Las industrias del aceite de soja y del biodiésel fijaron posición en el debate por la nueva Ley de Biocombustibles impulsada por bloque libertario que lidera Patricia Bullrich y sobre el "plan B" del sector de bioetanol, integrado por las industrias sucroalcoholeras y de maíz.
EL MIÉRCOLES ES EL DÍA 'D'
Ley de Biocombustibles: Comunicados cruzados a favor y en contra ponen presión a los senadores
CIARA-CEC y CARBIO piden a los senadores lograr un dictamen que permita avanzar hacia la media sanción del proyecto de ley de Biocombustibles del bloque libertario, mientras las pymes insisten en que va a "destruir la industria federal".
La Cámara de la Industria Aceitera y Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC) y la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) ratificaron su apoyo al proyecto promovido por la senadora mencionada y rechazaron la posibilidad de excluir al biodiésel de la iniciativa para avanzar únicamente con una regulación para el bioetanol.
Así en un comunicado, las entidades sostuvieron que los cambios propuestos permitirán promover "un mercado transparente" en el que puedan participar todas las empresas, generar nuevas oportunidades de inversión y empleo y beneficiar al consumidor de diésel, especialmente por su importancia para la producción agropecuaria.
"No es viable excluir al biodiésel de la ley y dejar únicamente al bioetanol", plantearon Ciara-CEC y Carbio, en medio de las diferencias que persisten en el Senado por la dilatación del tratamiento conjunto de ambos sectores.
Biocombustibles: el sector del bioetanol propone separar el proyecto
Las entidades destacaron además la capacidad industrial instalada en el país para la producción de biodiésel y señalaron que actualmente ese potencial tiene una participación limitada en el mercado interno. También compararon el nivel de corte obligatorio vigente en la Argentina, del 7,5%, con el de otros países competidores, donde, según indicaron, los porcentajes comienzan en el 15%.
En ese contexto, pidieron a los senadores de las provincias alcanzar los consensos necesarios para lograr un dictamen en la próxima reunión de comisiones y avanzar luego con el tratamiento del proyecto para obtener la media sanción.
El sector del bioetanol prepara un "plan B"
El comunicado cerró con una comparación futbolística para reclamar una mayor participación del sector:
Cuarto intermedio en el Senado
El posicionamiento de las industrias se conoció luego de la última reunión conjunta de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda, que analizaron distintos proyectos para modificar la Ley de Biocombustibles.
Durante el encuentro, la senadora Flavia Royon, de Primero los Salteños, asumió la presidencia de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles. La vicepresidencia quedó a cargo del senador Flavio Fama, de la UCR, mientras que Pablo Cervi, de La Libertad Avanza, fue designado secretario.
Luego, los legisladores abordaron las distintas iniciativas presentadas sobre la regulación de los biocombustibles. Tras el debate, resolvieron pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles con el objetivo de avanzar en la elaboración de los dictámenes sobre biodiésel y bioetanol.
La decisión extendió la espera de las provincias y de las industrias vinculadas con la producción de biocombustibles, en un debate atravesado por las diferencias que persisten en torno al nuevo esquema para el biodiésel.
Ávila pidió acelerar el tratamiento
La senadora nacional por Tucumán Beatriz Avila reclamó avanzar con la iniciativa y cuestionó una nueva demora en la definición del proyecto. "No podemos permitir que se dilate más el tema", dijo en una entrevista con 'LG Play'.
La legisladora señaló que los representantes de las provincias productoras de bioetanol, tanto de caña de azúcar como de maíz, habían llegado a la reunión con la expectativa de conseguir finalmente un dictamen, luego del extenso debate sobre un nuevo marco regulatorio.
"Nosotros habíamos ido ayer a la comisión, a la plenaria de Minería, Combustible y Hacienda y Presupuesto, con la idea de poder sacar ya, después de tanto tiempo, un dictamen sobre el tema de la Ley de Biocombustibles", afirmó Ávila.
Según explicó, existe un amplio consenso sobre el bioetanol y la necesidad de elevar el corte obligatorio del 12% al 15%. Sin embargo, sostuvo que las diferencias entre los grandes productores y las pequeñas y medianas empresas del sector del biodiésel continúan trabando el avance de la iniciativa.
Ante esa situación, Avila respaldó la posibilidad de desdoblar la discusión para permitir que avance al menos el tratamiento del bioetanol.
Pero durante la reunión también hubo senadores que prefirieron mantener el tratamiento conjunto de ambos sectores. Finalmente, las comisiones resolvieron pasar a un cuarto intermedio hasta el miércoles, cuando buscarán avanzar en la definición de los dictámenes.
Avila consideró que podrían surgir más de una propuesta y anticipó que los representantes de las provincias vinculadas con la producción azucarera mantendrán su posición.
