Impulsan una "Ley de Salvataje Nacional" para frenar el cierre masivo de PyMEs: Qué proponen

La iniciativa, impulsada por Miguel Ángel Pichetto, Julia Strada, Sergio Palazzo, Vanesa Siley y Carlos Cisneros, propone una batería de medidas económicas y financieras para aliviar la situación de las PyMEs en medio de la caída del consumo, el aumento de costos y la apertura importadora.

Qué dice el proyecto de ley

El proyecto fue denominado “Ley de Salvataje Nacional de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas” y apunta a sostener el empleo formal y evitar el cierre de firmas en todo el país.

“Sin MiPyMES no hay reconstrucción económica posible”, sostienen los fundamentos de la iniciativa.

Qué empresas PyMEs quedarían alcanzadas

La propuesta abarca a micro, pequeñas y medianas empresas de los sectores industrial, comercial, de la construcción y de servicios que cuenten con certificado MiPyME vigente.

Quedarán excluidas las empresas en quiebra y aquellas cuyos titulares o directivos tengan condenas firmes vinculadas a delitos tributarios, aduaneros o corrupción.

Tarifas con descuentos y alivio fiscal

Uno de los puntos centrales del proyecto es la reducción del 50% en las tarifas de luz, gas y agua para las PyMEs alcanzadas por la emergencia.

Además, plantea bajar también un 50% el IVA aplicado a esos servicios cuando sean utilizados en procesos productivos.

La iniciativa crea también un régimen especial de regularización de deudas impositivas, previsionales y aduaneras para obligaciones acumuladas desde enero de 2025.

Las microempresas podrían acceder a la condonación total de multas e intereses y financiar deudas en hasta 60 cuotas. Las pequeñas empresas tendrían quitas del 75% y las medianas tramo I del 50%.

Otro de los beneficios incluidos es la exención del impuesto al cheque para las PyMEs adheridas.

Reintegro de IVA y cuenta tributaria única

El proyecto propone además devolver a consumidores el 25% del IVA en compras de productos de primera necesidad realizadas en comercios PyME.

Ese reintegro debería concretarse en un plazo máximo de 30 días desde la compra.

También se plantea crear una “Cuenta Tributaria Única” dentro de ARCA para simplificar trámites fiscales y permitir compensaciones automáticas entre créditos y deudas tributarias.

Según los autores, la medida busca mejorar la liquidez de las empresas y reducir burocracia.

Beneficios para proveedores del Estado

Otro capítulo importante apunta a agilizar pagos a empresas que trabajen con el Estado nacional.

La propuesta establece que las facturas de proveedores MiPyME deberán pagarse en un máximo de 30 días corridos.

Además, fija que el 30% de las compras centralizadas de la Administración Pública Nacional deberán adjudicarse a PyMEs, siempre que sus precios no superen en más de un 15% la mejor oferta competidora.

Góndolas y tecnología

La iniciativa también busca garantizar presencia de productos nacionales en supermercados.

Por eso propone que grandes establecimientos comerciales destinen al menos un 30% del espacio en góndolas y exhibidores a productos elaborados por PyMEs argentinas.

En paralelo, crea un fondo especial para financiar la transformación digital de pequeñas y medianas empresas mediante créditos a tasa cero y aportes no reembolsables destinados a software, automatización y ciberseguridad.

A eso se suma un bono fiscal del 50% para aquellas empresas que desarrollen proyectos tecnológicos junto a universidades o instituciones científicas.

Protección del empleo y asistencia financiera

• El proyecto obliga a las empresas beneficiadas a preservar puestos de trabajo durante la vigencia de la emergencia.
• En caso de despidos sin causa, podrían perder los beneficios otorgados por la ley.
• En materia financiera, se propone ampliar líneas de crédito productivo y aumentar la participación de aseguradoras en instrumentos de financiamiento para PyMEs.

También se incluyen medidas vinculadas al comercio exterior: exenciones de derechos de exportación para incrementos en ventas al exterior y eliminación de aranceles de importación sobre insumos y bienes de capital necesarios para producir.

Un régimen especial para evitar quiebras

Uno de los puntos más novedosos del proyecto es la creación de un Régimen de Reestructuración Preventiva de Pasivos.

La herramienta permitiría a las PyMEs en crisis suspender ejecuciones, subastas y pedidos de quiebra mientras negocian acuerdos con acreedores para continuar funcionando.

El mecanismo contempla períodos de negociación de hasta 90 días prorrogables y permite refinanciaciones, reprogramación de pagos y reestructuración de deudas.

Los créditos laborales quedarían protegidos y mantendrían todos sus privilegios legales.

Los argumentos detrás del proyecto

En los fundamentos, los autores advierten sobre un fuerte deterioro de la actividad económica y aseguran que miles de empresas atraviesan una situación crítica.

Según datos citados en el proyecto, la utilización de la capacidad instalada industrial ronda actualmente el 53,8%, un nivel comparable al peor momento de la pandemia.

Además, sostienen que entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025 desaparecieron 9.300 empresas registradas en el país.

El texto también señala que entre noviembre de 2023 y enero de 2026 cerraron más de 24 mil unidades productivas y se perdieron cerca de 290 mil puestos de trabajo formales.

“Esta Ley de Salvataje Nacional se presenta como una herramienta de consenso, necesaria y urgente”, sostienen los impulsores de la iniciativa, quienes aseguran que el objetivo es evitar que “la política económica oficial se lleve puestas a las MiPyMES que siguen en pie”.

El proyecto completo a continuación:

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