Usurpaciones y tomas de terrenos, el delito que crece con la excusa de la pandemia

Las usurpaciones y tomas de terrenos, un fenómeno que se disparó especialmente en el Conurbano bonaerense en los últimos meses, durante la vigencia de la cuarentena, puso en el centro de la polémica una ley impulsada por el gobierno de Axel Kicillof y votada en la Legislatura en marzo pasado por el oficialismo y Cambiemos.

Se trata de la ley 15.172 que suspende las ejecuciones hipotecarias y desalojos en todo el territorio bonaerense hasta el 30 de septiembre de este año en casos de viviendas con destino familiar y en aquellos que contemplen "a un grupo de personas que puedan estar en situación de calle". 

Según los dueños de los terrenos usurpados, con una interpretación libre se está usando por un sector de la Justicia para no actuar ante las tomas de tierras, lo que significa un delito penado por el Código.

Según explicó el diario 'El Día' de La Plata, donde las usurpaciones y tomas también han crecido seriamente, la norma prohíbe los "lanzamientos", como se denomina en la legislación a los procesos de desalojo para un conjunto de casos. "Suspéndanse, en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires hasta el 30 de septiembre del corriente año toda ejecución o lanzamiento colectivos, sea en sede civil o penal, que afecten a una pluralidad de familias y que pueda producir un mayor número de personas en situación de calle, se encuentren o no en un barrio popular incluido en los registros oficiales", dice el texto de la ley.

Y, según los dueños de terrenos y parcelas usurpadas ilegalmente, la interpretación de esa ley estaría frenando procesos de desalojos. En los hechos, dicen, la norma sirve como principal respaldo a presentaciones que se vienen realizando para frenar desalojos en hectáreas ocupadas. La controvertida interpretación del texto indica que la prohibición de desalojos debe incluir además a los casos de usurpaciones que se produjeron después de sancionada.

"Nos deja con las manos atadas. La Justicia tiene que frenar desalojos a partir de presentaciones que se hacen en ese sentido, que dan una interpretación errónea a la ley", dice el propietario de un terreno tomado en el sur del Gran Buenos Aires que pide mantener su nombre en reserva.

Desde Juntos por el Cambio, Andrés De Leo, se defiende: "Claramente lo que buscó la ley es reducir el problema de conflictividad social, sobre todo para los inquilinos o quienes eran tenedores de créditos hipotecarios UVA. O para los que tienen una ocupación pacífica de hace años. No para que no se actúe ante un delito, como una usurpación".

Pero lo que ocurrió fue que aprovechando la situación, las tomas de tierras se dispararon con reiterados casos en La Plata, Guernica, Moreno, La Matanza y Merlo. 

Por caso, en el Departamento Judicial de Moreno, habría más de 60 desalojos en curso que ahora podrían quedar jaqueados por planteos en base a la aplicación de esta ley sancionada por la Legislatura en marzo.

"Según esta interpretación, solamente se puede frenar una usurpación si la Policía actúa en el momento exacto de la toma. De otra forma, no pueden hacer nada porque los 'lanzamientos' están suspendidos por esta ley", contó el propietario de 5 hectáreas ocupadas hace 15 días a pocos kilómetros de La Plata, en el partido de Presidente Perón.

Desde la oposición, desde la cual insisten en que esa interpretación no estaba en el espíritu de la ley presentaron un proyecto "aclaratorio", con la firma del platense Daniel Lipovetzky, detallando que la suspensión debe regir solo para las ejecuciones que hayan sido iniciadas antes de la entrada en vigencia de aquella norma, en marzo pasado.

En La Plata ya se registraron entre 18 y 22 intentos de usurpaciones este año. Hay focos en Florencio Varela, en Cañuelas, La Matanza y en los municipios de Pilar y de Presidente Perón. Y, con menos intensidad, entre los partidos de San Martín, Vicente López y Escobar.

El líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, habló sobre el tema en las últimas horas y dijo que existe "una oleada" de toma de tierras y que se va a profundizar.

Le respondió la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, María Eugenia Bielsa, quien no negó el déficit habitacional, pero señaló que "lo que está sucediendo respecto a las tomas, en muchos casos tiene que ver más con situaciones delictivas".

Desde La Plata hablan de situaciones sociales complejas. "El desempleo hace que las personas vayan siendo desplazadas a condiciones habitacionales cada vez más precarias", dicen.

El martes, el intendente de Pinamar, Martín Yeza, comunicó que logró frenar en ese distrito "dos nuevos" intentos de usurpaciones. "En ambos casos se clausuró, se intimó a presentar documentación y en ningún caso se logró acreditar titularidad", explicaron funcionarios de ese distrito.

En tanto, en Azul también el municipio debió intervenir días atrás ante una toma de terrenos del Estado provincial en la zona del Lago Güemes; en Mar del Plata, a mediados de junio ocurrió una toma de terrenos en el barrio Hipódromo, en el medio de un clima tenso; en tanto, en Bahía Blanca, el gobierno de Héctor Gay evitó la concreción de una usurpación que se había iniciado en la zona de El Pinar, cerca del cementerio local. 

Pero lo cierto es que esta situación excede la problemática en la provincia de Buenos Aires, e incluso el dilema de su ley mal interpretada.

Semanas atrás, en Bariloche, provincia de Río Negro, denunciaron el asentamiento de varias familias y la ocupación de un lote que iba a ser destinado a un espacio verde. Según medios locales, no podían desalojarlas porque "dicen tener una nota de Tierras y Viviendas".

Los vecinos, en efecto, denuncian que tienen el aval del Instituto de Tierras y Viviendas, pero el organismo no quiere responder.

En Viedma, capital rionegrina, las tomas son también una constante preocupación. Desde el municipio se clarificó ayer que se "va a tratar el tema de la tierra con la fuerza que tenía planificado atender esa problemática, entendiendo que la demanda es real, que el problema subyace a otras problemáticas".

En efecto, hubo una manifestación de vecinos de distintas tomas y barrios populares para que el intendente los atienda: "nosotros no vamos a ir a negociar con el privado, tenemos la necesidad que intervenga el municipio como representante del pueblo", declararon según el diario 'Río Negro'.

Según publicó la agencia 'Cadena 3', en Rosario, provincia de Santa Fe, concejales de Juntos por el Cambio denunciaron a una funcionaria que otorgó información sobre terrenos a grupos narcos, para que plantaran en esos lugares búnkers de venta de drogas.

Córdoba tampoco está al margen de este tipo de situaciones y, por esto, la diputada de la Nación, Soher El Sukaria presentó un proyecto de ley para agravar las penas de este tipo de delitos.

"Estamos trabajando duro desde hace un mes en el tema, preocupados por actividades que vienen avanzando en el país de usurpación de tierras. Puntualmente, dialogué con vecinos de alrededores de barrio Liceo que estar preocupados por la situación. Interpelamos al jefe de Gabinete y presentamos un proyecto de ley agravando las penas", contó a 'Cadena 3'.

Al ser consultada sobre los dichos de Juan Grabois, expresó: "Frente a la incertidumbre que vivimos, la crisis sanitaria y económica, un dirigente político y social no puede salir a dar semejante declaración".