"Seguramente habrá más de uno. Nosotros, que sostenemos y apoyamos lo que es el azúcar, tenemos nuestra identidad azucarera, los tucumanos y los del norte, y venimos acá a defenderlo", expresó.
La senadora remarcó la necesidad de modificar la legislación para las economías regionales y el desarrollo de las energías renovables. También destacó el consenso alcanzado en torno a un aumento gradual del corte de bioetanol del 12% al 15%.
Ávila recordó que su propio proyecto proponía llevar ese porcentaje al 18%, aunque consideró necesario avanzar con la alternativa que reúna el mayor consenso. "Vamos a hacer como en la ley anterior: vamos a sacar la que mayor consenso tenga", sostuvo.
Ley de Biocombustibles: Comunicados a favor
En su comunicado, CIARA-CEC y CARBIO fueron categóricas al rechazar cualquier intento de separar ambos combustibles en la nueva legislación: "No es viable excluir al biodiésel de la ley y dejar únicamente al bioetanol", sostuvieron.
En el texto, las entidades remarcaron que "la Argentina es el primer exportador mundial de aceite de soja a precios competitivos y un jugador internacional con una gran capacidad industrial instalada en biodiésel que hoy casi no se usa porque no está permitido abastecer al mercado interno".
Al comparar la situación local con la de otros mercados, las cámaras señalaron que los países competidores "tienen cortes superiores que arrancan en el 15%", mientras que "en la Argentina hoy estamos en el 7,5%".
Con ese diagnóstico, CIARA-CEC y CARBIO le pidieron "a los senadores de las provincias que encuentren los consensos necesarios para alcanzar un dictamen el próximo miércoles que lleve a tratamiento para media sanción el nuevo proyecto de Ley de Biocombustibles".
PYMES y una "profunda injusticia"
Por su parte, y a través de un duro documento, una cámara que nuclea a pymes elaboradoras de biodiésel consideraron que el proyecto de ley en tratamiento incurre en una "profunda injusticia" y solo busca favorecer a las grandes empresas agroexportadoras del Gran Rosario.
En tanto, y si bien hay también otras seis propuestas que se han debatido, la que cuenta con más chances de avanzar es la oficialista.
Pero el problema aparece, como se mencionó, por el lado del biodiésel: la "interna" entre las históricas pymes abastecedoras del corte del gasoil en el mercado interno y las grandes agroexportadoras, está más vigente que nunca.
Eso quedó claro tambíen en el comunicado que dio a conocer la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), firmado por su director Ejecutivo, Federico Martelli, en el que reiteró su visión de que el proyecto que se aprobaría incurre en una "profunda injusticia", porque –según su interpretación– perjudica a las pymes, para beneficiar a la industria aceitera, dominada por multinacionales.
Enojo de las pymes
Cabe recordar que la normativa vigente impide que las grandes empresas que industrializan soja participen del mercado interno: solo tienen habilitado enviar biodiésel al exterior.
El problema es que los mercados externos se han caído por múltiples motivos –en su mayoría, barreras paraarancelarias– y por ello estas compañías buscan meterse al mercado local, aduciendo su gran capacidad instalada para abastecer el corte de gasoil, reduciendo los costos y suplantando importaciones.
Desde las pymes, la mirada es muy diferente. "No es desregulación: es beneficiar a Santa Fe y destruir la industria federal de biodiesel", se titula el documento que circuló la CEPREB y destacó:
"Bajo el argumento de desregular y construir un mercado más libre, se pretende modificar las reglas para trasladar el mercado desde industrias radicadas en La Pampa, San Luis, Entre Ríos y Buenos Aires hacia las grandes empresas concentradas en el polo agroexportador de Santa Fe", denunció.
E insistió: "De aprobarse en estas condiciones, empresas que durante años invirtieron, generaron empleo y agregaron valor en sus provincias quedarían condenadas a la quiebra. Esto no es desregulación ni libre mercado. Es cambiar una regulación por otra que modifica arbitrariamente a sus beneficiarios".
Para la CEPREB, hay que analizar también que el propio proyecto reconoce expresamente que no todos los productores de biocombustibles tienen las mismas condiciones estructurales. Por ese motivo, en el caso del bioetanol establece segmentos diferentes para la producción a partir de caña de azúcar y de maíz, preservando la participación de ambos sectores en el mercado obligatorio.
"El criterio es razonable: actividades con estructuras productivas, localizaciones y realidades económicas diferentes no necesariamente pueden competir entre sí en igualdad de condiciones. Si ese principio es válido para proteger distintas realidades productivas en el bioetanol, ¿por qué se lo niega cuando se trata del biodiésel producido en el interior del país?", reclamó.
En esta línea, completó:
"Falsa" segmentación del biodiésel
De acuerdo con la CEPREB, desde Santa Fe se impulsa una división del mercado entre empresas "integradas" y "no integradas", una clasificación constituye una "falsa segmentación", porque "no refleja las verdaderas diferencias estructurales que determinan la capacidad de competir".
