Mano dura: Proponen prisión perpetua para quien dispare contra las fuerzas de seguridad

Los ataques a efectivos policiales se han vuelto cada vez más frecuentes, y el caso más reciente que captó la atención pública ocurrió el pasado 1 de junio. Ese día, un agente de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires fue asesinado tras enfrentarse con dos presuntos delincuentes que habrían intentado asaltarlo en el partido bonaerense de José C. Paz.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 2.30 de la madrugada, en la intersección de las calles Andrés Blanqui y Carmen Puch, en el barrio Nuestra Señora de Caacué. Según el parte oficial, la víctima fue identificada como Maximiliano Leguizamón, de 21 años, quien estaba de civil y fuera de servicio. Pertenecía a la División Táctica de Pacificación III de la Policía porteña. En el momento del ataque, caminaba hacia un kiosco acompañado por tres personas allegadas, cuando fue abordado por un hombre armado que se movilizaba en bicicleta, en lo que se presume fue un intento de robo.

Prisión perpetua y mano dura a los atacantes

En ese contexto, el diputado nacional Gabriel Chumpitaz presentó un proyecto de ley que propone imponer prisión perpetua a toda persona que dispare un arma de fuego contra integrantes de las fuerzas de seguridad o penitenciarias —federales o provinciales—, incluso cuando el hecho no derive en lesiones ni en muerte.

El proyecto, titulado “Prisión perpetua a quienes disparen contra fuerzas de seguridad”, busca modificar el Código Penal mediante la incorporación de un nuevo artículo, el 79 bis. El mismo establece que “será reprimido con prisión perpetua quien dispare con arma de fuego contra personal de las fuerzas de seguridad federales o provinciales, fuerzas armadas o del servicio penitenciario, en ejercicio de sus funciones o por causa de ellas, aun cuando el hecho no ocasione la muerte o lesiones”.

Un delito autónomo y sin necesidad de daño físico

En ese sentido, el proyecto introduce una figura penal autónoma que no requiere que el agente haya resultado herido o asesinado para aplicar la pena máxima.

“Bastará la acreditación del acto de disparo con dirección al efectivo”, indica el artículo 3º.

Esta redacción implica un endurecimiento considerable del castigo frente a este tipo de hechos, con independencia de otras calificaciones penales que pudieran corresponder.

La iniciativa considera como fuerzas de seguridad no solo a los cuerpos federales como la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura o la Policía de Seguridad Aeroportuaria, sino también a todas las policías y servicios penitenciarios provinciales.

Proteger a las fuerzas de seguridad

En los fundamentos del proyecto, Chumpitaz advierte sobre un “alarmante aumento de la violencia contra el personal de seguridad”, que, según argumenta, no solo implica un riesgo para los individuos, sino que constituye un “ataque directo al Estado y a la paz social”.

El legislador cuestiona lo que describe como una “erosión de la legitimidad de la autoridad policial” y apunta contra sectores políticos, en particular el kirchnerismo y la izquierda, por promover un “discurso que demoniza a las fuerzas de seguridad”.

Según su visión, esa narrativa habría alimentado un clima de impunidad que justifica una respuesta legal más severa.

Comparaciones internacionales

El proyecto también incluye referencias a normativas similares en países como Estados Unidos, Francia y España, donde existen figuras penales agravadas cuando se atenta contra fuerzas de seguridad. Chumpitaz cita casos en los que incluso la tentativa de homicidio puede recibir penas equivalentes al asesinato consumado.

En esa línea, el legislador sostiene que su propuesta no es “una sanción simbólica ni demagogia punitiva”, sino una herramienta “concreta y necesaria” frente al avance del crimen organizado y el uso cada vez más frecuente de armas contra las fuerzas del orden.

De avanzar en comisiones, el proyecto abrirá un nuevo frente de debate entre oficialismo y oposición. Mientras desde sectores afines al oficialismo se impulsa una agenda de mano dura y respaldo absoluto a las fuerzas de seguridad, organizaciones de derechos humanos y especialistas en derecho penal podrían advertir sobre los riesgos de vulnerar principios constitucionales como el de proporcionalidad y la presunción de inocencia.

El proyecto completo a continuación:

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