Modernizar el Código Penal: pedido recurrente en el Congreso

Una de las propuestas recurrentes y que hay varios proyectos que reposan en el Congreso, tienen que ver con la baja de imputabilidad, un tema polémico del que ningún Gobierno parece querer hacerse cargo, temerosos del costo político que puede conllevar hacer reformas de este tipo. Sin embargo, hay propuestas menos complejas que han presentado algunos legisladores con el fin de que los índices delictivos bajen, aún así, las iniciativas no registran avances.

Mientras la política no actúa sobre este flagelo, las cifras de inseguridad en Argentina son poco alentadoras. Por ejemplo, según un informe presentado en mayo 2022, el 31,9% de los hogares de centros urbanos del país fue víctima de, al menos, un delito en los últimos 12 meses. Además, otro ejemplo palpable es el conurbano bonaerense, donde todas las encuestas señalan que la inseguridad es la principal preocupación de los ciudadanos bonaerenses, y que entre las víctimas de robos, policías y ladrones hay un muerto cada tres días.

Tras esta dura realidad, hay legisladores nacionales que aspiran a cambiarla y han presentado proyectos de ley en el Congreso Nacional para tratar de dismunir los índices de inseguridad e imponer penas más duras a quienes cometan delitos.

Endurecer las penas de robos y hurtos

Uno de los últimos proyectos que se presentó en la Cámara baja se hizo la primera semana de noviembre de la mano del diputado nacional del Frente de Todos, Roberto Mirabella, quien presentó dos proyectos para modificar el Código Penal y endurecer las penas en delitos por hurto y robo simple, contemplados en los artículos 163 y 164.

“Queda muy claro que el código vigente está desactualizado frente a las nuevas modalidades delictivas. Esta nueva tipificación permite incorporar herramientas y modernizar nuestro Código Penal, para adecuarlo a situaciones que en la redacción original no hubo manera de prevenir”, fue el argumento del legislador al presentar su propuesta.

En los hechos, la primera iniciativa propone incorporar la palabra “intimidación” al artículo 164, que aborda los delitos tipificados como robo simple. “Muchas veces, situaciones en las que el delincuente amenaza a la víctima con el uso de violencia sin llegar a ejercerla son catalogadas como hurtos, que poseen penas sustancialmente menores”, explicó al respecto.

Por otro lado, el segundo proyecto propone modificar el inciso 3 del artículo 163, que regula los tipos agravados de hurto. El texto busca aplicar penas de uno a seis años de prisión en los casos en los que el delincuente utilice inhibidores de señales o dispositivos de suplantación o reemplazo de llaves electrónicas, una modalidad muy frecuente que no está contemplada en el Código actual.

Los proyectos de Mirabella:

Cristian Ritondo propuso reformar el Código Penal

Por otro lado, este mes también se presentó en el Congreso un proyecto impulsado por el jefe de la bancada PRO en Diputados, Cristian Ritondo.

Sucede que la oposición considera que la inseguridad es una de las principales demandas en la provincia de Buenos Aires, por ello Ritondo -que aspira a ser gobernador de la Provincia- hizo la presentación de los proyectos de ley, para reformar el Código Penal y el Régimen Penal de Minoridad.

Así las cosas, el proyecto de reforma del Código Penal de la Nación plantea actualizaciones importantes sobre combate del crimen organizado, narcotráfico, terrorismo y también incidentes viables.

Entre los objetivos principales del proyecto de reforma del Código Penal destacan:

• Incorpora la posibilidad del decomiso en forma anticipada de los bienes de los criminales
• Define criterios objetivos para la determinación de las penas, por ejemplo, se establece que la violencia de género es una circunstancia agravante que obliga al juez a imponer una pena dentro del tercio superior de la escala que corresponda para cada delito.
• Los reincidentes y autores de delitos graves como es el narcotráfico, los homicidios agravados, abusos sexuales agravados, secuestro extorsivo agravado, trata de personas, corrupción de menores, terrorismo, entre otros, no podrán contar con el beneficio de la libertad condicional.
• Para fortalecer la prevención y teniendo en cuenta el alto nivel de reincidencia, se incorpora el seguimiento socio-judicial aún después del cumplimiento de la pena para condenados por delitos especialmente graves, como es el homicidio agravado.
• En cuanto al accionar de las fuerzas de seguridad, se incorpora expresamente la exención de responsabilidad cuando un miembro de las fuerzas cause lesiones o muerte en cumplimiento del deber y en uso de su arma reglamentaria. Además, el asesinato de un miembro de las fuerzas de seguridad es un homicidio agravado con prisión perpetua.
• Aumentan las penas para el narcotráfico y se establecen agravantes para el tráfico utilizando a menores, o para cuando se haga en colegios y clubes.
• En cuanto a la lucha contra la corrupción, el proyecto prevé un aumento de las escalas penales para los delitos de corrupción.
• Incorpora delitos para castigar el terrorismo con fuertes penas de prisión para los jefes y organizadores.

