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$LIBRA: Con los argumentos de Mahiques, Novelli pide la nulidad del peritaje a su celular

La defensa del implicado hizo un planteó que coincide con lo expuesto por el ministro de Justicia respecto de la "cadena de custodia" de sus dispositivos.

Mauricio Novelli, uno de los sospechados de la causa $ LIBRA, solicitó al juez Marcelo Martínez de Giorgi la nulidad del peritaje realizado sobre su teléfono celular y del que resultó información que complicó la situación de Javier Milei en el caso por la estafa con el criptoactivo.

La defensa de Novelli, conocido del Presidente de varios años antes de que estalle el escándalo, planteó que hubo un acceso indebido y filtración de datos por parte de funcionarios de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) , lo que comprometería la integridad de la cadena de custodia.

Esa sospecha la había deslizado en una entrevista el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, cuando intentó deslindar al Presidente de cualquier responsabilidad. Entonces, se acusó al funcionario de actuar como "abogado defensor" de Milei.

"Si alguien se metió, accedió a esa información, la mandó a otra parte y la divulgaron se metió en un expediente que no debería haberse metido. Puede que si pasó esto no se haya cuidado la cadena de custodia. Si la cadena de custodia no se cuidó, puede que alguien haya adulterado ese archivo", dijo Mahiques luego de que se conocieran conversaciones entre Milei y Novelli en los minutos previos al lanzamiento de $LIBRA y en momentos posteriores.

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Del peritaje resultó además el hallazgo de un borrado del acuerdo confidencial que el Presidente habría firmado con el creador del token, Hayden Davis, para el asesoramiento en tecnología blockchain. Novelli es señalado como el nexo entre Milei y Davis, con quien se encontraba en

Según se informó, la defensa de Novelli acusa al informe de la DATIP de estar afectado por “una pluralidad de vicios graves” que comprometen su validez.

De acuerdo a ámbito.com, el abogado de Novelli, Daniel Rubinovich, sostuvo que la actividad pericial “no reúne la mínima fiabilidad constitucionalmente exigible para permanecer en el proceso” y denunció irregularidades en la cadena de custodia, accesos indebidos al material y la inclusión de información ajena a los parámetros fijados.

Según el escrito, se detectaron “accesos indebidos, visualizaciones no justificadas y copias locales” de documentación vinculada al peritaje por parte de personal de la propia dependencia . Para la defensa, esa situación implica un quiebre en la cadena de custodia que “impide asegurar la integridad, autenticidad y trazabilidad del material”.

El planteo también cuestiona el alcance del análisis realizado. Sostiene que el relevamiento “desbordó los parámetros de búsqueda fijados”, incorporando información que no había sido autorizada y afectando la intimidad del imputado y de terceros.

En ese sentido, advierte que se incluyeron conversaciones privadas, material irrelevante para la investigación e incluso comunicaciones protegidas por el secreto profesional.

“La diligencia dejó de ser un acto de investigación para convertirse en una exploración general de la vida de la persona”, afirma el escrito citado por el portal de noticias.

Otro de los ejes del pedido apunta a una resolución interna que, según la defensa, confirmó accesos indebidos al material peritado. Allí se constató que una agente sin vinculación funcional con el caso accedió a archivos, los copió y los almacenó localmente. Para el abogado, ese dato “demuestra que el circuito de custodia tampoco permaneció indemne” .

En base a estas irregularidades, la defensa pidió la exclusión inmediata del informe y sus anexos, la reserva del material cuestionado y la realización de una auditoría independiente. Además, solicitó suspender el trámite de la causa en todo lo que dependa de esa prueba hasta que se resuelva la incidencia.

De manera subsidiaria, planteó que, si no se declara la nulidad total, se invaliden todos los segmentos que excedan los parámetros fijados o estén alcanzados por el secreto profesional.

“El material aparece sobrecargado con información ajena al perímetro autorizado y su fiabilidad está en discusión”, sostiene la presentación . Y concluye que, en estas condiciones, mantener la prueba en el expediente “vulnera el debido proceso y el derecho de defensa”.

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