EXCLUSIVO 24

ESCUCHAS TELEFÓNICAS

Sainete de los Escuchadores: Con DNU, Alberto se los quita a la CSJN pero Piumato quiere afiliarlos

Al Frente de Todos le falta el rechazo de la Cámara de Diputados de la Nación para dejar sin efecto el DNU de Mauricio Macri que pasó las escuchas telefónicas de la Procuración a la Corte. Si se concreta el segundo paso legislativo volverían al primer lugar. En el medio, quedó patente la indefinición política de Alberto Fernández que por otro DNU podría evitar el trámite parlamentario y hacer el cambio, sin mencionar que los salarios de los casi 300 empleados de esa oficina salen de recursos del Tesoro y no del presupuesto judicial. En el medio, el gremio judicial de Piumato perdería con el traspaso los jugosos aportes de esos empleados. Y entonces ocurre la paradoja de que la CGT reclama por aquellos que al final son los mismos que los terminan espiando.

Algo quedó claro en el apartamiento de la agenda parlamentaria por la pandemia: Alberto Fernández no se quiso meter en el regreso de las escuchas telefónicas a la Procuración, donde estaban originalmente durante la gestión de Cristina Fernández cuando Alejandra Gils Carbó ocupaba ese sillón.

Por eso, en el Congreso de la Nación el Frente de Todos reactivó el debate del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Mauricio Macri que pasó a la Corte las escuchas y llevó el tema al recinto la semana pasada donde recibió el primer rechazo. Ahora le falta el de Diputados para dejar sin efecto esa decisión y hacer regresar la oficina de escuchas a la Procuración.

La movida oficialista rompió el acuerdo que existía con la oposición en el Senado para tratar en las sesiones telemáticas sólo proyectos que estén relacionados con la pandemia del coronavirus. Es lo que recordaron ayer los opositores de Juntos por el Cambio y el peronismo disidente antes de abandonar la sesión después de que se sancionó la Ley de Educación a Distancia.

El arduo trámite parlamentario para rechazar un DNU (la ley dice que ambas cámaras deben rechazarlo sino sigue vigente, algo que los oficialismos no suelen padecer porque suelen tener mayoría al menos en alguna cámara) podría haberse evitado si Alberto Fernández emitía otro decreto anulando el de Macri.

Esto se sustenta, además, en que quién paga los salarios de los casi 300 ‘escuchadores’ es el Tesoro de la Nación, por lo tanto ese dinero no sale del presupuesto judicial.

Entonces, no habría tanto enojo del kirchnerismo con la Corte como debería haberlo con Alberto Fernández por no haberse definido nunca políticamente sobre el tema de las escuchas en la Corte y no haber querido emitir un DNU, dejando al oficialismo en el parlamento con todo el peso y la demora de buscar los votos para rechazar el decreto macrista, especialmente en Diputados donde no tienen mayoría.

A ese problema se agrega otra polémica: Los casi 300 empleados que le quitarían a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) son 300 ‘superaportes’ menos a la obra social del gremio de los trabajadores judiciales de Julio Piumato, quien sufrirá un duro golpe financiero.

Por eso, la CGT esta pidiendo la incorporación a planta permanente de los escuchadores profesionales, es decir, los mismos que –entre otros- también espían a los sindicalistas.

Enterate de todas las últimas noticias desde donde estés, gratis.

Suscribite para recibir nuestro newsletter.

REGISTRATE

Dejá tu comentario