La política busca frenar el tráfico y consumo de drogas

La semana pasada, Marina Charpentier, participó de una jornada de reflexión y debate en Senado Nacional y solicitó una reforma en la Ley de Salud Mental, una normativa que es reiteradamente cuestionada por víctimas y expertos, pero que la política ha decidido no escuchar.

“Estoy acá porque soy la mamá de alguien que está enfermo con la enfermedad de la adicción. Y creo que es un privilegio que yo pueda tener esta voz hoy y voy a hablar en nombre de tantas mamás que me escriben, me piden por favor, me imploran que hable por ellas”, dijo la mamá de Chano en su exposición, y a su vez, contó que hace 20 años que su hijo es adicto, y desde todos esos años que no puede dormir con el teléfono apagado, porque no sabe que va a pasar con su hijo al día siguiente. “No quiero estar en el velorio de mi hijo”, manifestó entre lágrimas Marina Charpentier.

El crudo testimonio parece haber alertado a algunos representantes de la política, y en la última semana ingresaron al Congreso Nacional dos proyectos de ley referido a las drogas:

1. El primero, busca aumentar las penas por producción y tráfico de drogas.

2. Y el segundo, busca prevenir y atender los casos de adicción a las drogas.

Proyecto 1:

El primero de junio ingresó al Congreso Nacional un proyecto de ley que impulsan varios diputados de Juntos por el Cambio. Si bien su impulsor es el legislador Gerardo Milman, la iniciativa también lleva las firmas de Graciela Ocaña, Pablo Torello, Karina Bachey, Hector Stefani y Alberto Asseff.

En concreto, el proyecto de ley de la oposición busca endurecer las penas de fabricación, venta, tráfico y suministro de la pasta base de cocaína, opioides, drogas de tipo anfetamínico, sustancias alucinógenas y sustancias que puedan derivarse. A su vez, incluye una modificación a la solicitud de intervención médica urgente por parte de la Justicia.

Entre sus argumentos, el proyecto explica que el consumo de drogas “Afecta la integridad psicofísica y la vida de los consumidores, siendo que quien trafica con estas sustancias está también lesionando la vida de los compradores al ser conscientes del peligro de muerte o gravísimo deterioro de la salud que su consumo implica”.

“Sustancias del grupo NBOme se comercializaban hasta el momento simulando la apariencia extrínseca del LSD, mientras que la metilona y la butilona se vendían simulando el aspecto del éxtasis, ya que resultaban más económicas, justamente porque no se encontraban fiscalizadas. Entre las sustancias recientemente incluidas se destacan algunas catinonas sintéticas, cannabinoides sintéticos, fenetilaminas y triptaminas. Sin bien entre las incorporadas predominan las sustancias de tipo sintético, no todas pertenecen a ese conjunto ya que se sumaron algunas de origen natural”, agrega otro fragmento del proyecto de ley.

A su vez, la iniciativa explica que “si la persona que esta imputado o procesado judicial tuviera dependencia psíquica o física por el consumo de estupefacientes, el magistrado competente tendrá la atribución de requerir la intervención urgente de un establecimiento sanitario especialista en la materia, si hay riesgo de vida para la persona imputada o procesada o riesgo para terceros”.

Sobre el aumento de penas por producción de drogas, el proyecto de JxC establece en su artículo 1:

“En los casos que el estupefaciente utilizado para la realización de cualesquiera de las conductas descriptas en los incisos a), b) y c), sean pasta base de cocaína, opioides, drogas de tipo anfetamínico, sustancias alucinógenas y sustancias que puedan derivarse de las mencionadas anteriormente, se aplicara prisión de seis (6) a dieciocho años (18)”.

“Cuando esta sustancia hubiere sido utilizada para la realización de la conducta a título gratuito descripta en el inciso e) se aplicara prisión de cuatro (4) a quince años (15) años. Cuando la entrega, suministro o facilitación fuere ocasional y a título gratuito y por escasa cantidad y demás circunstancias, sugiere inequívocamente que es para uso personal de quien lo recepta, la pena será de un (1) año a cuatro (4) de prisión”.

Proyecto 2:

El segundo proyecto que ingresó en los últimos días en el Congreso de la Nación se trata de una iniciativa de los diputados nacionales de Juntos Somos Río Negro, encabezado por Luis Di Giácomo y Agustín Domingo, quienes presentaron el proyecto de ley para la "Prevención y Atención de la Dependencia Con y De Drogas".

