Trabajadores de plataformas: La OIT evalúa fortalecer derechos, un freno a la reforma de Milei

Mientras organismos internacionales avanzan hacia un mayor reconocimiento de derechos para repartidores y choferes de aplicaciones, Argentina enfrenta crecientes cuestionamientos sobre el encuadre legal otorgado a estos trabajadores.

El debate se desarrolla en el marco de la Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde distintos países negocian la posibilidad de establecer estándares globales para quienes prestan servicios a través de plataformas digitales. La tendencia predominante apunta a fortalecer las garantías laborales, la protección social y las condiciones de seguridad para un sector que creció exponencialmente durante la última década. Se votará mañana, viernes 12 de junio, en el plenario de la Conferencia.

Reforma Laboral: La OIT evalúa derechos de trabajadores de plataformas

En ese contexto, la reforma laboral aprobada por el Congreso argentino quedó bajo la lupa. La normativa establece que repartidores y conductores de aplicaciones son, en principio, “prestadores independientes”, una definición que los excluye de buena parte de los derechos contemplados por la Ley de Contrato de Trabajo.

Sin embargo, el Gobierno decidió postergar la reglamentación específica de ese capítulo, en medio de la incertidumbre sobre el rumbo que tomará la discusión internacional.

De prosperar un convenio internacional que reconozca expresamente derechos laborales para trabajadores de plataformas, Argentina podría quedar en una posición incómoda frente a los estándares promovidos por la OIT. Especialistas en derecho laboral advierten que el país se encuentra entre los pocos que avanzaron en una legislación que presume la independencia de estos trabajadores en lugar de fortalecer mecanismos de protección.

Al mismo tiempo, la Justicia argentina viene emitiendo señales en sentido contrario. En abril, la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires ratificó fallos que reconocen a repartidores de aplicaciones como trabajadores en relación de dependencia.

Los magistrados entendieron que la prestación de servicios bajo determinadas condiciones reúne los elementos característicos de un vínculo laboral, independientemente de cómo sea denominado por las empresas.

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Desde una perspectiva económica, el conflicto trasciende el plano jurídico. Las plataformas sostienen que un régimen flexible permite ampliar oportunidades laborales, reducir costos y favorecer la innovación tecnológica. Los sindicatos, en cambio, argumentan que la ausencia de derechos laborales genera una competencia desleal respecto de empresas tradicionales y profundiza la precarización del empleo.

La controversia también coincide con otros cuestionamientos que enfrenta la reforma laboral. En las últimas semanas, organizaciones sindicales argentinas llevaron sus reclamos ante la OIT y denunciaron presuntos incumplimientos de convenios internacionales vinculados a la libertad sindical y la protección del trabajo.

Mientras el Gobierno busca consolidar un modelo de relaciones laborales más flexible y adaptado a la economía digital, la evolución del debate global podría obligar a revisar algunos de sus principales postulados. El resultado de las negociaciones internacionales y de las disputas judiciales locales será determinante para definir si el trabajo en plataformas continúa bajo un esquema de independencia o avanza hacia un reconocimiento más amplio de derechos laborales.

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