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PEDIDO A ANÍBAL F.

"Terrorismo" o mapuches: El Sur pide a las Fuerzas Federales

El pedido a Aníbal Fernández del envío de Fuerzas Federales llega del sur, donde hubo ataques con armas, incendios y amenazas de muerte de "grupos terroristas".

La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, pidió al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, el envío de fuerzas federales a la región, tras el incendio en la oficina de informes turísticos en El Bolsón y el incidente de anoche en el campamento de Vialidad Provincial, camino al cerro Catedral, en Bariloche, cuando tres personas prendieron fuego un depósito, dos máquinas viales y dejaron amenazas "con leyendas mapuches".

El Gobierno de Río Negro presentará ante la Justicia Federal una denuncia por “terrorismo” por los ataques incendiarios contra la Oficina de Turismo de El Bolsón y un campamento perteneciente a Vialidad en esa localidad, y se solicitará la actuación de las fuerzas federales de seguridad para actuar en la región El Gobierno de Río Negro presentará ante la Justicia Federal una denuncia por “terrorismo” por los ataques incendiarios contra la Oficina de Turismo de El Bolsón y un campamento perteneciente a Vialidad en esa localidad, y se solicitará la actuación de las fuerzas federales de seguridad para actuar en la región

El titular de Vialidad Provincial, Raúl Grun, relató que el sereno fue quien detectó el atentado al llegar al lugar. Se encontró también con que dos personas estaban maniatadas en una vivienda próxima al campamento.

"Sucede que hay dos viviendas en ese sector. Una está ubicada a la entrada del campamento y está ocupada por personas ajenas a Vialidad. También hay un galpón que funciona como depósito de sal y arena para los operativos de despeje de nieve. Ese depósito lo prendieron fuego y de las tres máquinas que tenemos, quemaron dos", indicó el funcionario a 'Radio Seis' de Bariloche.

Fuentes policiales informaron que "del incidente, participaron tres personas encapuchadas, de las cuales una estaba armada".

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La gobernadora denunció terrorismo y pidió a Aníbal Fernández "el apoyo de las fuerzas federales porque los delitos así lo ameritan".

La gobernadora denunció terrorismo y pidió a Aníbal Fernández "el apoyo de las fuerzas federales porque los delitos así lo ameritan".

Además, se habrían llevado teléfonos celulares y dejado inscripciones "con leyendas mapuches y amenazas a autoridades judiciales y provinciales" (dirigidas a los fiscales Betiana Cendon y Francisco Arrien, al juez Ricardo Calcagno y a la propia gobernadora Arabela Carreras).

"El mensaje decía 'fuera los huincas´, otros textos alusivos y mencionaban su lucha de recuperación de tierras ancestrales", agregaron desde la institución policial.

El fiscal de turno Inti Isla encabezó un rastrillaje en el sector donde encontraron elementos vinculados al presunto atentado.

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Imagen del incidente en Bariloche, donde dejaron amenazas con una "leyenda mapuche". Foto: Río Negro.

Imagen del incidente en Bariloche, donde dejaron amenazas con una "leyenda mapuche". Foto: Río Negro.

La gobernadora Arabela Carreras confirmó que la provincia se constituirá como querellante por "el daño a propiedades de la provincia", en alusión al incendio del Centro de Informes Turísticos en El Bolsón y anoche, el incidente en el campamento de Vialidad Provincial, e informó que esta mañana, se comunicó con el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, para interiorizarlo de la situación y requerirle la presencia de las fuerzas federales de seguridad.

El Gobierno rionegrino invocará el Art. 213 bis agravado por el artículo 41 del Código Penal de la Nación, que indica que: "Se impondrá prisión o reclusión de cinco a veinte años al que tomare parte de una asociación ilícita cuyo propósito sea, mediante la comisión de delitos, aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo (...)". La norma hace referencia al uso de armas y agentes químicos, encuadrando estos últimos a los combustibles utilizados para los hechos vandálicos de El Bolsón El Gobierno rionegrino invocará el Art. 213 bis agravado por el artículo 41 del Código Penal de la Nación, que indica que: "Se impondrá prisión o reclusión de cinco a veinte años al que tomare parte de una asociación ilícita cuyo propósito sea, mediante la comisión de delitos, aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo (...)". La norma hace referencia al uso de armas y agentes químicos, encuadrando estos últimos a los combustibles utilizados para los hechos vandálicos de El Bolsón

" Este tipo de hechos no sólo son un ataque contra la institucionalidad de la provincia, sino que significan un eventual riesgo para nuestros vecinos. No vamos a permitir que se tome a los rionegrinos de rehenes en ninguna circunstancia", manifestó Carreras.

" No avalamos ningún tipo de violencia sin importar el sector del cual provenga, y repudiamos cualquier tipo de ataque, porque esta no es la forma de resolver las diferencias con el Estado", concluyó.

Amenaza de muerte

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Arabela Carreras adelantó que en el ataque al campamento de vialidad perpetuado anoche a las 23 horas "había una nota con amenazas de muerte a varias personas entre las cuales estoy incluida".

"Ambos hechos están siendo investigados, en el segundo hecho habría una nota con amenazas de muerte, un grupo se atribuye el delito y esto nos ha permitido armar la configuración del delito de terrorismo. Además amedrentaron a las personas que habitan allí, el cuidador y su familia", manifestó Arabela Carreras en declaraciones a una radio local.

"Lamentablemente estamos en una situación en donde se han producido hechos violentos, incendios a propiedades del estado provincial con amenazas de muerte a varias personas entre las cuales estoy incluida", concluyó.