"Esto es sólo el comienzo de un debate que pretendemos que pueda permitir aportes, críticas, correcciones y agregados que la mejoren y conviertan en una ley que represente ese reclamo... para mejorar la atención y disminuir el sufrimiento de tantas familias y personas drogadependientes", destacaron los diputados al presentar la iniciativa.

En su artículo 1, el objeto de la ley propone cuatro objetivos, pero en principio busca "establecer un marco jurídico-legislativo para realizar actividades de Prevención Primaria, Secundaria y Terciaria en las personas y comunidades que padecen dependencia con y de drogas legales e ilegales, generadas por la producción, distribución, oferta, venta, publicidad y consumo de las mismas".

En ese sentido, describe cuatro objetivos:

1.Regular todas las competencias y funciones, de las Organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil, para planificar y realizar todas las actividades de prevención referidas a las personas y comunidades que padecen Dependencia con y de Drogas legales e ilegales.

2.Proteger a terceras personas, instituciones, organizaciones y comunidades, de los perjuicios generados por la producción, distribución, oferta, venta, publicidad y consumo de drogas legales e ilegales.

3.Definir y establecer el marco normativo general para el diseño del Plan Nacional de Prevención de la Dependencia con y de Drogas. Considerar este Plan como el instrumento estratégico para la planificación, organización, ejecución y desarrollo de todas las actividades pertinentes para prevenir la Dependencia con y de Drogas, en todo el territorio de la República Argentina.

4.Definir los derechos de las personas afectadas por los problemas generados por la producción, distribución, oferta, venta, publicidad y consumo de drogas legales e ilegales; relacionados con la Dependencia con y de Drogas.

"El presente proyecto de Ley, si bien presenta cuestionamientos a los marcos normativos aplicados hasta la fecha, basados en la evidencia de sus resultados, no pretende un retorno a la legislación previa a la reforma. Más bien promueve un profundo cambio de concepción, sobre la forma de abordar el problema creciente de la epidemia global de las droga dependencias", argumentaron los legisladores nacionales.

Y en ese sentido, añadieron que la norma "no hace más que instalar la problemática e inaugurar el proceso que nos conduzca a saldar la terrible deuda que como sociedad tenemos con el aumento de los factores de protección, especialmente dirigidos a los niños niñas y adolescentes en situación de alta vulnerabilidad social".

Los liberales en el Congreso, adelantados

A pesar de que en la última semana ingresaron proyectos de ley respecto a la fabricación y consumo de drogas, los liberales en el Congreso ya presentaron una propuesta en abril pasado que pide modificar la ley de salud mental.

En ese contexto, la diputada nacional Carolina Píparo (Avanza Libertad – Buenos Aires), acompañada de su compañero de fórmula, José Luis Espert, presentaron un proyecto para modificar la Ley N° 26.657 de Salud Mental que fue sancionada en 2010. Según fundamentan los liberales, dicha ley “se eligió no escuchar a profesionales intervinientes en el ámbito de la salud mental ni a organizaciones dedicadas a la temática, y peor aún, tampoco escucharon a aquellas personas a las que pretendieron contener ni a sus seres cercanos”. En concreto, la iniciativa propone sustituir los artículos 2, 7, 15,16,18,29,38,39 y 40. A su vez, insta modificar los artículos 17,20,21,24,26,30 y el título del capítulo X. Además, agrega el artículo 20 bis y 40 bis. En tanto, solicita la derogación de los artículos 4,23, 25, 27 y 28.

El proyecto de ley ingresó al Congreso Nacional en abril, plantea en cuatro ejes centrales, uno de los más llamativos: que la internación pueda ser involuntaria. Para Carolina Píparo, "los chicos, adolescentes y adultos bajo problemas psiquiátricos severos podrían ser internados sin internados involuntariamente".

En esa línea, su proyecto propone que si dos psiquiatras o más consideran bajo una serie de trastornos psíquicos detallados en el documento que el paciente debe ser internado, el acto sucederá sin intervención judicial. "Se considera que la internación involuntaria de un paciente con patología psiquiátrica no puede nunca ser asimilada a la privación ilegítima de la libertad, porque no lo es, siempre y cuando la decisión se base en un diagnóstico médico", explica la iniciativa.

Otro de los aspectos que marca como erróneo de la actual ley es que "no abordó la problemática de adicciones de manera correcta en su texto. Se considera que no se puede asimilar el abordaje de dicho diagnóstico con otros padecimientos, por lo que se incorporó un capítulo especial para su tratamiento. No se puede exigir a las personas que padecen consumo problemático de sustancias psicoactivas el ejercicio responsable de la libertad".