"Lo llamativo es que esa normativa fue instrumentada por los mismos libertarios en 2024 por lo que cancelaron su propia iniciativa después de que 1400 funcionarios propios la usaron y ahora pagarán durante años tasas ridículamente blandas en el Banco Nación para comprarse unidades onerosas que ni siquiera serán sus primeras viviendas.
¿POR QUÉ ELIMINAN UNA NORMA "CORRECTA"?
Banco Nación dio de baja créditos hipotecarios que tomaban los políticos
Luego de la polémica por la revelación de beneficios conseguidos por altos funcionarios y legisladores nacionales, hubo cambio de rumbo en el Banco Nación.
El presidente Javier Milei, en diálogo con el economista Antonio Aracre en la TV Pública, había realizado la semana pasada una enfática defensa de la idea libertaria.
Con tasas del 4,5% anual y plazos de hasta 30 años, dijo:
Detener la sangría, a toda costa
Tras un mes de escándalo continuo (y creciente) del caso Manuel Adorni, la Casa Rosada está comprobando con pavor que los números de aceptación de la gestión libertaria se desploman al nivel de haber dejado caer el proyecto de Ficha Limpia en el Senado.
Por ello, están intentando contener el costo político y la creciente indignación ciudadana por las arbitrariedades del Banco Nación.
Así se defendían en un canal de streaming dos de los beneficiarios: el secretario de Finanzas, Federico Furiase, y el asesor Felipe Núñez.
La mayoría de los créditos recayeron en funcionarios de Hacienda
La medida, formalizada a través de una circular, deroga un apartado de la Reglamentación 802 que permitía que personas en puestos políticos obtuvieran préstamos extraordinarios con una velocidad y montos inalcanzables para el ciudadano común.
La polémica estalló cuando se reveló que cerca de 40 dirigentes y altos funcionarios, muchos de ellos pertenecientes al Ministerio de Economía de la Nación que conduce Luis Caputo, habían calificado para créditos que rondaban, en promedio, el cuarto de millón de dólares.
Bajo la gestión de Daniel Tillard y su entonces vicepresidente Darío Wasserman, se alteró la resolución sobre "empleados del sector público" para incluir una aclaratoria que pasó desapercibida: el beneficio alcanzaba también a "cargos políticos designados por resolución o electivos".
Ese polémico apartado ya no existe.











