Llevar la edad del jubilación a 65/70 años que impulsa la reforma previsional de Milei y el FMI no resuelve la renuencia empresaria a dar empleo desde los 50.
Las jubilaciones y el empleo se verán afectados en los próximos 10 años. Los adultos mayores ocupan cada vez más un mayor porcentaje de la población, en un contexto dinámico de cambio en los empleos por la incorporación de IA.
IG
Extender la jubilación a los 65 años para la mujer y 70 para el hombre, como propone la reforma previsional que impulsa el Gobierno de Milei de común acuerdo con el FMI, no tiene en cuenta la reticencia empresarial a que la edad del empleo supere los 50 años.
Pero al mismo tiempo la cuestión no pasa por a qué edad las personas deberían jubilarse, sino por cómo diseñar una sociedad preparada para que quienes quieran y necesiten seguir trabajando puedan hacerlo en condiciones dignas, productivas y sostenibles.
Poner como eje de la política que se aspira a diseñar el desequilibrio fiscal peca de omitir la realidad que deparó a las sociedades modernas la llamada nueva longevidad.
La longevidad es uno de los mayores logros de la humanidad, pero se insiste en intentar administrarla con estructuras concebidas para otro tiempo.
La conversación postergada sería justamente la más urgente: no se circunscribe a cómo reformar un sistema jubilatorio, sino cómo construir un sistema de longevidad capaz de responder a las realidades del siglo XXI.
Si cuando se creó el sistema la gente vivía menos años que hoy, empezaba con una etapa de educación más corta que la actual, una larga vida laboral y una sobrevida con la jubilación promedio muy inferior a la de estos días, en esta instancia de cambio millones de personas llegan a los 60 o 65 años con décadas de vida por delante.
En muchos casos gozan de buena salud, tienen capacidad para seguir trabajando y desean continuar participando activamente en la economía y en la sociedad, pero una de las consecuencias limitantes para asegurar esa continuidad provienen del propio mercado laboral, donde se enfrentan barreras para actualizar habilidades por motivos de edad y se continúa expulsando talento debido a la discriminación.
De este modo, la pregunta no debería quedarse en únicamente cómo se hará para financiar más años de jubilación, sino abarcar cómo hacer para construir sociedades preparadas para vidas más largas.
Se siguen utilizando instituciones del siglo pasado para administrar vidas propias del siglo XXI.
Actualmente, casi un millón de jubilados trabajan en el país; cerca de 433.000 lo hacen de forma registrada y se estiman más de 600.000 en la informalidad.
La gran mayoría retoma o continúa una actividad laboral debido a la necesidad económica, la pérdida de poder adquisitivo de los haberes mínimos y el sobreendeudamiento.
Miles de adultos mayores se suman mes a mes a changas, ventas o empleos informales para complementar sus ingresos.
Por eso, la conversación pendiente va mucho más allá de las jubilaciones. Implica hablar de educación financiera y ahorro de largo plazo.
Implica diseñar sistemas que ayuden a las personas a prepararse para trayectorias laborales más extensas y menos lineales.
Asimismo, promover el aprendizaje continuo y combatir el edadismo en las organizaciones.
También implica reconocer que las mujeres enfrentan desafíos particulares, ya que suelen vivir más años, interrumpen con mayor frecuencia sus carreras laborales para asumir tareas de cuidado y, en consecuencia, muchas veces llegan a la vejez con menor acumulación de recursos.
El 15 de septiembre, en The Shift Forum, speakers internacionales como Annie Coleman, embajadora global del Stanford Center on Longevity, y referentes como Rafael Rofman reflexionarán para ayudar a las organizaciones a incorporar los datos demográficos a las decisiones estratégicas y generar entornos que permitan trabajar durante más tiempo de manera saludable y productiva.
El Gobierno comprometió ante el FMI que en diciembre de 2026 presentará un diagnóstico y un reporte de la revisión integral del sistema de pensiones con el objetivo de mejorar la equidad y la sostenibilidad del sistema.
Ya sancionada la reforma laboral, tocará avanzar con la reforma previsional.
El recorte a las jubilaciones y el cambio de fórmula explicaron el 19% del ajuste del gasto, acompañado por la pérdida de poder adquisitivo de los haberes y del bono, de acuerdo con el Centro de Economía Política (CEPA).
Hacia junio, relevaron que las jubilaciones registraron una caída del 12,3% respecto del mismo mes de 2023.
Fue por ello que tuvo sobre el recorte del gasto y por el compromiso de un superávit de 1,6% para este año que el Gobierno vetó el aumento fijo del 7%, el ajuste del bono y la reedición de la moratoria previsional.
El sistema actual deberá simplificar cerca de 200 regímenes de excepción distintos. Todos con haberes superiores a los del régimen general.
Cada uno tiene distintas reglas, como años de aporte, edad mínima para jubilarse y el monto de la jubilación.
Esta diferencia no solo encarece al sistema, explicó, sino que además dificulta la discusión pública sobre una reforma, ya que alimenta la percepción de injusticia del sistema.
Todo el gasto previsional asciende a 10 puntos del PBI, la mitad corresponde a los regímenes de excepción, que como tales sumados ya son regla, puesto que nuclean al 40% de los beneficiarios del sistema previsional.
El régimen previsional por definirse deberá contemplar un cambio demográfico en ciernes, que alterará el equilibrio fiscal buscado e irá hacia otra reforma.
Según estimaciones del CIPPEC, la población argentina estará estancada en niveles similares a los actuales hasta 2050 y luego comenzará a decrecer.
E inclusive para 2080, las proyecciones indican que el país tendrá menos habitantes que hoy.
Pero el primer escollo está a la vista: hasta 2040 los nacimientos continuarán en franca disminución, lo cual se reflejará en una menor presión en las escuelas y por ende, menos gasto por niño, lo cual genera la oportunidad de aumentar la inversión por alumno y subir la productividad, de acuerdo con el análisis prospectivo que realiza el economista Damián Di Pace.
Si bien sectores “infantiles” se contraen, se libera capacidad fiscal y laboral, adujo.
Saca la conclusión de que, en el futuro, cuando se revierta el bono demográfico, disminuirán los trabajadores activos y aumentarán los jubilados, con lo cual la tasa de dependencia se disparará.
Deduce que el sistema previsional (ya tensionado) podría pasar de 10% a 20% del PBI, si no se reforma, lo que significa mayor gasto en salud y cuidados.
Concluye el panorama con que el PIB total será más difícil de crecer: hará falta mucha más productividad, tecnología/IA o inmigración para compensar.