Atentado en El Bolsón

Ayer a la madrugada ardió una oficina turística en el El Bolsón, a 120 km de Bariloche, que aún no había sido inaugurada, y según medios locales, el gabinete de Criminalística encontró un bidón con combustible a un costado del edificio.

Al hacer alusión al bidón, el secretario de Turismo de esa localidad, Bruno Hellriegel, sentenció: "Sabemos que fue un atentado".

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Imagen de la oficina destruida en El Bolsón.

Imagen de la oficina destruida en El Bolsón.

El intendente Bruno Pogliano y el secretario de Turismo, que se hicieron presentes en el lugar, radicaron la denuncia. Destacaron que varios comercios y vecinos de la zona pusieron a disposición sus cámaras de seguridad. Como el centro de informes no había sido inaugurado todavía, no se habían instalado las cámaras en ese lugar.

"Lamentablemente, no nos llamó la atención este incidente", confió Hellriegel al diario local 'Río Negro'. Y agregó: "Se viven situaciones muy complejas con grupos que vienen amenazando con hacer cosas raras desde hace tiempo. De hecho, el intendente ratificó esto en su denuncia. Hay grupos terroristas que quieren hacerle daño al municipio y a la provincia", manifestó el funcionario municipal.

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Imagen de la oficina destruida en El Bolsón.

Imagen de la oficina destruida en El Bolsón.

Insistió en que "hay una constante tensión social entre grupos que, se contrapone a la mayoría de la gente de El Bolsón que quiere vivir en paz y en democracia".

A través de sus redes sociales, Pogliano escribió: "Resulta llamativo que este ataque ocurra en días convulsionados para nuestra ciudad. Por eso, pido a la justicia que investigue, actúe con responsabilidad y celeridad y pueda esclarecer estos hechos atentan contra el crecimiento y desarrollo de una ciudad que tiene como motor económico al sector productivo".

Amenazas a fiscales de Bariloche

"El Poder Judicial de Río Negro seguirá buscando la solución pacífica del conflicto, más allá de las incesantes manifestaciones agraviantes y amenazantes recibidas por los fiscales intervinientes". De esta forma, el Ministerio Público Fiscal se expidió respecto a una serie de amenazas hacia la fiscal Betiana Cendón, a través de las redes sociales, este fin de semana.

"Serán investigadas formalmente, así como otros hechos, como el acaecido en la madrugada de hoy en oficinas pertenecientes al Estado provincial", señalaron a través de un comunicado, en alusión al incendio de El Bolsón.

En el mismo comunicado, la Fiscalía se refirió al conflicto ocasionado a partir de la ocupación en un predio de Cuesta del Ternero, a 30 kilómetros de El Bolsón. "Al día de la fecha -recalcaron-, no hay documento alguno que vincule de manera ancestral esas tierras con la comunidad indígena Lof Quemquentreu”.

"Es fundamental reafirmar que dichas tierras pertenecen al Estado Argentino y desde 1981, cuentan con un ocupante fiscal. Que las personas que allí se encuentran, no están privadas de su libertad y que seis hábeas corpus ya fueron rechazados por diversos jueces", recalcaron.

Insistieron en que el Estado Argentino sancionó la Ley 26.160 en 2006 "para formalizar el relevamiento territorial de comunidades indígenas dando respuesta a la situación de emergencia territorial de las Comunidades Indígenas del país". Esta ley fue prorrogada en tres oportunidades y vence en noviembre de este año, según publicó el diario 'Río Negro'. " En los 15 años de funcionamiento, nada consta acerca de que la Lof Quemquentreu sea propietaria ancestral de esas tierras. Por lo tanto, para el Estado, ese lote no pertenece a ninguna comunidad indígena", plantearon.

Especificaron que, "al ingresar a dichas tierras en horas de la madrugada y en comunidad de acción, ese grupo estaría cometiendo el delito de usurpación, que requiere de la intervención del Ministerio Público para hacerlo cesar" y mencionaron que, "en tres oportunidades (19, 20 y 21 de septiembre) se intentó una resolución pacífica del conflicto, cuando representantes de la Fiscalía Descentralizada ingresaron para mantener un diálogo".

Mencionaron también que, tras los "infructuosos" intentos por arribar a un acuerdo a partir del diálogo, el viernes 24 de septiembre, una autorización judicial permitió a la Fiscalía ingresar al lugar para identificar a los ocupantes y notificarlos de que se encontraban cometiendo un delito, que serían imputados y que podría habilitarse una nueva vía de diálogo "siempre que modificaran su actitud".

Dos de las 12 personas que allí se encontraban, entre ellas un niño de 8 años, abandonaron el lugar. Otras cuatro fueron aprehendidas y cinco huyeron para evitar ser imputadas. Horas más tarde, se realizó la audiencia de formulación de cargos, sin la presencia de las mujeres, que culminó con las primeras imputaciones de cuatro hombres.

Desde la institución, volvieron a destacar que "ninguna de las personas que ocupan esas tierras se encuentra privada de su libertad", tras la petición de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos para poder ingresar alimentos al lugar. En este sentido, desde la Fiscalía, recordaron que "el juez de Garantías determinó que quienes se encuentran ocupando las tierras de Cuesta del Ternero deben salir de ellas para satisfacer sus necesidades básicas" ya que "las personas que allí se encuentran lo hacen por propia voluntad y nada les impide movilizarse".

En otro punto, el Ministerio Público Fiscal señaló que seis habeas corpus fueron rechazados por diversos jueces provinciales. Las presentaciones correspondieron a organizaciones intermedias, como la APDH, Codeci y el Parlamento Mapuche a fin de poder ingresar alimentos y abrigo al lugar del conflicto.

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