Bactssa y la pelea con el Gobierno por la Terminal 5

El conflicto no es nuevo: el año pasado, cuando la AGP anunció que no se prorrogaba la concesión de Bactssa, que vencía el pasado 15 de mayo, y que la terminal 5 sería anexada por APM Terminals Buenos Aires, que tiene la concesión de la terminal 4, que está al lado, nació la polémica.

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Bactssa opera la terminal 5 del puerto de Buenos Aires, que mueve 13.000 contenedores por mes.

La gran pregunta es por qué se le da a una empresa una concesión sin licitación previa. Desde el Gobierno dicen que a Bactssa no se le podía prorrogar la concesión porque ya se había cumplido el plazo máximo de los 4 años de concesión más el período extra que equivale al 20% del tiempo de contrato, que surge del régimen general de contrataciones del Estado. Y que dentro de las facultades de la autoridad portuaria está la de extender la concesión a un territorio lindero. Por lo tanto, la única empresa que podía lograr la anexión por su posición geográfica es APM, a cargo de la terminal 4, que además absorbería a los 600 trabajadores directos de Bactssa (hay otros 400 indirectos).

Pero, según informa el diario 'La Nación', detrás de esta decisión habría un objetivo: que las 5 terminales del puerto pasen a estar controladas bajo 2 concesiones.

Las primeras 3 terminales ya son operadas por una sola empresa, Terminales Río de la Plata (TRP). La idea de la administración de puertos es que, en 2024, cuando terminen las concesiones de TRP y de APM, haya una nueva licitación para definir las 2 concesiones: las terminales 1, 2 y 3 por un lado, y las 4 y 5 por el otro.

El problema actual surgió en 1994, cuando se licitaron las terminales por 25 años, pero con distintas fechas de terminación. Por eso la concesión de la terminal 5 finalizó en 2016, mientras que el resto de las concesiones vencían en 2019. En 2015, durante el último gobierno de Cristina Kirchner, se llamó a una licitación para la terminal 5 por cuatro años y en 2016 se le volvió a dar la concesión a Bactssa, quien resultó ganadora nuevamente. Para el resto de las concesiones, en 2019 se aplicó la regla general de extender el contrato por el plazo del 20% del tiempo original de concesión. Esta prórroga de cinco años vence en 2024.

Pero Bactssa aclara que el contrato firmado en 2016 implicaba 4 años de concesión más un año de gracia por voluntad de ambas partes. Por lo tanto, el vencimiento de los 5 años era en mayo 2020. A partir de ese año se podía aplicar la prórroga del 20% que pueden tener todas las contrataciones del Estado. Sin embargo, indicaron que el decreto 870, firmado en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri, faculta a extender todas las concesiones de las terminales hasta que se llame a una nueva licitación.

De esta manera, resultan dos decretos en punga: el 1023 del año 2000, que establece el régimen de contratación del estado, y el 870. "Una norma posterior y un régimen especial siempre tiene preferencia sobre la norma anterior y la general", explica un abogado con conocimiento de la causa.

Otra de las disputas entre la empresa y el Gobierno tiene que ver con la habilitación aduanera. El 13 de mayo pasado, dos días antes que venza la concesión de Bactssa, la empresa logró una medida cautelar para extender la operación por seis meses más. La AGP acató la norma, pero la Aduana revocó la habilitación. Por lo tanto, la administración de puertos le siguió cobrando el canon de $20,5 millones mensuales, mientras que la empresa no pudo facturar sus servicios. Esto generó, según fuentes de mercado, que la empresa perdiera alrededor de US$5 millones al mes, entre costos que tuvo que absorber e ingresos que no pudo facturar. Recién hoy la Aduana le volvió a entregar la habilitación.

En este marco, si bien la quita de la concesión no parece cuestionable desde lo técnico, el problema vuelve a ser el de siempre en la Argentina: la falta de previsibilidad...