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes. Estas expresiones, en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables. Ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes. Estas expresiones, en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables.

El texto insiste en que el Poder Judicial en España es independiente.

La jueza decana de Madrid y presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco, le dijo a la web Vozpópuli que el acuerdo implica "el principio del fin" y que se está "volando la Constitución por los aires".

Del acuerdo rubricado en Bruselas se infiere que todas las causas relacionadas con el 'procés' desde el 9-N de Artur Mas hasta el 1-O de Carles Puigdemont quedarán borradas.

Pero lo que preocupa al Poder Judicial es que el Congreso de los Diputados, a través de comisiones que controlarán los partidos firmantes del acuerdo, podrá decidir actuar, si coinciden en que hubo 'lawfare', contra jueces, "pedir responsabilidades" y abrirse a modificaciones legislativas.

"El concepto del 'lawfare' es un ataque frontal a los jueces. Es la trampa del independentismo", dijo la jueza.

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