Pullaro tiene casi listo el proyecto de la reforma jubilatoria de Santa Fe

El 31 de julio, la comisión integrada por funcionarios del Ejecutivo, diputados, senadores y representantes de los gremios públicos para analizar la situación de la Caja se reunió por última vez. Una semana después le presentaron al Gobierno de Pullaro el informe con las conclusiones a las que llegaron y ahora será el Ejecutivo quien deberá elaborar el proyecto de ley.

La posición del Gobierno respecto a la situación de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe fue clara. Pullaro, prácticamente desde que asumió, informó que era necesario una reforma previsional porque la Caja tiene una deuda cercana a los $40 mil millones mensuales. El gobernador informó que para hacerle frente al déficit se deben sacar fondos de Rentas Generales, lo que implica que los trabajadores privados aporten para sostener el esquema de jubilaciones de los públicos.

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El Gobierno de Maximiliano Pullaro presentará la semana que viene el proyecto de ley para la reforma jubilatoria de la Caja de Santa Fe.

Desde un comienzo Pullaro se encontró con la oposición de los gremios para llevar adelante la reforma jubilatoria. En forma unánime, UPCN, ATE, Festram y Amsafé, los cuatro gremios que integraron la comisión evaluadora, niegan que la deuda expuesta por la provincia sea real, al mismo tiempo que le exigen al gobernador que le reclame a Nación los $700 mil millones que le debe a Santa Fe para pagar el déficit de la Caja.

Cabe destacar que Santa Fe diez días atrás impuso una demanda ante la Corte Suprema de Justicia para que el Gobierno de Javier Milei restablezca los anticipos mensuales automáticos que hacía la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) con la Caja de Jubilaciones de los estatales de Santa Fe.

Los gremios que más oposición mostraron con respecto a la reforma fueron Amsafé, de los docentes públicos, y Festram, de los empleados municipales de la provincia, los cuales exigen mantener: la edad jubilatoria de las mujeres, el 82% móvil, el sistema solidario de reparto estatal y el porcentaje de aporte que realizan los activos.

En el caso de la edad jubilatoria de las mujeres, el Ejecutivo pretende extenderla cinco años e igualarla con la de los hombres, desde los sesenta a los sesenta y cinco. Este cambio tiene dos argumentos: que al jubilarse cinco años antes, las mujeres representan el 70% de los beneficiarios de la Caja, y que tienen una expectativa de vida que superior a los hombres también en cinco años.

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Además, el Gobierno quiere establecer un esquema progresivo de aportes, para que los trabajadores con mayores ingresos aporten un porcentaje mayor a la Caja de Jubilaciones de Santa Fe. Actualmente, todos los trabajadores de la provincia aportan el 14,5% de sus salarios al sistema, mientras que el Estado aporta el 17,2%.

Las recomendaciones de los legisladores para la reforma jubilatoria

En el informe presentado al Poder Ejecutivo, los legisladores que analizaron la situación dejaron las siguientes recomendaciones:

• Evaluar la implementación de incrementos en los porcentajes de aportes, de acuerdo con la estructura salarial, siguiendo una escala creciente, a mayor ingreso mayor aporte.
• Aplicar el máximo de la escala de aportes a autoridades políticas y personal de gabinete del gobierno provincial, incluidas las de entes autárquicos y descentralizados, sociedades del Estado; legisladores, funcionarios y asesores políticos del Poder Legislativo; vocales del Tribunal de Cuentas; Defensoría del Pueblo, magistrados, fiscales, defensores y funcionarios del Poder Judicial.
• Considerar un aporte extraordinario por parte del personal que ingrese como nuevo afiliado al régimen de la Caja, siguiendo lo previsto en otros sistemas previsionales (ciudad de Santa Fe, Rosario, entre otros).
• Eliminar la compensación de años de servicio por falta de años de edad.
• Para acceder a los beneficios de esta Caja, no se deben considerar los aportes realizados a Anses u otros sistemas que fueran adquiridos a través de una moratoria o mecanismo similar que reconocen años de servicio sin que, efectivamente, hayan sido prestados.
• Establecer como unidad de medida para fijar el tope de haberes el valor de la jubilación mínima o un porcentaje del haber del gobernador.
• Computar el haber máximo por beneficiario y no por beneficio.

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