Las negociaciones entre la Argentina y el FMI se estancaron luego de la negativa del oficialismo de ir hacia un equilibrio fiscal, mal llamado "ajuste" por el progresismo criollo, para 2024. Recordemos que el Frente de Todos pide déficit 0% para 2027, demostrando así el poco interés de bajar la inflación asfixiante de manera urgente. También preocupa que Juntos por el Cambio tampoco dimensione la gravedad del asunto tras el 55% de inflación núcleo 2021.
Desesperación en la Casa Rosada por el FMI (y viene la sequía).
En medio del viaje del canciller Santiago Cafiero a Washington para reunirse con el secretario de Estado, Anthony Blinken, Clarín le pinchó el globo a la Casa Rosada:
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El medio oficialista Ámbito Financiero informó el domingo 16 de enero que “las negociaciones con el FMI venían a un muy buen ritmo, pero algo pasó que ahora se frenaron”.
De acuerdo a la información recabada por la periodista Liliana Franco, en el Palacio de Hacienda reconocieron que "el enfriamiento en las conversaciones técnicas comenzó desde las oficinas de Washington, afirman, aunque llamativamente ese freno no generó mayor preocupación en el Gobierno".
Frente a lo informado por Clarín, es interesante contrastarlo con lo que dice Ámbito: "En el entorno de Cafiero sostienen que el canciller buscará volver con una respuesta explicita de parte de las más altas autoridades norteamericanas respecto a si se contará o no con el respaldo del principal accionista del FMI". ¿Lo logrará?
Una nota en el diario del Grupo Indalo, firmada pro Carlos Burgueño, llamó la atención en los mercados: "Si bien Argentina tiene la fecha clave y límite del 30 de marzo para entrar en incumplimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ese día no necesariamente caería en default. Según el estatuto del organismo que maneja Kristalina Giorgieva, no pagar los aproximadamente US$4.080 millones del primer vencimiento importante del Stand By firmado por Mauricio Macri (3.567 millones de capital y unos 472 millones de intereses); abriría entre las partes un período de crisis que duraría seis meses, hasta que oficialmente se determine que Argentina ingresó en default con el Fondo.
Esto implica que hasta el 30 de septiembre habría tiempo para continuar el dialogo. Durante ese tiempo, el deudor tendría tiempo para cumplir o, en este caso, a seguir negociando un Facilidades Extendidas. En este plazo, Argentina no quedaría tampoco imposibilitado de recibir dinero desde el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); pero sólo de programas y créditos ya otorgados. No podrá pedir dinero extra".
En este contexto, la reunión entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, con gobernadores incluidos, que iba a celebrarse mañana martes 18 de enero, quedó en veremos. Desde Casa Rosada difundieron que el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien iba a encabezar ese encuentro, estará junto a Alberto Fernández y Matías Kulfas en San Juan en el lanzamiento de la asociación pública-privada para la generación de energía limpia en seis provincias.
Ante la consulta de Ámbito, el jefe del interbloque de Juntos, Cristian Ritondo (PRO) confirmó que no hubo invitación formal al encuentro para analizar los presuntos avances con el Fondo ante la falta de acuerdo que Guzmán adjudicó a diferencias sobre el “sendero fiscal” con el organismo de crédito multilateral.
Dólar, inflación y recortes: Guiños al FMI
A medida que la situación se torna complicada en los mercados con un dólar blue escalando nuevamente y el riesgo país en niveles de default, el Poder Ejecutivo Nacional comenzó a lanzar señales clave para moderar el impacto.
Por un lado, se informó a la prensa que la vicepresidenta Cristina Kirchner y el presidente de la Cámara de Diputados, y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, están de acuerdo en que se alcance un acuerdo con el FMI. De esta manera, quedó descartada la posibilidad de ir a un default.
En tanto, El Cronista registró que "el ritmo de devaluación diario del peso contra el dólar mayorista arrancó el año apático, por debajo de la velocidad que hubiese esperado el mercado.
En las últimas dos ruedas el Banco Central (BCRA) pisó un poco más el acelerador y todo pareciera indicar que la voluntad de evitar el atraso cambiario es ahora un poco más fuerte".
La inflación es otro de los temas que más preocupa al staff técnico del FMI, que ya exigió un ancla en las expectativas que se volvieron a disparar por encima del 60% para 2022.
El punto es que será necesario un recorte en el gasto. La periodista parlamentaria Laura Serra reportó desde La Nación que "el Gobierno anticipa recortes en energía, salud y educación".
En una interesante nota, lanzó:
"El nuevo año arranca con ajustes en el gasto público. Sin los ingresos extraordinarios que percibió a lo largo de 2021 –entre ellos, lo recaudado por el impuesto a la riqueza-, el gobierno de Alberto Fernández se vio obligado a disponer fuertes recortes en distintas partidas presupuestarias, incluso las más sensibles como las del gasto social.
La magnitud del ajuste totaliza casi $225.000 millones según detalla el último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). En dicho informe se analiza la Decisión Administrativa 4 que dictó el Poder Ejecutivo la semana pasada, por la cual distribuyó los recursos y los créditos correspondiente a la prórroga del presupuesto 2021, luego que el Congreso rechazara en diciembre pasado el proyecto de presupuesto que enviara el Poder Ejecutivo para este año.
En aquella decisión administrativa, el Ministerio de Economía admitió que en 2022 caerán los ingresos totales en poco más de $627.000 millones. Esto obedece, en primer lugar, a que ya no contará con los ingresos extraordinarios que percibió el año pasado, entre ellos los Derechos Especiales de Giro (DEG) por $422.174 millones que recibió la Argentina de acuerdo a su cuota de participación en el Fondo Monetario Internacional (FMI). Dicho monto fue eliminado del rubro transferencias corrientes de organismos internacionales, como así también de las aplicaciones financieras.
Además, el ministerio que conduce Martín Guzmán también eliminó del rubro ingresos otros $204.640 millones provenientes del llamado “aporte extraordinario y solidario” -conocido como el impuesto a la riqueza-, un gravamen de emergencia que impulsó el kirchnerismo en el Congreso por única vez en virtud de la pandemia. Dicho aporte fue afrontado por aquellos contribuyentes con patrimonios superiores a los $200 millones.
Según los últimos datos del Ministerio de Economía, al último mes del año pasado dicho gravamen había recaudado $247.503 millones. Como este aporte extraordinario ya caducó, las partidas que se nutrían de este gravamen quedaron seriamente recortadas:
Sin embargo, los recortes abarcarán también otras áreas. El Ministerio de Desarrollo Social, un área clave que maneja partidas millonarias para atender la urgencia social, tendrá una poda de $4.847 millones. En tanto, el rubro “Obligaciones a cargo del Tesoro”, desde donde se realizan las transferencias a provincias y a empresas del sector público, tendrá una merma de poco más de $3000 millones.
En la Decisión Administrativa 4, el Gobierno también eliminó de los créditos asignados al Ministerio del Interior los gastos correspondientes a las elecciones primarias y generales que se realizaron el año pasado. Dicha suma totaliza $19.532 millones.
La única cartera que esquivó el ajuste y, por el contrario, recibió un aumento en su partida es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que conduce Juan Cabandié: este año recibirá un extra de $4847 millones, con lo que la partida totalizará $16.771 millones".
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