El Cels asegura que Milei quiere terminar con la "Memoria, verdad y Justicia": Por qué

“Terrorismo de Estado y Políticas de Memoria, a seis meses del Gobierno de Javier Milei”, es el título del informe que eligió el CELS para criticar con dureza al Gobierno nacional; y en ese relevamiento se expusieron algunas decisiones del mileismo respecto de, por ejemplo, la disolución de los equipos de Relevamiento y Análisis de los archivos de las Fuerzas Armadas; la decisión de dejar de elaborar registros audiovisuales sobre los juicios de lesa humanidad y la suspensión de las reparaciones que recibían las víctimas de la última dictadura cívica militar.

"A seis meses de iniciada la gestión, el gobierno de Javier Milei desmanteló, total o parcialmente, políticas claves para el proceso de memoria, verdad y justicia. El relevamiento de archivos de las Fuerzas Armadas y el registro audiovisual de los juicios por delitos de lesa humanidad son dos ejemplos. A otras políticas, como las reparaciones, las pusieron en suspenso o las fueron debilitando, entre ellas las relacionadas con la preservación y funcionamiento de sitios de memoria", describe el informe.

Qué denunció la CELS en su relevamiento

En ese sentido, el organismo denunció que la política de "memoria, verdad y justicia" desde que asumió Milei se ve afectada "por una combinación del ajuste general de los fondos públicos y el desfinanciamiento y/o vaciamiento de estructuras".

En ese contexto, ejemplificaron que, en marzo, fueron despedidos dieciocho trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y aunque el Gobierno los reincorporó, denuncian que lo hizo en condiciones "de extrema precariedad y con contratos trimestrales".

Por otro lado, mostraron con preocupación los discursos "negacionistas" de algunos funcionarios del mileismo, y cuestionaron que todas las políticas de Derechos Humanos estén siendo demonizadas y catalogadas por el propio Gobierno como "curros".

"... Los discursos reiterados de los máximos funcionarios del gobierno que caracterizan al proceso de justicia como un acto de hostigamiento y humillación a las Fuerzas Armadas, a las políticas de memoria y educación en derechos humanos como adoctrinamiento, a las políticas de reparación como un “curro” de los organismos de derechos humanos y del colectivo de víctimas, y a las políticas de relevamiento de archivos de las Fuerzas Armadas como un “accionar paraestatal”, describe el informe.

Y agrega: "El nuevo gobierno sostiene posiciones revisionistas y negacionistas de los crímenes de lesa humanidad cometidos por las Fuerzas Armadas durante la última dictadura".

"Este tipo de posiciones representan un daño mayúsculo a la construcción social, política e institucional que simboliza el Nunca Más para la democracia, un piso común de acuerdo y convivencia al que se comprometieron todos los gobiernos previos, los tres poderes del Estado y el Ministerio Público Fiscal de la Nación", denunciaron.

Milei y el desmantelamiento

Por otro lado, el informe asegura que el Gobierno ejerce un desmantelamiento total en torno a las políticas de DDHH, y en esa línea criticó la decisión del Ministerio de Defensa, que puso fin a la labor del Equipo de Relevamiento y Análisis documental de los archivos de las Fuerzas Armadas (ERyA), que había sido creado en marzo de 2010 (Resolución 308/2010).

"Este equipo reconstruyó información clave a partir del trabajo archivístico y contribuyó al proceso de justicia con documentación que permitió conocer estructuras y cadenas de mando del sistema represivo, así como identificar personal militar involucrado en acciones ilegales", describieron.

En ese orden, agregaron: "El actual ministro de Defensa calificó al equipo como “un grupo de persecución y macartismo” y cuestionó su legalidad al calificarlo de “parajudicial”. Con esos argumentos, despidió a diez de los trece expertos en archivos de las Fuerzas Armadas y desplazó de sus tareas a los otros tres. El Ministerio no explicó cómo responderá en adelante los pedidos de información de jueces y fiscales que este equipo tramitaba, ni cómo se preservarán los informes y los anexos documentales que produjeron".

Por otro lado, denunciaron que el Gobierno "también desmanteló" el Programa Memoria Colectiva e Inclusión Social (MECIS) dependiente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), que filmaba las audiencias en los juicios por delitos de lesa humanidad en todo el país. "Al despedir a seis de los siete trabajadores audiovisuales que realizaban sus tareas en los tribunales federales, resulta imposible sostener el registro", lamentaron.

Por último, recordaron que a seis meses de Gobierno aún se encuentra vacante la Dirección Nacional dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que debe coordinar el trabajo del Archivo Nacional de la Memoria, a cargo del resguardo del archivo de la Conadep, entre otra documentación crítica.

Para resumir su informe, la CELS redactó títulos que detallan brevemente cuáles son hasta ahora las medidas que tomó el Gobierno de Milei en materia de "memoria, verdad y justicia":

• Desmantelamiento del Equipo de Relevamiento y Análisis documental de los archivos de las Fuerzas Armadas que aportó evidencias a los juicios. Amenaza de persecución penal a sus trabajadores.

• Desmantelamiento del equipo de filmación de los juicios por crímenes de lesa humanidad (Programa Memoria Colectiva e Inclusión Social) conformado por convenio entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.

• Interrupción de la Mesa sobre documentación de inteligencia vinculada a violaciones a los derechos humanos, creada a través de la Resolución 467/2021 en la Agencia Federal de Inteligencia

• Falta de nombramientos en puestos claves como la dirección del Archivo Nacional de la Memoria, a cargo del resguardo del archivo de la Conadep, y de la Dirección Nacional de Sitios de Memoria.

• Desfinanciamiento de los sitios de memoria en todo el país, precarización laboral de los equipos e interrupción de obras.

• Dilación temporal de la política de reparaciones económicas y denuncias generalizadas que pretenden extender sin sustento la sospecha de corrupción sobre la totalidad de la política pública.

• Negativa a aportar información a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad en expedientes para localizar niños apropiados

• Calificación como “acciones de adoctrinamiento” a los contenidos pedagógicos sobre la última dictadura trabajados en escuelas y sitios de memoria.

• Auspicio de actos reivindicatorios de la dictadura convocados en el ex campo de concentración y actual Espacio Memoria y Derechos Humanos Ex Esma, y en recintos militares.

• Centralidad de argumentos negacionistas y reivindicatorios en el discurso de los máximos funcionarios del gobierno:

1. Negación del carácter sistemático de los crímenes
2. Minimización o desconocimiento de los graves delitos cometidos
3. Justificación de la violencia estatal
4. Deshumanización de las víctimas
5. Declaraciones a favor de la impunidad de los represores

• Hostigamiento y descalificación constante a organismos de derechos humanos y a sus integrantes en forma personalizada.