"Una planta puede no estar integrada, pero localizarse dentro del mismo complejo aceitero, con acceso inmediato a materia prima, infraestructura y logística. Incluso comunicadas a través de cañerías como sucede en algunos casos. Tratarlas únicamente en función de si poseen o no molienda significa ignorar la principal diferencia competitiva del sector: la localización", describieron desde la Cámara.
Bajo ese panorama, consideraron que "el resultado práctico es evidente: una segmentación diseñada de esa manera termina concentrando la producción en Santa Fe y dejando sin una protección efectiva a las industrias regionales que actualmente abastecen el corte obligatorio".
Asimismo, opinaron que la división entre "integradas" y "no integradas" tiene una contradicción todavía más profunda.
"El incentivo que genera la norma resulta difícil de comprender: para conservar cierta protección frente a las grandes empresas, una empresa debería evitar integrarse, evitar invertir y evitar agregar valor. Eso es exactamente lo contrario de los incentivos que este Gobierno manifiesta defender: inversión privada, crecimiento, eficiencia, competencia y generación de riqueza", repasaron.
Por estos motivos, para la CEPREB la diferencia estructural relevante pasa por producir en el interior del país o producir dentro del principal polo agroexportador argentino.
Su opinión es que las grandes plantas ubicadas en torno al Gran Rosario poseen ventajas estructurales evidentes, como concentración de molienda, disponibilidad de aceite, infraestructura logística, escala y proximidad a los puertos, mientras que una planta instalada en La Pampa, San Luis, Buenos Aires o Entre Ríos no puede trasladarse al Gran Rosario para acceder a esas mismas condiciones.
"La geografía no se puede cambiar por ley. Se pueden modificar precios, cupos y mecanismos comerciales. Se pueden eliminar regulaciones. Se pueden crear mercados más competitivos. Pero ninguna ley puede eliminar los kilómetros que separan a una industria regional de la materia prima y del principal complejo aceitero-exportador del país. Por eso sostenemos que la segmentación que debe reconocer la legislación es la regionalidad", enfatizaron.
De todos modos, desde la entidad también se encargaron de remarcaron que su propuesta no pretende tampoco conservar el régimen actual, que a todas luces ha sido perjudicial para todos los sectores productores de biocombustibles del país.
"No pedimos precios regulados por el Estado ni cupos individuales para determinadas empresas. Proponemos mercados competitivos y transparentes dentro de segmentos que agrupen empresas con condiciones estructurales comparables. Libre competencia, sí; pero entre empresas con condiciones comparables. Es exactamente el principio que el propio proyecto utiliza cuando decide preservar segmentos diferentes para el bioetanol de caña de azúcar y de maíz", insistieron.
De esta manera, reforzaron que la segmentación regional del biodiésel permitiría avanzar hacia una mayor competencia sin condenar a desaparecer a las industrias que agregan valor y generan empleo lejos de los grandes centros portuarios.
Como corolario, citaron además que hay una cuestión institucional que no puede ignorarse: la Ley 27.640, actualmente vigente, estableció un marco regulatorio con vigencia hasta el año 2030.
"Sobre esas reglas empresas de distintas provincias tomaron decisiones, realizaron inversiones, contrataron personal, asumieron compromisos financieros y desarrollaron capacidad industrial. El Estado tiene absolutamente el derecho de modificar una regulación, aumentar la competencia y mejorar el funcionamiento de un mercado. Pero resulta muy diferente hacerlo respetando las inversiones existentes, que alterar anticipadamente las reglas establecidas por el propio Congreso de manera tal que inversiones realizadas bajo una ley vigente pierdan su viabilidad económica", cuestionaron.
Desde el punto de vista de la CEPREB, Argentina necesita desesperadamente inversión, y para eso se necesita previsibilidad. "No puede pedirse a los empresarios que inviertan a largo plazo y, al mismo tiempo, modificar anticipadamente las reglas bajo las cuales esas inversiones fueron realizadas. Eso atenta contra la seguridad jurídica y la confianza necesaria para volver a invertir en la Argentina", apuntaron.
Y cerraron: "Las PyMEs regionales no estamos reclamando que el Estado nos garantice rentabilidad. No estamos reclamando que nos proteja de la competencia. Estamos reclamando que, si se modifica integralmente el mercado de los biocombustibles, se reconozcan las diferencias estructurales existentes y se establezcan reglas transparentes, previsibles y equitativas. Queremos competir. Queremos seguir invirtiendo. Queremos seguir generando empleo y agregando valor en nuestras provincias. Pero una ley de biocombustibles no puede, bajo la bandera de la desregulación, terminar destruyendo industrias del interior para concentrar todavía más la producción alrededor de los puertos. No es libertad. No es desregulación. No promueve la inversión. Es cambiar las reglas para beneficiar a otros".
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