Ayer (26/8) el vocero presidencial ratificó que el veto a la ley de movilidad jubilatoria será total y desmintió negociaciones con opositores para dejar en pie parte de la norma. Ante la posibilidad de insistencia del Congreso en su sanción, el gobierno amenaza con ir a la Justicia pero siguen los rumores sobre un veto parcial.
LOS PLANES DE MILEI
Movilidad jubilatoria : Veto, contra-veto y judicialización
El Gobierno ratificó el veto total a la movilidad jubilatoria y amenaza con judicializar la insistencia del Congreso. Rumores de veto parcial.
Judicialización de la movilidad jubilatoria
Ante la posibilidad cierta de que el Congreso logre insistir con su sanción a la ley de movilidad jubilatoria anulando el veto de Javier Milei, el Gobierno dejó trascender ahora que no descarta ir a la Justicia para insistir dejar sin efecto la insistencia del parlamento.
Ayer, el vocero Manuel Adorni ratificó el veto total y desmintió negociaciones con bloque dialoguistas en el Congreso para acordar un veto parcial: “Esto atenta contra el plan del Gobierno, contra lo que votaron los argentinos y no es más que pura demagogia populista. El equilibrio fiscal no está en discusión, no se discute. Después, si el camino va a ser judicializarla, porque claramente es ilegal en virtud de que no cumple con la ley de administración financiera, o si se van a recortar otras partidas, todo está en análisis y todo es posible”, dijo en conferencia de prensa.
Antes, Milei había argumentado la razón del veto: “El aumento que deriva de esta ley implica un aumento del costo en términos del PBI de 1.2. Pero no es solamente un aumento que usted tiene un año, es de acá a la eternidad. Para una economía cuya tasa de interés promedio está en el 5%, implica que acaban de subir la deuda 24 puntos del PBI”.
Sin embargo, surgieron rumores de un veto parcial, ya que en el Gobierno hablan también de vetar “casi en su totalidad” la norma. No aclaran qué dejarían en pie del texto que convirtió en ley el Senado.
Veto parcial
En cuanto a la posibilidad de judicializar el rechazo al veto presidencial, en la Casa Rosada argumentarían que lo sancionado por el Congreso no cumple con la normativa vigente sobre “administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional” y apelarían al artículo 38 de la ley 24.156 que establece que toda ley sancionada por el Congreso “que autorice gastos no previstos en el presupuesto general, debe especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”.
Otro escenario, si fracasara la judicialización sería pagar los aumentos en la ley reasignando partidas del Estado con el objetivo de no alterar el equilibrio fiscal. La gran incógnita es qué caja tocaría Milei y a quien perjudicaría.
En cuanto al veto parcial, hay versiones que indican que podría aceptarse solo el enganche de los aumentos al IPC. Otra opción podría ser dejar el beneficio de la movilidad solo para los jubilados que cobran el haber mínimo.
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