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INSÓLITO Y CONTRADICTORIO

Milei / Bullrich: Nuevo Juzgado Federal habilitado pero cerrado en guerra contra el narco

Grave: Javier Milei y Patricia Bullrich prometen mucho y cumplen poco: guerra al narco pero el nuevo Juzgado Federal de Puerto Iguazú sigue cerrado.

El edificio destinado a albergar el nuevo Juzgado Federal de Puerto Iguazú (Provincia de Misiones) permanece cerrado y sin funcionamiento, a pesar de que el Estado Nacional abona su alquiler desde septiembre de 2024. La propiedad, ubicada en Correa Luna 250, fue equipada con mobiliario, cableado e infraestructura tecnológica, pero carece de custodia y personal asignado, lo que genera preocupación por la posible vulneración de bienes públicos en medio de una guerra contra el narco.

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) manifestó su inquietud mediante una nota enviada en marzo al presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, quien también es presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, al menos en la asistencia a su provincia natal, Santa Fe, exhibió un compromiso contra el narcotráfico.

Es de suponer que el compromiso de Rosatti es con todo el territorio argentino, más allá del Litoral....

El documento, firmado por el secretario general del gremio, Julio Piumato, advierte sobre la falta de seguridad en el inmueble y solicita la intervención urgente de las autoridades competentes para resguardar el patrimonio estatal.

Horacio Rosatti
Horacio Rosatti recibió el pedido por la no apertura del Juzgado Federal en Puerto Iguazú.

Horacio Rosatti recibió el pedido por la no apertura del Juzgado Federal en Puerto Iguazú.

Contradicciones

Cabe preguntarse por qué no se ha sumado al reclamo Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación; o el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, considerando que los juzgados federales son esenciales para trabajar contra el narcotráfico, un delito federal cuyo combate el Ejecutivo Nacional se ufana liderar.

Hace 24 horas, el presidente Javier Milei dijo, en un discurso de presentación de los cambios en la Policía Federal Argentina:

"(...) Así pondremos a la Policía Federal Argentina en línea con los estándares del FBI y las principales fuerzas de investigación criminal de los gobiernos del mundo. Y vamos a hacer las inversiones que hagan falta, equipándonos con tecnología de punta, en materia forense; en materia informática y de comunicación. Esto es simple: el Estado no puede tener menos capacidad técnica que los narcos y los terroristas. Hay que estar a la altura del nivel de capital, capacidad organizacional y tecnología que tiene cualquier organización criminal. Cualquier otra cosa es perder el partido, antes de jugarlo. (...)".

En la misma ceremonia inaugural, Bullrich afirmó:

"(...) Va a ser esta nueva PFA, este DFI (Departamento Federal de Investigaciones), quien va a generar las condiciones de todo tipo de investigación, de inteligencia criminal, las funciones que hacen a las pesquisas - como decía recién el Jefe de la Policía Federal Argentina - de las pesquisas, de la investigación profunda, para que ningún narcotraficante, ningún criminal, ningún delincuente pueda caminar por las calles de nuestro país, o entrar por nuestras fronteras, como si nada pasara. (...)".

Es imposible que funcione el DFI si no lo asiste la Justicia Federal, y en Puerto Iguazú el Juzgado Federal está cerrado. ¿Se entiende? ¿Comprenderán Javier Milei y Patricia Bullrich cuáles son las normas, los procedimientos y la organización del Estado?

El anuncio a la prensa funcionó pero ¿y después?

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Plan Guacurarí

En ese contexto, desde la UEJN señalaron que la reciente activación del Plan Guacurarí — una iniciativa del Ministerio de Seguridad para reforzar el control fronterizo en Misiones— incrementará notablemente la carga de trabajo judicial en la región.

“El plan anunciado por el Gobierno va a generar una sobrecarga en la jurisdicción, atento a la realidad de frontera y la complejidad de causas que se generan”, indicaron.

Según informó el diario digital Misiones Online, el Plan Guacurarí tiene como objetivo reforzar la presencia de fuerzas federales en zonas críticas de la frontera con Brasil, coordinando operativos contra delitos transnacionales como el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando.

Si bien en las últimas semanas se realizaron tareas de pintura exterior y se colocó cartelería institucional en el edificio, el juzgado aún no ha sido habilitado oficialmente ni se encuentra operativo. Desde el gremio insisten en que la demora compromete el acceso a la justicia en un punto estratégico del país, especialmente ante la creciente demanda judicial que se prevé a partir de la ejecución del plan de seguridad.

“La comunidad de Iguazú continúa a la espera de respuestas concretas. La habilitación del juzgado es una necesidad urgente para el fortalecimiento institucional en una zona clave del territorio nacional”, concluyeron desde la UEJN.