'Lilitos' denunciaron a Karina Milei por coimas y tráfico de influencias

La presentación fue realizada por los legisladores nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro por los supuestos delitos de cohecho (coimas), tráfico de influencias e infringir la ley de Ética Pública. La causa cayó por sorteo en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi y en la fiscalía de Eduardo Taiano, el mismo que instruye el expediente que involucra al Presidente y a los empresarios Hayden Davis y Mauricio Novelli, entre otros.

La hermana presidencial quedó exceptuada de esa investigación. Por ello, los diputados que responden a Elisa Carrió fueron a los tribunales al sospechar que la funcionaria recibió pagos para conectar a los empresarios cripto con el jefe de Estado. La denuncia cita un chat adjudicado a Davis, de Kelsier Ventures y creador de $LIBRA. "Le envío $$$ (en alusión al dinero) a su hermana y él (por Milei) firma lo que diga y hace lo que quiero", decía aquel mensaje. Davis desmiente haberles pagado al Presidente o a Karina Milei.

“En su carácter de Secretaria General de la Presidencia, reforzada por la condición de hermana, Karina Milei maneja la agenda de entrevistas del Presidente. Ya habían existido menciones sobre pago de candidaturas, que fueron solo eso. Coincidentes, pero menciones sin precisiones. Desde el día viernes 14 de febrero por la noche, ocasión en que se conoció la participación del mandatario en la posible defraudación a través de $LIBRA, personas vinculadas, y que han quedado señaladas, han expresado en chats privados -luego difundidos- que la denunciada era la que pedía sobornos. Uno de los que primeros en hacerlo, fue el trader Hayden Davis”, sostiene la denuncia.

Agrega además que en la denuncia que se hizo en USA por el mismo caso, la secretaria general de la Presidencia "está acusada de ser quien coordinó las reuniones entre el Presidente y los promotores de la polémica cripto”.

Menciona que el empresario Diógenes Casares "ratificó que un alto funcionario recibió dinero para que el Presidente difundiera $LIBRA". "Aquí, el nombrado, por segunda vez, señala sobre el conocimiento del pago de dinero, a un integrante del Gabinete nacional, a cambio que Javier Milei hiciera el posteo en X publicitando la criptomoneda. Volvió reiterar haber visto los chats en los que Hayden Davis aseguró haberle pagado a Karina Milei”, recuerda el escrito.

“Más allá del escándalo de las criptomonedas y la participación presidencial y de su entorno, también personas ajenas a esto expusieron públicamente sus experiencias personales, sobre el rol de posible ‘cajera’ de la Secretaria General”, explica la denuncia de los diputados de la CC.

Citan el caso del orfebre Juan Carlos Pallarrolls, quien dijo en una entrevista que la hermana del Presidente le pidió un depósito de US$2.000 para tener una audiencia con Milei previa a su asunción. Pallarolls fue quien históricamente fabricaba los bastones presidenciales, tradición que se rompió con Milei.

“Tantas referencias en el mismo sentido resultan aptas para que se provea una investigación al respecto porque, de ser así, la nombrada estaría aprovechándose en beneficio propio y/o familiar, de su ubicación en la función pública, comercializando el cargo de su hermano”, añade.

Por otro lado, toman como elemento de sospecha las declaraciones de la periodista Cristina Pérez, quien afirmó en base a fuentes que "hay gente en el entorno del gobierno que ofrece o pide dinero para acercar empresarios al Presidente".

"Naturalmente si la agenda presidencial solo y exclusivamente la maneja la Secretaria General, los lobbies en el “entorno presidencial”, solo pueden concretarse a través de esas entrevistas que habilita”, consigna la denuncia.

Respecto al Criptogate, la denuncia afirma que "se puede suponer" que la secretaria general de la Presidencia "le dio reiteradas entradas a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos" a los implicados en el caso y que ese ingreso "haya sido tarifado de uno u otro modo".

“Si las entrevistas y encuentros presidenciales para el destino que fuera, pasaban sólo por las manos de la denunciada, tendrá que ser materia de indagación el recorrido de esa recaudación. Esto puede conducir a la familia Milei, aunque no debería descartarse la investigación de la ‘Fundación Faro Argentino’, cuya dirección se encuentra en cabeza de Agustín Laje, persona que integra ese ‘entorno’ presidencial. Se trata de una fundación que funciona en el adoctrinamiento y apoyo a la gestión del Presidente de la Nación”, manifiesta el escrito de los legisladores.

“La Ley 25.188, de Ética en el ejercicio de la función pública resulta contundente. En su artículo 2 inciso ‘C’ establece que los funcionarios públicos ‘deberán velar en todos sus actos por los intereses del Estado orientados a la satisfacción del bienestar general, privilegiando de esa manera, el interés público, por sobre el particular’”, sostienen Frade y Ferraro.

“El inciso ‘D’ exige ‘no recibir ningún beneficio personal indebido, vinculado a la realización, retardo u omisión de un acto inherente a sus funciones, ni imponer condiciones especiales que deriven de ello’", gregan.

“En su Capítulo IX, se introducen las reformas al Código Penal. El artículo 31 modifica el artículo 256 del Código Penal, que reza: “Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que por si o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones”, conculye la denuncia presentada por los 'lilitos'.

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