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¿Y la libertad? Crece el rechazo opositor a los superpoderes otorgados a la Policía Federal

La libertad llegó pero para los funcionarios de la Policía Federal, a quienes el Gobierno le entregó superpoderes. La oposición advierte que es peligroso.

Una decisión polémica del Gobierno abrió un nuevo frente de batalla con la oposición: los superpoderes otorgados a la Policía Federal. Si bien Javier Milei pregona "la libertad", la dirigencia opositora advierte que el Ejecutivo aplica medidas "autoritarias" y advierten que el tema se trasladará a la agenda parlamentaria.

El malestar y críticas de la oposición se debe al reciente decreto del Ejecutivo que anuncia modificaciones dentro de la PFA que se tornan polémicas. Eso encendió alarmas entre legisladores de la oposición, que denuncian una "avanzada autoritaria" al modificar el estatuto de la Policía Federal Argentina (PFA) sin pasar por el Congreso.

Entre otras cuestiones, el nuevo marco habilita prácticas como ciberpatrullajes y requisas sin orden judicial, lo que disparó duras críticas por parte de dirigentes de distintos espacios políticos.

Libertad para la Policía Federal

El decreto 383/2025, firmado por el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, redefine las competencias de la PFA, limitándolas a delitos federales y complejos, y culmina formalmente su participación en tareas de seguridad dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, el punto más controvertido es el artículo 6, que permite intervenciones policiales sin requerimiento de autorización judicial.

Desde Unión por la Patria, el diputado José Glinski —ex titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y actual vicepresidente de la Comisión de Seguridad Interior— fue uno de los primeros en salir al cruce:

“El Gobierno está institucionalizando un esquema sin controles. No hay intervención del Congreso ni del Poder Judicial, lo que es extremadamente grave”, advirtió.

Según el legislador, la normativa "legitima conductas que ya venía aplicando la administración nacional sin respaldo legal" y advirtió sobre la tendencia a concentrar poder en el Ejecutivo. “La reforma está cargada de disposiciones cuestionables, y se impuso por decreto, sin consenso ni debate democrático”, señaló.

La oposición critica la medida

Las críticas no tardaron en multiplicarse. El diputado nacional Leopoldo Moreau también apuntó contra el avance del Ejecutivo sobre facultades institucionales: “Esto confirma la deriva autoritaria del gobierno de Milei. Ya vimos señales claras con la detención de Juan Grabois y el cerco al Congreso cada vez que hay movilizaciones”.

En la misma línea se expresó la diputada Mariela Coletta (Democracia para Siempre), quien consideró que estas decisiones “limitan las libertades en nombre del orden”, y cuestionó la falta de intervención parlamentaria. “Una norma de este calibre no puede aprobarse a espaldas del Congreso”, subrayó.

Su compañero de bancada, Fernando Carbajal, fue más tajante al calificar el nuevo esquema como “un estado de sitio encubierto”. “El Gobierno está habilitando detenciones arbitrarias, sin intervención judicial. Esto es incompatible con cualquier sistema democrático”, advirtió.

Autoritarismo sí, libertad no

Por su parte, Margarita Stolbizer denunció que el nuevo estatuto “es una puerta abierta a la persecución política”. En sus redes sociales, escribió:

“Esto no es libertad ni orden. Es miedo. Es volver a prácticas del pasado que la Argentina había dejado atrás. Una república no puede funcionar bajo el temor de ser detenido por opinar distinto”.

Mientras tanto, el Gobierno sostiene que la reforma responde a la necesidad de adaptar a la PFA a los nuevos desafíos del crimen organizado y la criminalidad digital. No obstante, el rechazo opositor anticipa que el tema será motivo de una fuerte disputa institucional en las próximas semanas.

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