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ELECCIONES 2023

Vota ciudad de Córdoba: Control de drogas a municipales

¿Cuál fue el mensaje de Martín Llaryora de reglamentar el control de consumo de drogas a funcionarios de la ciudad de Córdoba, horas antes del comicio?

Obviamente hay un mensaje encubierto pero que es difícil evaluar sin más información. De todos modos, el gobernador electo de la Provincia de Córdoba e intendente en ejercicio de la intendencia de la ciudad de Córdoba, Martín Llaryora, reglamentó una ordenanza que exige controles de consumo de drogas ilegales a funcionarios municipales.

No lo hizo cualquier día. Lo hizo horas antes del comicio y cuando aún se comentan los casos de 'narcoconcejales', por algunos integrantes de la lista del candidato de Juntos por el Cambio, Rodrigo de Loredo. ¿Tiene algo que ver?

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  • "La reglamentación dispone que el gabinete y quienes se encuentran alcanzados por las disposiciones de la Ordenanza, deben presentar el resultado de análisis de laboratorio que acredite la realización del test, que puede realizarse en instituciones de salud públicas o privadas."
  • "El análisis deberá realizarse y presentarse de manera anual, antes del 31 de marzo de cada año, en el área de capital humano correspondiente a cada jurisdicción, sin perjuicio de la instrumentación de controles aleatorios."
  • "La norma también fija las medidas a adoptar en caso de incumplimiento: "En caso de incumplimiento del artículo 5 bis se aplica el procedimiento vigente de la repartición donde reviste el supuesto infractor."
  • "Y en la reglamentación se añade que se "comunicará dicha circunstancia a Asesoría Letrada en su carácter de Autoridad de Aplicación del Código de Ética, conforme a lo establecido por la Ordenanza N° 12.984 y sus modificatorias"."
  • "Simultáneamente se dará la intervención correspondiente a la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Córdoba, para que, a través de la Dirección de Políticas Sociales en Adicciones, o la que en el futuro la reemplace, realice el abordaje integral y tome las medidas de contención de la persona afectada."

Rechazo de denuncia

En tanto, la Junta Electoral Municipal, responsable del proceso electoral de las elecciones municipales de este domingo 23/07 en la ciudad de Córdoba, respondió a una denuncia penal que realizó la alianza Juntos por el Cambio, sobre supuestas irregularidades en la organización de estos comicios.

El colegiado -el exfiscal General de la provincia, Alejandro Moyano; María Ester Manfredi y Diego Alberto Albornoz; la jueza electoral es Miriam Beatriz Capone es la secretaria de la Junta, ninguno designado por Llaryora- respondió así:

“Las manifestaciones realizadas por una única agrupación política a escasas horas del acto electoral, pretendiendo poner en duda el accionar de la Junta, implican lisa y llanamente una acometida al derecho inalienable de la ciudadanía para participar en la votación, y constituyen un solapado intento de debilitamiento a las instituciones democráticas”.

Aquí puede comprenderse la denuncia:

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Pero el oficialismo había condenado ese comunicado de la Junta:

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La Junta Electoral se defendió:

  • “Todos los partidos políticos han ejercido durante dicho proceso los derechos que les competen conforme la normativa vigente, no existiendo ninguna petición formal pendiente de resolución”.
  • “Con el fin de brindar tranquilidad, la Junta Electoral Municipal informa lo siguiente: las invocaciones refieren (en la denuncia de Juntos por el Cambio) a tramos del proceso electoral que fueron desarrollados con absoluta normalidad, transparencia y dentro del marco de legalidad”.

Uno de los principales cuestionamientos es un aviso publicado en la edición impresa de La Voz del Interior del sábado 22/07 en el cual la Junta Electoral Municipal aclaró de manera llamativa que “NO (en mayúsculas) pondrán multas por no ir a votar”.

Al respecto, el jefe de campaña de Juntos por el Cambio, Juan Negri, aseguró: “La publicación en medios de comunicación de la Junta Electoral donde hacen hincapié en que no habrá sanciones a los ciudadanos que no acudan a votar, es una clara maniobra pergeñada por el oficialismo para que la sociedad no participe. Una verdadera afrenta a la democracia en el aniversario de los 40 años de la misma”.

Más allá de la polémica por el aviso de la Junta, Juntos por el Cambio hizo varias advertencia en su denuncia penal:

  • “todavía no están confirmadas las autoridades de mesa pese a que por ley deben estar notificadas 20 días antes de la fecha de los comicios. (Artículo. 18 inc. J de la Ordenanza 10.073)”.
  • para designar a las autoridades de mesa no se tuvo en cuenta los domicilios de los presidentes, los que en algunos casos, a asistir a zonas muy alejadas de sus domicilios particulares;
  • si bien se dio de baja el sistema Turing que tuvo muchos problemas en los pasados comicios provinciales, el municipio volvió a contratar a la empresa Ocasa-MSA, que recibió muchos reparos en el escrutinio provisorio de los comicios provinciales del 25/06.

La Junta Electoral rechazó todos esos argumentos.

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