El escándalo de la “planera viral” Mariana Alfonzo de 34 años, ex beneficiaria de Potenciar Trabajo, quién había compartido un vídeo en el que llamaba “giles” a los trabajadores, y a quién el gobierno finalmente le quitó Potenciar Trabajo por la falta de cumplimiento de la contraprestación, tras sus polémicas declaraciones, fue solo el primer síntoma del corrupto e inepto sistema en la gestión de los planes sociales en Argentina.
CRISIS
Planes sociales: Escándalos, impotencia política vs batalla cultural
Los sucesivos escándalos por los planes sociales durante 2022 expusieron un siniestro manejo, una clase política impotente y la importancia de enfrentar al estado oneroso.
01 de enero de 2023 - 10:52
El problema es estructural, en la Argentina, la dirigencia política no se atreve abandonar el viejo sistema y desplegar una batalla cultural.
Otro descaro en Neuquén a fines de noviembre respecto a los planes lo desenmascaró. Tal como contó Urgente24, en aquella provincia se conoció un verdadero escándalo que obligó a la renuncia y a la imputación del ministro de Desarrollo Social provincial, Abel di Luca. En medio de una investigación por supuesta corrupción millonaria a través del cobro de planes sociales, comenzaron a auditar los programas que implementó la provincia para corroborar con exactitud quiénes son los que cobran los beneficios monetarios.
De acuerdo al diario Río Negro, el ex titular de la cartera se encuentra comprometido por la investigación que intenta determinar compromisos en la extracción de dinero del Banco Provincial de Neuquén (BPN) con tarjetas de débito a nombre de otras personas y con recursos destinados a planes. A raíz de esto el martes 29 de noviembre se formularon cargos a 21 personas involucradas en las estafas, bajo la figura de asociación ilícita, según confirmó a AM 550 y el canal 24/7 Noticias, el fiscal Jefe Pablo Vignaroli.
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En ese contexto, de acuerdo al mismo diario rionegrino, “el exdirector de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo de Neuquén, Ricardo Soiza, quedó imputado como jefe de una asociación ilícita que se dedicó a estafar a la administración pública en por lo menos 63 millones de pesos, y al menos entre enero y julio de este año”. Supuestamente, lo hizo, entre otros métodos, mediante 4.335 extracciones con tarjetas de débito de cuentas con dinero que les correspondía a desocupados que recibían un subsidio.
Los numerosos escándalos vinculados a los planes sociales que caracterizaron este 2022 expusieron un siniestro manejo, una clase política impotente y la importancia de dar batalla cultural contra el estado absurdamente oneroso.
Problemática de los planes sociales
El caso de Mariana Alfonzo encarna la desvirtuación y el exceso de las ayudas sociales de parte del Estado; el de Neuquén el aprovechamiento de la clase política ante la falta de control en la gestión de aquellos. Situación que expone el acostumbramiento latente en la sociedad argentina: la idea de que se necesita un estado protector en todo ámbito del individuo. El problema es estructural, en la Argentina, la dirigencia política no se atreve abandonar el viejo sistema y desplegar una batalla cultural. El debate trasciende la política es netamente educativa.
La única manera probada para poder paliar la indigencia y la pobreza es construir las condiciones esenciales para impulsar la actividad laboral y el empleo privado registrado. Pero en las mayores fuerzas políticas del país FdT y JxC abundan las promesas, las peleas y las grietas pero escasean sus actos y respuestas.
La experiencia y los datos han demostrado que hasta ahora ningún gobierno pudo resolver el problema de la pobreza con planes sociales. Menos el actual de Alberto Fernández que en el 2021, gastó más de 7 billones de pesos en planes, según datos públicos del Ministerio de Economía Nacional.
Si bien el gobierno asignó menos partidas y recursos para los planes sociales en el presupuesto 2023, el ministerio de Trabajo, empleo y seguridad social seguirá siendo el organismo que más recursos recibirá: $11.869.770. Servicios sociales contará con un presupuesto de $18,65 billones, 71,7% más que la estimada para el total del corriente año. Además, el Potenciar Trabajo tendrá un 4,9% de aumento, con $584.938 millones previstos.
El gobierno de Mauricio Macri tampoco pudo resolverlo. Prometió durante la campaña presidencial del 2015 "pobreza cero", y aunque en su gobierno se multiplicaron los planes sociales terminó con mayor cantidad de pobres que cuando comenzó. La conclusión es la siguiente: más gasto público, más planes, más pobreza.
Pero otro problema es la compatibilidad entre algunos planes sociales que provoca un monstruoso gasto público. Ante la presión de las organizaciones sociales, el Potenciar Trabajo -el programa más importante de Desarrollo Social- es compaginable con otros como AUH, AUE, Tarjeta Alimentar, Monotributo Social, Trabajadores y trabajadoras de casas particulares, Mi Pieza, Programa Alimentar.
Es que por más planes que se inventen la pobreza sube. Los programas pueden crear un piso para proteger de la pobreza extrema, pero no permiten salir de ella. Su temporalidad podría ser efectiva, su eternidad es perjudicial. Pero a un país, acostumbrado a un estado molesto, le es muy difícil salir de esa cultura de asistencia social politizada.
Además, las organizaciones piqueteras y organismos sociales tampoco contribuyan a paliar el tema, incluso lo acentúan. Crean una cultura de asistencia social politizada. Muchos de ellos intervienen como intermediarios entre el beneficiario y el estado, por lo que se genera un clientelismo político en el que se le obliga al beneficiario a participar en ciertas marchas políticas o afiliarse a diversos partidos para cobrar el plan en lugar de incentivarlo a trabajar. Muchas veces los beneficiarios oficiales nunca llegan a percibir el total del plan, este se pierde en la intermediación de los movimientos sociales.
