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SUSPENSIÓN Y MODIFICACIÓN

Economía del Conocimiento: El Gobierno demora los cambios y los ‘unicornios’ desesperan

Mie, 22/01/2020 - 3:50pm
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Por Urgente24

En mayo de 2019 el Congreso sancionó por unanimidad el proyecto conocido como de promoción de la “economía del conocimiento”. Si bien se trata de una ley sancionada en el gobierno de Néstor Kirchner, los K se negaban a ampliar sus beneficios pero terminaron accediendo porque se esperaba que el sector genere más de 200.000 puestos de trabajo y unos US$ 15.000 millones en exportaciones para 2030. Pero ahora en el Gobierno, decidieron suspender la norma para hacerle modificaciones. Apuntan a diferenciar a qué tipo de empresas e industrias se les dará los beneficios. La idea sería limitarlos para las grandes empresas grandes y apoyar más a las PyMes. La cámara que agrupa a las firmas del sector advirtió que “diferenciar entre grandes y chicas no va a ayudar”.

Alberto Fernández y la polémica por la ley de Economía del Conocimiento
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En 2019 la Ley de la Economía del Conocimiento tuvo media sanción en Diputados con 182 votos afirmativos contra 2 negativos, y luego en el Senado se convirtió en ley por unanimidad.

Se pensaría que con semejante nivel de apoyo, incluso del actual oficialismo que votó masivamente a favor, estaríamos frente a una política de Estado en la materia, pero la norma no duró ni un año en sus efectos.

Es cierto que en el debate parlamentario la principal crítica que recibió la Ley fue su complejidad para determinar qué empresas podrán acceder a sus beneficios.

Esa idea fue retomada por el gobierno de Alberto Fernández para decidir recientemente la suspensión de los plazos para analizar y procesar las solicitudes de adhesión al régimen de promoción “hasta el momento en que sea dictada la normativa complementaria correspondiente", según se resolvió en el artículo 3 de la Resolución 30/2020, publicada en el Boletín Oficial el lunes 20/1.

La ventajas para las compañías contempladas en la 27.506 debían entrar en vigencia a partir de enero de este año, pero ahora todo quedó frenado hasta que el Gobierno envíe al Congreso la modificación a la norma.

A pesar de que la polémica el año pasado se centró entre el gigante Mercado Libre y el dirigente social Juan Grabois en relación a los beneficios estatales para una empresa privada de valor superior a los US$ 1000 millones, más allá del software también se verían beneficiados la biotecnología, la industria satelital y otras actividades que tengan que ver con el desarrollo científico.

Ante la novedad, Luis Galeazzi, director ejecutivo de Argencon, una entidad que agrupa a empresas del sector como Globant, JP Morgan, Exxon Accenture, Deloitte, Microsoft, PwC, Chevron, American Express y Oracle, entre otras, dijo a Infobae: “Hay un diálogo fluido, con conversaciones positivas, pero entramos en un limbo que tendrá efecto en los negocios. No vemos una intención de bloquear la ley, pero muchos proyectos entrarán en un impasse, ya que hoy no está claro cuál es el marco regulatorio”.

“No vemos el sentido de restringir los beneficios por esta vía, es algo muy discutible. Las grandes empresas son las que más contribuyen a aumentar las exportaciones y el empleo. Si la intención del Gobierno es crear trabajo, el Estado debe apoyar a todo el ecosistema, tanto grandes como chicos. ¿Por qué castigar justamente a las que más lo generan? Diferenciar entre grandes y chicas no va a ayudar”, señaló el empresario.

Otra reforma relevante en la ley que Argencon juzga negativa es eliminar la estabilidad fiscal por 10 años, un criterio que ya estaba presente en la ley de software y que significaba que a las empresas no podían aplicárseles nuevos impuestos por ese período a contar desde su registración en el régimen.

“Eliminar esa estabilidad fiscal significa perder uno de los grandes beneficios que tenía el ordenamiento jurídico argentino. Así, entramos en un limbo donde los negocios no pueden planificarse con un marco regulatorio preciso," dijo Galeazzi.

Desde el Gobierno nacional afirman que quieren que los alcances de la ley lleguen a las compañías “estrictamente asociadas” a la tecnología y el conocimiento.

