El campo, precisamente la Sociedad Rural Argentina (SRA), expresó una mirada favorable respecto a la adjudicación definitiva de la concesión para la gestión de la Vía Navegable Troncal (Hidrovía), otorgada a la alianza empresaria conformada por las firmas Jan De Nul y Servimagnus.
La Sociedad Rural Argentina respaldó la adjudicación de la Hidrovía
Desde la perspectiva de la organización agraria, la culminación de este trámite pone fin a un extenso período de postergaciones en el proceso de licitación, devolviendo un marco de certidumbre a uno de los corredores logísticos e infraestructuras más determinantes para el comercio exterior de la nación, el cual no registraba actualizaciones de fondo desde hace más de diez años.
El proyecto de concesión contempla un incremento progresivo en el calado del canal de navegación, planificando pasar de los 34 pies vigentes en la actualidad a un piso de 38 pies, contemplando además la proyección de alcanzar los 40 pies de profundidad efectiva. Asimismo, el acuerdo estipula la ejecución de tareas operativas de dragado, tareas continuas de conservación, y la actualización y optimización integral de los esquemas de boyado, señalización y balizamiento lumínico.
El entusiasmo y la valoración positiva en torno a estas obras de profundización encuentran su sustento en proyecciones del ámbito privado que la SRA ha tomado como referencia. Estos indicadores técnicos señalan que optimizar el calado de la vía fluvial implicaría la optimización de las cargas, haciendo posible prescindir de la navegación de entre 189 y 230 buques de gran porte por año para movilizar exactamente la misma cantidad de toneladas destinadas a los mercados externos.
En términos estrictamente financieros, este incremento de eficiencia en el transporte fluvial representaría un beneficio y un abaratamiento de los costos logísticos globales estimado entre los USD 375 millones y los USD 456 millones anuales.
Advertencia
A pesar de convalidar el impacto positivo de estas mejoras operativas, la SRA enfatizó que el dragado y la mayor profundidad del río no resuelven de manera aislada los problemas de competitividad del país.
Por el contrario, la entidad remarcó la urgencia de abordar una planificación logística mucho más profunda y transversal. Dentro de este inventario de asignaturas pendientes y reclamos históricos del sector productivo, la SRA incluyó:
* La necesidad imperiosa de actualizar y flexibilizar el marco normativo que rige el régimen de cabotaje marítimo y fluvial.
* El apuntalamiento y desarrollo de las terminales portuarias del interior y los puertos de carácter regional.
* El diseño de una red de transporte intermodal genuina que articule y complemente de forma fluida el movimiento de cargas por camión, las líneas ferroviarias y el propio sistema de navegación.
* La concreción de reformas de fondo en materia regulatoria y de alivio fiscal.
* La activación e implementación efectiva de los órganos institucionales encargados del control, fiscalización y gobernanza contemplados para auditar el cumplimiento del nuevo contrato de concesión.
Esta postura analítica de la SRA, bajo la gestión de su presidente Nicolás Pino, refleja un equilibrio político singular.
A lo largo de todo el proceso de licitación, la entidad se posicionó como el actor de la Mesa de Enlace con mayor sintonía hacia la administración gubernamental; sin embargo, ese alineamiento no le impidió condicionar su beneplácito a la visibilización de un paquete de reclamos estructurales que el sector agroexportador considera vitales para disminuir los costos de transacción y maximizar el rendimiento productivo.
El gran desafío de cara al futuro
La Sociedad Rural Argentina pondera la adjudicación de la Hidrovía como un paso largamente esperado que restituye la previsibilidad y promete ahorros millonarios gracias a la ampliación del calado del canal de navegación. No obstante, la entidad concluye de forma tajante que la solución al problema de la competitividad argentina no se agota en el río.
Para la SRA, el verdadero éxito hacia el futuro radicará en la capacidad de ejecutar en tiempo y forma las tareas de dragado acordadas, pero ligándolas de manera obligatoria a una política logística nacional integradora, capaz de modernizar las normativas de cabotaje, reactivar los puertos regionales, coordinar los distintos modos de transporte e implementar reformas impositivas esenciales para el despliegue del potencial exportador del país.
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