"Si se eliminaran los subsidios podría bajar 7 puntos el IVA"

“Aumentar las tarifas puede ser indeseable en lo inmediato y afectar al humor electoral. Sin embargo, si su congelamiento demanda crecientes recursos fiscales y de dólares, el resultado podría ser incluso peor: mayores expectativas de devaluación o un salto de los tipos de cambio paralelos afectarían más al humor electoral que una actualización del precio de los servicios públicos”, precisa la evaluadora.

El trabajo da cuenta que los subsidios económicos aumentaron más de 100% en 2020, casi 80% en el primer trimestre de este año y van camino de duplicar su peso en el PBI.

El dato, que no es menor, expone que el Estado destina al sostenimiento de tarifas en sectores como la provisión de gas, energía eléctrica y transporte, e incluyen partidas para el funcionamiento de empresas como Cammesa (la empresa que administra el mercado mayorista eléctrico), IEASA (que gestiona las importaciones de gas) y Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, además del “Plan Gas”, para estimular la producción del fluido. Los “subsidios económicos” son diferentes del “gasto social”, donde se incluyen programas como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la tarjeta Alimentar y otras ayudas a sectores de menores recursos.

“Por su carácter pro-ricos, los subsidios actuales no representan el mejor uso posible de estos recursos: si el objetivo fuera ayudar a los sectores vulnerables o estimular su demanda, existen herramientas más idóneas para hacerlo”, dice refiere un tramo del informe.

Más adelante acota que el excesivo peso de los subsidios al gas y a la electricidad. "Si se eliminaran completamente los subsidios energéticos, se podría recortar en 7 puntos la alícuota del IVA o más que quintuplicarse la Asignación Universal por Hijo, ya focalizada en las familias de menores recursos”.

El análisis y las cifras que evalúa Ecolatina respaldan los argumentos de Guzmán en su disputa con el kirchnerismo duro sobre la política tarifaria y energética y el uso de subsidios, que en el presupuesto 2021 el ministro se propuso limitar a un 2,2% del PBI, incluidos 1,7% a la energía y 0,5% al transporte.

El tema podría resolverse con la segmentación en base a datos del IFE, información de la AFIP y la Anses y la aplicación de una Tarifa Social Eléctrica. “Así argumenta Guzmán”, dice explícitamente el informe. 

La consultora recuerda que en 2015 los usuarios de energía pagaban apenas 15% del costo de generación eléctrica. La porción fue creciendo durante el gobierno de Macri, aumentos de tarifa mediante, hasta llegar a 63%, pero el congelamiento hizo que desde abril de 2019 la tarifa “real” (descontada la inflación, que en el período superó el 100%) perdiera la mitad de su valor y se volviera a inflar el apartado subsidios.

El informe de la consultora rechaza seguir impulsando los subsidios que –dice- “vienen elevándose al ritmo del retraso tarifario, generando una distorsión de precios poco sostenible, que eventualmente deberá corregirse”.

Ecolatina advierte que “subir las tarifas de gas o electricidad tiene impactos sobre los ingresos de los hogares, reduciendo su capacidad de consumo, y, además, sobre la dinámica inflacionaria” y que por eso “puede comprenderse el motivo para postergar las actualizaciones”.

Ante eso, puntualiza que "la solución es segmentar a los usuarios y aumentar la tarifa “de aquellos sectores que puedan afrontarlo”. El actual esquema, dice, “es progresivo, pero pro-rico”, al respecto, el informe calculó que los subsidios representan casi 6% del ingreso del 10% más pobre de la población, contra menos del 2% para el 10% más rico. Pero estos últimos, dice, cuentan con 14% del equipamiento eléctrico y de mayor consumo del país 

Además del costo fiscal, insiste Ecolatina, equivalente a una quintuplicación del valor de la AUH y de reducir en 7 puntos porcentuales el IVA (un tercio de su tasa actual), los subsidios cuestan divisas.

Durante las gestiones kirchneristas, precisa, "la importación de energía aumentó más del 1.100% e hizo que la balanza comercial energética pasara de un superávit anual de US$ 6.000 millones a un déficit de US$ 7.000 millones, esto es, una reversión de US$ 13.000 millones por año.

“Los subsidios son un gasto ineficiente, costoso en pesos y dólares, en un país con un déficit fiscal y una necesidad de divisas importantes”, enfatiza el informe,