Castelar: Las víctimas piden que el Gobierno deje de filtrar información

Además se pide que se prohíba a Roggio y Romero salir del país y la realización de pericias contables en las cuentas de Metrovías y Ferrovías a fines de determinar el destino que dieron a los subsidios recibidos del Ministerio de Interior y Transporte que conduce Florencio Randazzo.

Según informa este 17/06 el portal Infoabe, mediante un escrito que presentaron con el patrocinio del abogado Gregorio Dalbón ante la Justicia Federal de Morón, las víctimas pidieron la indagatoria de Roggio y Romero, titulares de los grupos económicos que conforman UGOFE (Unión de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia) y que “tienen a su cargo la explotación de la línea férrea donde tuvo lugar el luctuoso hecho investigado, resultan ser penalmente responsables de su comisión en atención a que el mismo pudo haberse derivado de una injustificable falla del sistema de frenos de la formación embistiente”.

Dalbón también se pidió al juez federal Jorge Rodríguez que allane las dependencias de UGOFE y de la ex línea Sarmiento “para proceder al secuestro de toda la documentación relativa a los controles efectuados sobre el sistema de frenos ” de las formaciones, “los legajos correspondientes a los conductores, las revisiones técnicas de dichas formaciones así como también cualquier otro dato de interés para la dilucidación de la causa”.

Adiocnalmente, como medida de prueba, en caso que el juez le acepte ser querellante en la causa, Dalbón sugirió que se cite a declarar como testigos a Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte; a Alejandro Ramos, responsable del área del Ministerio de Transporte de la Nación; y a Marcos Antonio Córdoba, el motorman que protagonizó la tragedia ferroviaria de Once y va a juicio con otros imputados.

 Por último, pidió la realización de una pericia contable sobre UGOFE, pero “también sobre las cuentas corrientes, cajas de ahorro, fideicomisos dentro y fuera del país cuya titularidad sea atribuible a Gabriel Romero, Aldo Benito Roggio  y a la totalidad de las sociedades vinculadas con los mismos” para conocer el destino de los subsidios estatales que recibieron los concesionarios por parte del Estado.

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Un punto importante de lo que solicitaron las víctimas está relacionado con la información de la causa que está difundiendo el Gobierno nacional para argumentar la teoría del sabotaje. En ese sentido se le reclamó al juez de la causa que se prohíba al Estado “revelar secretos” de la investigación judicial para “la preservación de la prueba y para impedir que su artera manipulación sea utilizada para mejorar la situación procesal de los imputados” y que de no ocurrir esto se lo denuncie al ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, quien fue el encargado de mostrar los videos que recrean lo que supuestamente ocurrió antes del choque de trenes junto con la CNRT, que difundió fotos de la cabina del conductor que supuestamente aceleró para embestir su formación Chapa 1.