Ante el avance de la inflación en los productos de la canasta básica alimentaria, que determina la línea de indigencia, la cobertura de la ayuda social pierde su capacidad de asistencia al mismo tiempo que se multiplican los beneficiarios, cuya base de datos se investiga por estas horas en la Justicia.
Esta fue conclusión de Infobae, de acuerdo a su acceso al estudio de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana que calculó desde enero qué porcentaje de la canasta básica de alimentos (CBA) logró afrontar un beneficiario con el cobro de diversos planes,
“Sólo en algunos meses, la sumatoria en el caso de una familia tipo del cobro de dos AUH, el de un plan Potenciar Trabajo y la Tarjeta Alimentar, alcanzó para afrontar el costo total de la canasta de indigencia” , concluyó el economista Rubén Ciani.
Más Irregularidades
Con más de 1.300.000 titulares, está bajo la lupa de la justicia desde que la AFIP detectó más de 250.000 personas que cobrarían de manera irregular por “incompatibilidades”. Entre ellos, había fallecidos, personas con más de dos propiedades y hasta quienes habían comprado dólares. Aparentemente un total de 253.184 habrían declarado Bienes Personales y 33.958 habrían realizado transacciones con dólar Qatar. Las cifras oficiales indican que, desde que asumió, la administración de Alberto Fernández llevó de 597.846 destinatarios del Potenciar Trabajo a 1.350.000.
Tras las investigaciones de la justicia, el 18/12 la AFIP comenzó a citar a titulares del plan, quienes, deberán presentarse en las oficinas del organismo fiscal dentro de los 10 días hábiles para regularizar su situación. La mayoría no realizaban la contraprestación que indica el contrato de Potenciar Trabajo (máximo de 60 horas mensuales, en una Unidad de Gestión en Tareas de cuidados y servicios socio-comunitarios; Reciclado y servicios ambientales; Construcción; Actividades de formación y capacitación profesional o entrenamiento laboral. etc) y otras no cumplían los requisitos para hacerlo.
De todas maneras el gobierno ha demostrado su incapacidad para resolver el problema. No hay que olvidar que, tras los sucesivos escándalos de la “planera influencer”, las discusiones entre el CFK y los movimientos sociales en el manejo de los planes y la necesidad de una ajuste fiscal -lo que consistiría en achicar el gasto público exorbitante del Ministerio de Desarrollo Social Nacional- el gobierno aseguró que duplicaría los controles para determinar si los beneficiarios de los planes y las unidades de gestión que los administran en cada barrio y municipio, cumplen con la "contraprestación" de tareas o capacitación obligatorias previstas en la normativa vigente.
Así las cosas, cada día se conocen nuevas estafas y corrupción de las que, somos damnificados, nosotros, los ciudadanos contribuyentes que pagamos los impuestos. Mientras la clase media percibe la existencia de más tributos y más ridículos que no mejorarán la calidad de vida de nadie.
Tolosa Paz vs Unidad Piquetera 2023
Este año, tal vez, fue el que más marchas y acampes efectuaron las organizaciones sociales oficialistas y piqueteras ante la aceleración de la inflación y la pobreza. Con la salida de Juan Zabaleta y el desembarco de Victoria Tolosa Paz al Ministerio de Desarrollo Social la situación se tensó aún más.
Según pudo saber Guido Carelli Lynch de Clarín, "la funcionaria no está de acuerdo con la idea de desacoplar (ajustar) la suba de los planes sociales de la del salario mínimo, una iniciativa que explicita la ministra de Trabajo Raquel Olmos y que contaría con el aval del ministro de Economía Sergio Massa".
No obstante el problema continúa y los aumentos en los gastos sociales también. Según trascendió, en diciembre los “planeros” de Potenciar Trabajo recibieron un proporcional del 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil ($ 61.953) por lo que los titulares cobraron este mes un total de $30.976,50. Pero ya confirmaron más aumentos. En Marzo el salario mínimo vital y móvil rondará los $ 69.500. El monto que cobran los beneficiarios y beneficiarias del será ese mes de $34.750.
Asimismo, el Gobierno nacional cerró el pago de un nuevo bono de $ 17.375 para marzo 2023 a cobrar en un solo tramo a los beneficiarios y beneficiarias del programa Potenciar Trabajo con la única condición de que hayan revalidado su identidad antes del 6 de enero. Para las fiestas ,el gobierno destinó una suma de $ 13.000 en dos cuotas de $ 6.750 para las personas que forman parte del programa Potenciar Trabajo a pagar antes de Navidad y en la primera semana de enero de 2023.
Tras la reunión de la titular de la cartera y Unidad Piquetera del pasado miércoles, Victoria Tolosa Paz, ratificó que no habrá nuevas “altas” en el programa Potenciar Trabajo y que construirá una agenda en los próximos meses con Unidad Piquetera (UP) enfocada en “darles mucha potencia a las unidades productivas” territoriales y en “actividades comunitarias”.
Por su parte, los piqueteros decidieron poner en stand by movilizaciones y acampes, según precisaron a través de un comunicado oficial ( al menos por una semana). “Esto quiere decir que esperaremos hasta la semana que viene el cumplimiento de los compromisos. Mientras seguimos reclamando el aumento del programa Potenciar Trabajo, su apertura a los que lo necesitan y un Bono de Emergencia para cumplimentar una recomposición de los programas afectados por la inflación”. Veremos si el 2023 comenzará con marchas y movilizaciones o si el gobierno logrará postergarlas. Pero más allá de los controles en la administración de los planes, es necesario un cambio estructural en los valores de la cultura argentina.
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