Milei habló de 30.000 "terroristas" deportados y la oposición le exige que muestre los números

El diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, presentó un pedido de acceso a la información pública y un pedido de informes dirigido al Ministerio de Seguridad y a la Dirección Nacional de Migraciones para que detallen el alcance de las expulsiones mencionadas por el mandatario.

El episodio comenzó durante una entrevista de Milei con Luis Majul en LN+. Mientras hablaba sobre los distintos obstáculos que, según su interpretación, enfrentó su administración, el Presidente introdujo el tema de las deportaciones.

Las declaraciones de Javier Milei

“Los 10.000 terroristas que echamos el año pasado. ¿Sabés cuántos llevamos echados este año?”, planteó Milei. Luego precisó: “El año pasado, 10.000; este año ya llevamos 20.000”.

Cuando el periodista le preguntó quiénes eran esas personas y de qué nacionalidades provenían, Milei respondió que se trataba de extranjeros que ingresaban al país con objetivos desestabilizadores. “ Son gente que se infiltra de otros países para venir a tratar de dinamitar el modelo argentino”, sostuvo.

La magnitud de la afirmación despertó la reacción de Ferraro, quien busca determinar si las cifras mencionadas por el jefe de Estado corresponden a expulsiones efectivamente concretadas y, especialmente, bajo qué criterio esas personas fueron calificadas como terroristas.

“Una afirmación de esta gravedad exige saber cuántas fueron efectivamente expulsadas”, sostuvo el diputado al anunciar su presentación.

Qué quiere saber la oposición

El planteo apunta a separar las diferentes categorías migratorias y conocer qué hay detrás de los números que expuso Milei.

Ferraro solicitó que el Gobierno informe la cantidad total de extranjeros que durante 2025 y 2026 abandonaron el territorio argentino o no pudieron ingresar por decisión de las autoridades. El pedido exige que la información sea discriminada por mes y según la figura jurídica utilizada en cada procedimiento.

Pero el punto central pasa por otro lado: determinar cuántos de esos casos estuvieron realmente relacionados con terrorismo.

El diputado pidió conocer cuántas expulsiones, rechazos o inadmisiones fueron dispuestas por causales vinculadas al terrorismo o a su financiamiento previstas en la legislación migratoria. También reclamó información sobre eventuales imputaciones, procesamientos o condenas de esas personas, tanto en la Argentina como en otros países.

La presentación incorpora además una pregunta concreta sobre el RePET, el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento. Ferraro quiere saber cuántos de los extranjeros mencionados por Milei estaban incluidos allí y qué antecedentes respaldaron esa eventual clasificación.

¿De dónde salieron los 10.000 y los 20.000?

Otro interrogante apunta directamente al origen de las cifras presidenciales.

Ferraro solicitó al Ministerio de Seguridad y a Migraciones que indiquen si alguno de esos organismos entregó a Presidencia los datos que posteriormente Milei presentó públicamente como “10.000 terroristas” deportados durante 2025 y otros 20.000 durante 2026.

También busca establecer qué definición utiliza oficialmente el Ministerio de Seguridad para considerar a una persona como “terrorista” dentro de sus registros y estadísticas, y qué normativa sostiene ese criterio.

La distinción no es menor. Una deportación, una expulsión migratoria o el rechazo del ingreso al país no implican por sí mismos que la persona involucrada haya cometido un delito de terrorismo.

Por eso, la presentación pretende conocer qué proporción de las 30.000 personas mencionadas por el Presidente tuvo efectivamente una causa, imputación, condena o antecedente relacionado con ese tipo de delitos.

La frase sobre “dinamitar” el modelo también quedó bajo análisis

Ferraro avanzó incluso sobre otra parte de las declaraciones presidenciales: la afirmación de que extranjeros habrían ingresado a la Argentina para intentar “dinamitar el modelo argentino”.

El legislador pidió que Seguridad informe si existen actuaciones, investigaciones o registros de las fuerzas federales que hayan identificado personas provenientes de otros países con el propósito de desestabilizar el programa económico del Gobierno.

En caso de que esos antecedentes existan, también reclama conocer si fueron realizadas denuncias judiciales y qué intervención tuvieron los tribunales.

De esta manera, una declaración que comenzó durante una entrevista televisiva pasó al terreno institucional. Milei puso sobre la mesa una cifra de enorme magnitud: 30.000 extranjeros a los que calificó como “terroristas” deportados en menos de dos años.

La oposición ahora busca que el Ejecutivo abra los registros y explique cómo se construyó ese número, qué situaciones migratorias incluye y, sobre todo, cuáles son los elementos utilizados para sostener una calificación tan sensible como la de terrorismo.

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