El gremio de gas se declaró en el estado de alerta en todo el territorio argentino y manifestó un enérgico rechazo ante una ola de despidos y esquemas de contratación externa con el que avanzan con fuerza dentro de las principales firmas distribuidoras y transportadoras de gas natural del país, mientras el nuevo ente que debe controlarlas no se pone en marcha por las internas millonarias en las que quedó sumergido.
EL PRECIO DEL AJUSTE
Peligro para la población: Apuntan a las distribuidoras de gas y el ente de control sigue sin rumbo
El gremio del gas declaró la alerta nacional por despidos masivos en distribuidoras, y la "degradación técnica", y apuntó al nuevo ente que debe controlar y está paralizado por internas poniendo en riesgo la seguridad de la población.
Se trata del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrge), organismo creado por la Ley Bases para fusionar al Enargas y al ENRE bajo una conducción única. Pero Marcelo Lamboglia renunció este lunes a la presidencia del ente un mes después de que el decreto 318/2026 lo designara al frente del mismo.
Los motivos fueron diferencias al interior del directorio sobre dos cuestiones centrales para la puesta en marcha: Por un lado, al fusionar el Enargas y el ENRE, surgió la interna por los sueldos cuando en promedio, el personal del Enargas cobra alrededor de un 30% más que el del ENRE.
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Lamboglia, que venía de ejercer la intervención en el ENRE, habría impulsado equiparar los salarios hacia arriba, lo que implicaba un aumento masivo para toda esa dotación. Pero parte del directorio se negó y propuso aumentos focalizados y un programa de retiros voluntarios.
Y la otra fue la diferencia sobre cómo organizar las reuniones de directorio con el personal. Según dijeron desde dentro del directorio, "no se bancó la discusión".
Así el Enrge, que se constituyó formalmente el 5 de mayo, hace un mes, solo tuvo un escaso avance. La estructura aprobada es transitoria y los departamentos comunes —Tecnología, Administración, Recursos Humanos— siguen duplicados: cada organismo mantiene los suyos intactos.
En la práctica, el directorio aprobó apenas unas pocas resoluciones desde su constitución y reinó una parálisis que algunos atribuyen al temor de los funcionarios a firmar decisiones.
Tettamanti negó todo
La Secretaría de Energía salió rápidamente a encarar la situación señalando en un comunicado que el directorio del Enrge "sigue funcionando con total normalidad" y que el vicepresidente Vicente Serra asume las funciones de la presidencia sin que exista vacancia ni interrupción de la gestión, calificó la renuncia de Lamboglia como una decisión "estrictamente personal" y anticipó que se convocará un nuevo concurso para seleccionar al próximo presidente del ente unificado.
Y en ese contexto de crisis institucional negada por el gobierno, es que la Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural de la República Argentina (FETIGNRA) cuestionó lo que llamó una marcada y cómplice "pasividad de los organismos de control" frente a las modificaciones en las estructuras de personal.
El gremio advirtió que la fiscalización de la seguridad operativa y el resguardo de las fuentes de trabajo técnico deberían ser prioridades absolutas de la agenda pública, pero el regulador estatal se encuentra paralizado por peleas de poder internas mientras las distribuidoras avanzan con su plan de achique.
Por ese ajuste es que FETIGNRA, gremio que encabeza Guillermo Mangone, resolvió declarar el estado de alerta nacional. A través de un comunicado de prensa, detalló que los despidos arbitrarios de operarios experimentados y con antigüedad se ejecutan en un contexto donde el sector hidrocarburífero y de servicios atraviesa uno de sus mejores períodos económicos, apuntalado por balances comerciales favorables, subas de tarifas sistemáticas autorizadas por el Gobierno de Javier Milei y una notable consolidación de sus indicadores de rentabilidad.
Así, enfatizaron que el recorte de las plantillas de personal propio no responde a dificultades operativas genuinas ni a crisis financieras internas. Por el contrario, calificaron la estrategia como una maniobra corporativa orientada puramente a recortar costos mediante el reemplazo de trabajadores bajo convenio por firmas contratistas externas, lo que deriva en una "degradación técnica" de los puestos de trabajo en el marco de las políticas de desregulación económica que impulsa la gestión de Javier Milei.
El peligro latente para la sociedad
Y alertó sobre las condiciones en las que se desarrolla la actividad actualmente y el peligro latente para la sociedad. De acuerdo con lo planteado por el gremio, tareas de alta complejidad operativa que históricamente estaban asignadas a personal de planta especializado ahora son derivadas a compañías tercerizadas cuyas nóminas operan con menores estándares de cobertura laboral y, en situaciones críticas, sin el entrenamiento técnico reglamentario para operar una red de servicios públicos.
Este cambio en el esquema de empleo no solo afecta los derechos de los trabajadores del sector, sino que proyecta serios interrogantes sobre el mantenimiento del sistema general.
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