El Gobierno de Javier Milei eliminó otras dos oficinas (u organismos) públicos, siguiendo la política de reducción de gastos que incluyó el cierre del INADI y de la agencia estatal de noticias Télam. Según anunció el Ministerio de Economía, el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar dejaron de existir.
AHORRO DE $9.000 MILLONES
Más cierres en el Gobierno: Ahora le toca a estas 2 oficinas
El Gobierno eliminó otros 2 organismos públicos, siguiendo la política de reducción de gastos que incluyó el cierre del INADI y de la agencia estatal Télam.
El vocero del Gobierno
“Después de revisar datos alarmantes, estos organismos contaban con 964 empleados; se convirtieron en una dirección con solo 64 empleados, lo que significó una reducción de 900 puestos de trabajo y un ahorro de $9.000 millones”, afirmó Manuel Adorni al comienzo de su habitual conferencia de prensa.
Al justificar la medida, que fue implementada por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, Adorni criticó “la excesiva expansión del gasto público” y detalló: “Tenían 160 delegaciones, dos sedes en Catamarca y Santiago del Estero, y uno de cada tres empleados era delegado. Además, contaban con 204 vehículos y el 85% del presupuesto se destinaba a pagar salarios, casi como una agencia de empleo político”.
El Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena fue creado por decreto (729/2022) durante la gestión de Alberto Fernández a finales de 2022. Era un organismo descentralizado, con autonomía económica y financiera, dirigido por Miguel Gómez, un líder del Movimiento Evita, cercano a Emilio Pérsico, quien en ese momento ocupaba el cargo de secretario de Agricultura Familiar.
Pérsico, reconocido líder del Movimiento Evita, durante su gestión administraba importantes partidas de fondos públicos destinados a la asistencia de organizaciones que buscaban combatir la pobreza en barrios precarizados. El movimiento que él fundó estaba entre los beneficiarios de estos fondos.
La nueva gestión, con Milei en la Casa Rosada, planteó como principio la eliminación de la intermediación en el reparto de la ayuda social que el gobierno brinda con recursos públicos, recortando las partidas a organizaciones civiles, como los movimientos piqueteros, que no forman parte del Poder Ejecutivo.
En este contexto, el gobierno sostiene que Pérsico, en calidad de funcionario, otorgaba fondos al Movimiento Evita, del cual era líder de facto.
“Se ha demostrado que los fondos salieron de las arcas del Estado para ingresar en el patrimonio de las organizaciones, configurando un daño patrimonial concreto y real a la administración pública”, sostiene la denuncia.
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