Ante las dudas que generó la suspensión de la ley, el Ministerio de Desarrollo Productivo tuvo que aclarar oficialmente que "desde el Gobierno Nacional estamos absolutamente convencidos de la importancia del sector de la economía del conocimiento y su aporte al desarrollo del país, por eso trabajamos para que los cambios estén orientados a incrementar los beneficios para las Pymes y que estén disponibles en el corto plazo".

Además, remarcaron que no están "anulando el régimen", sino que, "por el contrario, hemos detectado inconsistencias en la implementación de la Ley que nos han llevado a suspender la reglamentación porque se necesita un replanteo de algunos aspectos para el correcto funcionamiento de la normativa"

"Estamos culminando los estudios que nos permitan determinar si esas reformas se deben hacer mediante un decreto reglamentario o es necesario modificar la Ley. En el cortísimo plazo tendremos el resultado de esa evaluación", indicaron.

El portal IproUp reveló que el borrador que se está analizando en la Casa Rosada para modificar la ley tiene como propósito cortar la "canilla libre" de ventajas impositivas y ajustarlas en base a dos vectores:

- Tamaño. "Hay un criterio de injusticia: le da los mismos beneficios a Mercado Libre que a una startup de tres personas. La vamos a hacer progresiva: que las exenciones se apliquen según el tamaño de la empresa"

- Valor agregado. "A la empresa que produce un commodity, como un ecommerce, no se le pueden dar los mismos beneficios que a una que desarrolla una solución de biotecnología o un software único"

Según publicó Pagina/12 de fuentes del Ministerio de Desarrollo Productivo, “se está trabajando con las cámaras del sector para delinear una reglamentación que detalle de manera más precisa las actividades alcanzadas por la Ley de Promoción de la Economía del Conocimiento y segmente el universo de empresas, favoreciendo en mayor medida a las pequeñas y medianas".

"Coincidimos con el espíritu de la norma, de proteger una actividad sustentable, que puede realizarse desde cualquier parte del mundo con personal altamente capacitado. Pero nos encontramos con una reglamentación muy vaga, lo que puede dar lugar a equívocos (en la inscripción)", explicaron al diario.

El diario Perfil cita también fuentes ministeriales que aseguran que coinciden en que "la ley, filosóficamente es muy buena, ya que es un sector que puede generar empleo en todo el país", pero advirtieron que "más allá de que de estamos a favor, creemos que es necesario delimitar algunas cuestiones que están difusas: cuáles son las empresas que deben acceder a los beneficios, qué tamaño deben tener las mismas".

La demora en presentar las modificaciones también preocupa al sector: "Hay mucha preocupación. Se deja sin efecto la reglamentación, pero no se dice cuándo estará la nueva. Muchas firmas creían que entraban en el registro e iban acceder al beneficio de $17.000 de mínimo no imponible por empleado de contribuciones patronales. Pero con la Ley de Solidaridad pasó a $7.000. Esperaban a tener ese bono y ahora no lo tendrán", señaló a iProUP Sebastián M. Domínguez, del estudio SDC Asesores Tributarios.

"Como las empresas no se pueden inscribir, no se sabe cuándo van a tener la reducción de la alícuota de Ganancias del 15%, el certificado de no retención de IVA y el descuento por el crédito de impuestos análogos retenidos en el exterior", agregó.

Por otro lado, en Córdoba, el diputado nacional Mario Negri le reclamó al gobernador Juan Schiaretti que defienda a la provincia de Córdoba de la suspensión de la Ley de Economía del Conocimiento.

Para Negri, “la suspensión de la Ley de Economía del Conocimiento afecta a más de 500 empresas que en Córdoba generan una gran cantidad de empleos de calidad y de recursos económicos”. El presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados de la Nación sostuvo que “es urgente una acción concreta por parte del gobierno para defender a la provincia frente a esta decisión”.

“El gobierno nacional suspende una ley votada por unanimidad. Logrará que empresas abandonen el país, alejará inversores por la falta de seguridad jurídica y afecta un sector que exporta y genera empleo de calidad. Gesto contradictorio y atraso”, advirtió.