Avanzada contra el Procurador expone debilidad de CFK para designar a Rafecas

Se trataría de un recurso que tendría como fin la expulsión del jefe de los fiscales de su cargo mediante un juicio político. La movida desnuda una debilidad que apunta directamente a la vicepresidente Cristina Fernández: como presidente del Senado no está consiguiendo la mayoría especial para aprobar el pliego del candidato oficial, Daniel Rafecas. 

Se sabe: la negociación no es una virtud de CFK. 

El Frente de Todos y sus aliados conforman una mayoría para aprobar cualquier proyecto, a excepción de los que requiere el voto 2/3 de los senadores. Para ello necesitan sí o sí de Juntos por el Cambio, que no prestaría su acuerdo para la designación de Rafecas como procurador general, cargo que está vacante desde la renuncia de Alejandra Gils Carbó y el infructuoso intento del macris de nombrar a Inés Weinberg de Roca. 

Segun informó la agencia Télam, en la reunión de la bicameral que se celebró el jueves, la comisión convocará en las próximas semanas a una audiencia a organizaciones civiles que solicitaron que se le inicie juicio político al actual jefe de los fiscales. 

A través de varias misivas enviadas al presidente de la Comisión, el senador oficialista Martín Doñate, los solicitantes consideran que el funcionario, quien se encuentra en ese cargo de manera provisoria hasta que el Senado de la Nación decida sobre el titular, habría incumplido con sus deberes de funcionario público y cometido abuso de poder.

La convocatoria fue respaldada por los diputados y los senadores del Frente de Todos que integran la Bicameral, en tanto que sus pares de Juntos por el Cambio votaron en contra, según la agencia oficial de noticias. 

El oficialismo, además, impulsó el envío de una serie de pedidos de informes a Casal propuestos por algunos de sus integrantes, como la diputada Vanesa Siley y las senadoras Ana Almirón y María Sacnun, vinculadas con las actuaciones del procurador interino.

De acuerdo a lanación.com, la senadora Almirón (Corrientes) solicitó que la comisión le requiriera al procurador adjunto un informe sobre la política de nombramientos de fiscales y los criterios que utilizó para cubrir esas vacantes.

Por su parte, la senadora Sacnun (Santa Fe) apuntó su pedido de informes al manejo presupuestario del Ministerio Público Fiscal desde que lo encabeza Casal. La legisladora no solo reclamó que el organismo sea sometido a una revisión de sus cuentas por la Auditoría General de la Nación (AGN) sino que deslizó sus sospechas sobre el aumento de gastos de la Procuración.

La ofensiva kirchnerista sobre Casal la completó la moción de la diputada Siley (Buenos Aires) para que Casal informe a la bicameral la nómina de fiscales sometidos a procesos disciplinarios durante su gestión. Para la legisladora, el procurador adjunto ha mostrado inconsistencias la hora de iniciar procesos disciplinarios sobre sus subordinados, en unos casos pidiendo el enjuiciamiento y en otros sólo iniciando sumarios.

Todos los pedidos fueron aprobados con un plazo perentorio de 10 días para ser respondidos por el procurador adjunto.

Como punta de lanza del avance oficialista sobre del procurador se encuentra el caso del fiscal Carlos Stornelli, quien instruye la causa de los cuadernos, pero que también quedó imputado en una causa por supuesto espionaje ilegal. Stornelli se negó en reiteradas ocasiones a comparecer ante el juez Alejo Ramos Padilla. El oficialismo le reprocha al procurador interino la demora en iniciar un proceso contra el fiscal.