“Hemos decidido avanzar en la presentación de este proyecto, presentado durante la gestión del presidente Mauricio Macri. Lamentablemente, este debate fue suspendido desde 2019 porque el oficialismo está más preocupado por una reforma judicial de espaldas a los problemas de la gente que de las reformas necesarias para enfrentar los hechos de inseguridad”, dijo el legislador nacional al presentar su proyecto de ley. Y añadió: “Ante el creciente incremento de delitos violentos, es urgente que el país tenga mejores leyes para hacer frente a un delito creciente y cada vez más complejo”.

El proyecto de Rintodo:

Modificar el Código Penal sobre delitos de usurpación de tierras

Además de los delitos comunes de robo y hurto que asfixian a la sociedad, en el Congreso también pusieron al lupa en el delito de usurpación de tierras, otro problema que se presenta en varios lugares del país, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde la toma de tierras ha crecido exponencialmente.

En ese sentido, en el mes de julio el presidente del interbloque Provincias Unidas y diputado nacional, Luis Di Giacomo, junto a su par rionegrino Agustín Domingo, presentaron un proyecto de ley para reformar los artículos 23 y 181 del Código Penal, con el fin de “fijar penas más duras, celeridad en los procesos de restitución y una solución de fondo a este delito” y tratar de brindar “una solución de fondo y un acompañamiento efectivo a los propietarios de inmuebles afectados por las tomas y usurpaciones”.

“Entendemos la dificultad del acceso a los inmuebles, pero de ninguna manera podemos avalar un delito, sobre todo en casos donde grupos violentos se benefician de manera sistemática y dejan a los propietarios sometidos a desgastantes litigios”, explicó Di Giacomo al presentar la iniciativa.

En detalle, la iniciativa propone la modificación del art. 23 para permitir al Juez la capacidad de disponer el inmediato reintegro de los bienes afectados en los casos donde se presenten posibles demoras. A su vez, en el art. 181 se fijan dos agravantes, como lo es el número de personas partícipes en la usurpación y la alegación injustificada de un ‘derecho tradicional’ para fundamentar su cometido. La pena mínima se establece en 4 años de prisión.

“Claro que existe una necesidad de dar una solución al acceso a tierras, siendo el Estado el que debe garantizarlo. Pero no puede confundirse con la posibilidad de hacerlo de manera ilegal, en violación a la normativa vigente”, fundamentó el presidente del Interbloque Provincias Unidas.

Delitos con réplica de armas de fuego

No solo los legisladores nacionales han presentado propuestas respecto a reformar el Código Penal para bajar los índices delictivos, sino que también llegaron al Congreso Nacional propuestas presentadas por funcionarios ajenos al Parlamento, que preocupados por el crecimiento de la delincuencia quiseron hacer su aporte.

En ese sentido, y debido al aumento de hechos delictivos en el conurbano bonaerense, especialmente en el municipio de Lanús, el jefe de Gabinete y responsable del área de Seguridad del distrito, Diego Kravetz, presentó en la mesa de entrada de la Cámara de Diputados de la Nación -el pasado mes de abril- un proyecto de ley de reforma del Código Penal, donde pide que se modifique el artículo 189 bis y se castigue con prisión efectiva la tenencia ilegal de todo tipo de réplicas que sean utilizadas para cometer robos y aterrorizar a los vecinos en la vía pública.

En la propuesta también solicita la modificación del artículo 277 para que se considere un agravante a la figura de encubrimiento para el sujeto que conduzca un auto robado, cuya pena debe ser de uno a seis años de prisión.

A su vez, el proyecto solicita la modificación del artículo 277 del código penal, exigiendo que se considere un agravante a la figura de encubrimiento para el sujeto que conduzca un auto robado para que en ese caso deba cumplir con una pena de uno a seis años de prisión.

La iniciativa del funcionario, fue redactada en base a estadísticas que indican que aproximadamente el 30% de los delitos cometidos en Lanús se producen mediante el uso de ese tipo de elementos y se estima que lo mismo ocurre en el resto de la Provincia.

Ninguno de los proyectos descritos anteriormente para reformar el Código Penal tuvieron avances en el Congreso Nacional.