Cristina Kirchner empezó a cumplir su condena por la Causa Vialidad en su casa, con tobillera electrónica. Su caso volvió a poner el foco en un problema cada vez más grave: la falta de dispositivos y el descontrol en el sistema de prisión domiciliaria en Argentina, donde cientos de personas esperan semanas o meses para acceder a uno.
HAY MÁS ARRESTOS QUE APARATOS
Tobilleras para pocos: Cristina ya tiene la suya, 4 de cada 10 presos no
Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria con tobillera electrónica. Pero en el país faltan dispositivos y muchos presos esperan el suyo hace meses.
Cristina con domiciliaria y tobillera: ¿pero hay para todos?
Cristina Fernández de Kirchner arrancó su prisión domiciliaria en Constitución, en el departamento de su hija Florencia, con una tobillera electrónica atada al tobillo. El Tribunal Oral Federal 2 la obligó a usar el dispositivo y le pidió que no genere conflictos con los vecinos. ¿Qué significa eso? Nadie lo sabe muy bien, pero lo que está claro es que el sistema de tobilleras electrónicas en Argentina está bastante saturado.
La tobillera que lleva la ex presidenta forma parte de un sistema que incluye monitoreo satelital 24/7, alertas si se viola el perímetro y una unidad instalada en el domicilio. Aunque suena avanzado, no siempre se cumple como debería. Hay personas que tienen concedida la domiciliaria por orden judicial, pero pasan semanas o meses esperando que les entreguen el dispositivo.
Y eso no es todo. Algunos están presos por delitos leves o por problemas de salud, con arresto aprobado, y no pueden salir del penal simplemente porque no hay tobilleras disponibles. Otros, en cambio, ya cumplieron con la pena o les levantaron la domiciliaria, pero siguen esperando que les vayan a sacar el aparato.
Faltan tobilleras y sobran excusas
Según datos del Ministerio de Justicia, al 31 de diciembre de 2022 había 12.015 personas con prisión domiciliaria en Argentina. De ese total, 6.744 usaban tobillera electrónica (56,1%) y las otras 5.271 estaban sin monitoreo electrónico. O sea que casi la mitad cumple la domiciliaria sin que nadie sepa si está realmente en su casa.
En la Provincia de Buenos Aires, que concentra más de la mitad de los casos (6.189 personas), la situación es mucho más grave. Los juzgados ya vienen denunciando demoras, falta de respuesta del Servicio Penitenciario y un "limbo legal" donde los jueces no tienen forma de hacer cumplir sus fallos porque nadie sabe cuántas tobilleras hay disponibles.
Además, el informe reveló que el 59,2% de quienes cumplen domiciliaria están procesados (es decir, sin condena firme), el 34,7% están condenados y un 6,1% tiene situación procesal indeterminada. Y si hablamos de género, el 72,7% son varones y el 27,2% mujeres, que aunque parezca poco, la proporción de mujeres con domiciliaria es mucho mayor que en el sistema penitenciario común, porque muchas tienen hijos o están a cargo de personas dependientes.
Otro dato fuerte: solo el 10,3% del total de personas detenidas en el país cumple arresto domiciliario. Y de esos, una gran parte está en espera o en condiciones irregulares. El 34,6% de los casos se vinculan con delitos de drogas, otro 13,5% con robos y el resto con distintos delitos, en su mayoría menores.
Por más que el sistema de tobilleras electrónicas creció un poco desde 2020, en 2022 se estancó: solo subió un 0,3% respecto al año anterior. Y encima, cada vez son más los jueces que denuncian que el sistema no tiene recursos, ni personal suficiente ni una base de datos clara para organizar las entregas y retiros de los dispositivos.
Así que mientras Cristina cumple su pena con tecnología de punta, cientos de personas siguen esperando una pulsera que, en teoría, ya deberían tener puesta.
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